El ejercicio de proponer proyectos desde sus comunidades a incluir en el presupuesto 2027 contará con talleres dirigidos a la ciudadanía por parte de Segeplan y Minfin.
Por Pilar Rodríguez
Por primera vez se realizarán talleres para que sociedad civil, pueblos indígenas y actores territoriales se formen en “Planificación y Presupuesto Abierto” para 2027. Es una iniciativa del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).
El objetivo es que los y las vecinas, analicen escenarios futuros, identifiquen riesgos y oportunidades para los próximos años. Y aporten insumos para la planificación y el presupuesto multianual, dijo Hugo García, Subsecretario de Análisis Estratégico para el Desarrollo de Segeplan.
Aunque la estrategia de presupuesto abierto viene desde 2016, por tercer año lo realizan de manera conjunta Minfin y Segeplan. Por medio de redes sociales llamaron a la participación de organizaciones de sociedad civil, ciudadanía organizada, autoridades ancestrales, centros de pensamiento y sector privado.
Lo nuevo en el análisis de propuestas
Además de recibir propuestas ciudadanas, la metodología incorporará una segunda ruta que recoge demandas provenientes de mesas de diálogo, agendas territoriales y otros espacios de consulta. Ambas rutas serán analizadas para su posible incorporación en los instrumentos de planificación y presupuesto.
Esto se presentará a la ciudadanía tras las mesas de diálogo realizadas. La construcción de propuestas se llevará a cabo del 18 de junio al 2 de julio.
Aunque el componente territorial se incorporó en 2026, para 2027 se amplía con la inclusión de compromisos de las agendas territoriales impulsadas por el Ejecutivo. Tendrá, además, una participación más activa de autoridades indígenas ancestrales y pueblos indígenas en el proceso.
La importancia de abrir espacios a la población
“Que realmente se abran espacios de participación a la población para discutir las asignaciones de recursos y las prioridades de gasto”. Erick Coyoy, analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), considera que eso es lo más importante de los ejercicios de presupuesto abierto.
Agrega que deben discutirse no solo los montos de asignaciones financieras, sino los resultados que se espera alcanzar con esos recursos. “En años anteriores esos espacios en Guatemala han sido solo para que los funcionarios presenten necesidades de recursos adicionales, pero no se hace una discusión de lo que se logra con los recursos que se tienen”.
Ximena Aguilar, coordinadora de Incidencia Política de Incidejoven, señala que a partir de su experiencia de acompañar estos procesos, el principal desafío en ejercicios como Planificación y Presupuesto Abierto no es la metodología. “Es la voluntad política para implementar los resultados”.
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Aguilar indica que uno de los principales “cuellos de botella” es la falta de incorporación efectiva de las demandas ciudadanas en la planificación presupuestaria. Aunque existen espacios de diálogo entre autoridades y sociedad civil, las propuestas encuentran como límite que los recursos ya fueron asignados o que la planificación institucional ya está definida, explica.
“Las instituciones cuentan con distintos momentos dentro del ciclo presupuestario para ajustar sus planes y presupuestos, pero en la práctica esos cambios rara vez ocurren”, dice. El reto es abrir canales reales de incidencia para que las necesidades de la población se traduzcan en asignaciones presupuestarias y acciones concretas de gobierno.
El entrampado de la participación: el Congreso
Hay otra limitante de estos espacios: la decisión final sobre el presupuesto es del Congreso. Coyoy asevera que el legislativo solo toma en cuenta sus negociaciones políticas y no las necesidades reales de la población.
“El congreso tampoco cumple con discutir los resultados esperados con las asignaciones de recursos ni con evaluar. El presupuesto de cada año siempre se discute al margen de los resultados con los recursos ejecutados”.
Aguilar, de Incidejoven asegura que la discusión del presupuesto en el Congreso representa una de las principales batallas políticas del país. Sin embargo los obstáculos para incorporar las demandas ciudadanas aparecen mucho antes, desde la etapa de planificación de las instituciones del Ejecutivo.
Señala que el presupuesto es el principal instrumento político del Estado porque refleja las prioridades reales de las instituciones. Además de los retos políticos que enfrenta la aprobación del presupuesto, las barreras previas relacionadas con la voluntad política y la capacidad institucional tienen implicaciones que afectan todo el proceso.
