Tras una década sin inversión pública por perder su concesión en 2007, este caserío de San Andrés, Petén, retoma el control de su territorio con un acuerdo clave.
Por German Carranza
El caserío de San Miguel La Palotada, San Andrés, Petén, tiene más de 70 años de existir en lo que hoy es la Zona de Usos Múltiples de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM).
Tras perder en 2007 la concesión forestal con la que manejaban su territorio, el caserío quedó aislado. Sin proyectos públicos, sin presencia municipal y sin inversión gubernamental.
Sin concesión
La comunidad se fundó en la década de 1950, mucho antes de que el área se declarara parte de la RBM.
En 1994 la comunidad obtuvo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) un contrato de concesión forestal para manejar 7 mil hectáreas de bosque. Sin embargo, la concesión enfrentó dificultades.
“El área era pequeña para ser sostenible y al estar en la entrada de la reserva, invasores llegaban a cazar, talar o meter ganado”, relata Edgar Ortega, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode).
En 2007, la comunidad perdió la concesión que había mantenido por 13 años. El contrato fue cancelado. Desde 2008, quedó excluida por su estatus legal incierto. “Es como que —la comunidad— ya no existiera”, recuerda Ortega.
Incluso pesó sobre sus habitantes una orden de desalojo hasta 2015, tratándolos como ocupantes irregulares del área protegida.
Durante ese aislamiento, muchas familias emigraron temporalmente a poblados vecinos en busca de sustento. “Si hubieran venido dos años atrás, no había estas estructuras, la comunidad estaba abandonada por completo”, relata.
Un pequeño grupo de habitantes se mantuvo en la aldea a la espera de una oportunidad de retomar el manejo de su bosque. En 2012 las autoridades comunitarias iniciaron gestiones para regular su situación, recopilando censos y documentos que probaban la presencia histórica de la población.
Camino a la recuperación
Tras años de negociaciones, la comunidad logró firmar un contrato con el Conap en julio de 2023. No se trata de una concesión forestal tradicional, sino de un contrato para el cumplimiento del pago de daños y perjuicios. La aldea se comprometió a restaurar el bosque.
La población paga con reforestar y vigilar su territorio. El plazo es de cinco años, durante los cuales no pueden aprovechar ni vender madera comercialmente. “Tenemos cinco años para pagar los daños. Luego de eso podemos buscar otra manera de trabajar, otro tipo de contrato”, explicó Ortega.
“Tal vez no es el mejor —contrato—, pero por el momento es lo que tenemos, nos ha favorecido bastante”, reconoce el presidente del Cocode.
Con el contrato, la comunidad recuperó su reconocimiento institucional.
Ahora el Cocode participa de nuevo en el Consejo Municipal de Desarrollo (Comude) de San Andrés. “Dos proyectos están aprobados, un tanque elevado para agua potable y la construcción de un salón comunal”, compartió Ortega.
Se buscó en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y en el portal de Transparencia Presupuestaria, pero no se encontró registro de la planificación y ejecución de las obras.
Juntos por San Miguel
También nació la iniciativa “Juntos por San Miguel”, que aúna organizaciones como la Wildlife Conservation Society, Rainforest Alliance, la Fundación ProPetén, y la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (Acofop), junto al Estado (MAGA, MSPAS, municipalidad).
Hacia la autosuficiencia
El objetivo es que el conocimiento y las capacidades queden en manos de la comunidad para que, con el tiempo, puedan valerse por sí mismos.
“La idea es crear capacidades, para que la comunidad pueda mantenerse”, explica Edgar Ortega, técnico comunitario.
Con este enfoque, los habitantes se preparan como promotores forestales, bomberos comunitarios, viveristas y guías locales. Es el primer paso para que, a largo plazo, sean ellos quienes conduzcan la restauración y el desarrollo de su territorio.
Mujeres al frente del vivero y el comedor comunitario
En la recuperación de San Miguel La Palotada, las mujeres administran el vivero forestal comunitario, un espacio que fue reconstruido en 2022 con apoyo de Acofop y WCS.
“Somos como 20 o 30 mujeres; preparamos la tierra, llenamos las bolsas y otro grupo pone las semillas. Eso hacemos nosotras”, cuenta una de las encargadas.
Además de preparar las plantas, ellas mismas se turnan para el riego diario y participan en las jornadas de reforestación.
El vivero puede producir hasta 30 mil plantas al año, principalmente especies nativas como caoba, cedro, chicozapote y ceiba. Todas se destinan a reforestar áreas degradadas dentro de la unidad de manejo.
En paralelo, el grupo de mujeres se capacita para administrar un comedor comunitario. Frente al vivero se construyó una pequeña cocina con horno, con la idea de convertirla en un restaurante rural que atienda a turistas y trabajadores que viajan hacia el sitio arqueológico El Mirador.
Alternativas productivas para la sostenibilidad
Sin explotación inmediata de madera, la comunidad apuesta a sistemas agroforestales —aguacate, pitahaya, chicozapote— y apicultura, donde seis familias ya tienen colmenas instaladas.
Otra de las propuestas es ofrecer servicios turísticos hacia atractivos cercanos como el biotopo El Zotz o la ruta hacia El Mirador.
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