Funcionarios de la alcaldía aseguran que las compras obedecen a demandas que la población de escasos recursos hizo al alcalde en época de campaña.
Por José Pablo del Águila
La municipalidad de San Agustín Acasaguastlán adquirió entre enero y mayo 102 ataúdes para distribuir a personas en situación de pobreza que eventualmente necesiten uno para un pariente fallecido. El monto total es de Q148 mil 439.
Nery Ortiz, síndico primero de la municipalidad, enfatiza que estas compras no se deben a la llegada de la COVID-19 al municipio, a donde pertenece la aldea El Ixcanal, cercada el 18 de abril luego de detectar casos comunitarios.
Asegura que la adquisición de ataúdes inició en 2012, cuando el actual jefe edil José Manuel Hichos fue electo por primera vez. Se propuso repartir cajas fúnebres a familias que la necesitaran para un pariente fallecido y que no pudieran costearlas. Y para la campaña 2019, Marroquín Hichos se comprometió con los vecinos que esta ayuda continuaría, dijo Ortiz.
Fracciona compra
Los 102 ataúdes se adquirieron en 13 compras de baja cuantía. El principal proveedor beneficiario fue Pedro Reyes, de la Fábrica y Distribuidora El Cordero, quien ganó siete eventos por Q103 mil 075.
Entre 2010 y 2020, Reyes ha sido favorecido en 38 compras de baja cuantía por un total de Q567 mil 025, según Guatecompras. De estas, 29 han sido con San Agustín Acasaguastlán y coinciden con el período en que Marroquín Hichos ha sido alcalde, entre 2012 y 2016 y en 2020. El total, lo adjudicado por esta corporación municipal es de Q505 mil 375.
Erick Coyoy, analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), considera que si la compra de cajas fúnebres era una promesa de campaña, lo adecuado sería que la municipalidad lanzara un concurso y no hiciera compras de baja cuantía en cortos períodos de tiempo.
Esto favorecería la transparencia, ya que en una cotización (obligatoria cuando el monto supera los Q90 mil) participa cualquier empresa interesada en ofrecer el servicio y se le adjudica a la que presente la mejor oferta. En cambio en compras de baja cuantía se elige al proveedor de manera directa.
Gabriela Ayerdi, de Acción Ciudadana, considera que este fraccionamiento podría ser sancionado por la Contraloría General de Cuentas. “La Contraloría debería hacer una auditoría y ahondar en el móvil de estas compras. Las sanciones podrían ser multas administrativas hasta delitos de compras, dependiendo de qué arroje la investigación”, explicó.
Según el artículo 81 de la Ley de Contrataciones del Estado, el fraccionamiento se da cuando una misma unidad ejecutora realiza varias adquisiciones de un mismo bien o servicio con el propósito de evadir una cotización.
Ojoconmipisto intentó contactar al alcalde José Manuel Marroquín, pero no respondió las llamadas ni los mensajes enviados a su celular.
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