De 1991 a la fecha se presentaron más de 10 iniciativas, ninguna ha sido aprobada. Guatemala es uno de dos países de Centroamérica sin una Ley de Aguas para gestionar el recurso.
Por Pilar Rodríguez
El plan de trabajo del Gabinete del Agua, coordinado por el organismo Ejecutivo, se anunciará en marzo de 2025, según la comunicadora de la Vicepresidencia, Eslly Melgarejo. Su objetivo es crear una Ley de Aguas pendiente desde 1991, cuando el presidente Vinicio Cerezo la propuso.
La ministra de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Patricia Orantes, en un diálogo sobre el cuidado del agua con autoridades indígenas, dijo que “el proceso de diseño para iniciar la conversación está casi terminado”.
Esperan que el proceso de socialización de la iniciativa se concrete a lo largo de septiembre de 2025. Guatemala y Panamá son los únicos dos países de Centroamérica sin dicha norma, según el tanque de pensamiento Diestra.
La abundancia de agua es teórica
Según un análisis realizado por el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA), ninguno de los principales ríos del país tiene agua de “buena” calidad. En la comparación de 2021, los resultados de los análisis realizados en años anteriores muestran que el 80 % de los afluentes tienen peor calidad de agua a la obtenida anteriormente.
Pedro Pineda, coordinador del Instituto, y Claudia Gordillo, académica investigadora, recalcan que la supuesta abundancia de agua en Guatemala es solo teórica. Existe una alta disponibilidad de agua por superficie, también alta disponibilidad de agua por persona, pero por debajo de países con escasez como Australia, por ejemplo. La disponibilidad de agua en dicho país ha sido un problema constante por su aridez.
Esta disponibilidad depende de factores como que en el país en algunas regiones llueven 600 milímetros al año y en otras 6 mil milímetros en el mismo tiempo. En los meses de mayo a octubre cae el 80 % de la lluvia.
Tenemos esta nota: Anuncia conversación para crear iniciativa de Ley de Aguas
Además de la calidad del recurso, su disponibilidad en Guatemala se ve afectada por el cambio climático, la deforestación, la sobreexplotación de las aguas subterráneas y la falta de infraestructura.
Intentos anteriores
La Biblioteca Legislativa del Congreso de la República registra como la primera iniciativa de Ley de Aguas la que presentó el expresidente Vinicio Cerezo en 1991. El proyecto 677 nació de la “necesidad de elaborar un Plan Hídrico Nacional dentro de los planes de desarrollo existentes en el país”.
Estos son algunos esfuerzos que le siguieron:
- La iniciativa 993, propuesta en 1992 por Elder Vargas Estrada, exdiputado.
- Iniciativa 1001, propuesta en 1993 por Arturo Amiel Escobarel, exdiputado.
- Proyecto de ley 1621, propuesto por el expresidente Álvaro Arzú en 1996.
- Proyecto de ley 2865, propuesto por el exdiputado Jorge Mario Ríos Muñoz en 2003.
- Iniciativa 3118, propuesta por el exdiputado José Alfredo Cojtí Chiroy en 2005.
- Proyecto de ley 3419, propuesto por la diputada Ana Lucrecia Marroquín Godoy De Palomo en 2006.
- La iniciativa 3702, propuesta en 2007 por Job Ramiro García García, exdiputado.
La única diferencia entre el gobierno actual y los anteriores, asegura el IARNA, es que en la actualidad hay más interés en el tema del agua y del ambiente en general, como la clasificación de desechos sólidos. Algo que no observaron en gobiernos anteriores.
En la práctica, la situación hídrica del país sigue igual que en años anteriores, habría que esperar para ver si lo que se ha comunicado a través del MARN se cumple.
2016, año con más iniciativas
En 2016 se propusieron cuatro iniciativas para crear una Ley de Agua:
- 5067: presentada por el diputado Carlos Napoleon Rojas Alarcón
- 5070: propuesta por la ex diputada Sandra Nineth Morán Reyes
- 5095: presentada por el diputado José Inés Castillo Martínez
- 5161: propuesta por el Organismo Ejecutivo
El año siguiente se presentó la iniciativa 5253 propuesta por el exdiputado José De La Cruz Cutzal Mijango.
Lo que debe incluir
El proyecto de Ley de Agua debe ser una respuesta a un diálogo, dice Marco Morales, doctor en hidrología. En esta charla deben quedar establecidas cuáles van a ser las prioridades y temas a abordar.
Existen leyes que tratan temas ambientales y forestales, además de tomar en cuenta áreas protegidas. El marco regulatorio existe, tendrá que coordinarse con esta nueva Ley del Agua para priorizar las inversiones que se hacen en esa materia, dice Morales.
Opina que se obvia cómo abordar las inversiones en infraestructura gris para agua. Y que una norma de estas permite una planificación hidrológica complementaria al ordenamiento territorial.
El eje de certeza jurídica es otro aspecto a tomar en cuenta a la hora de proponer la iniciativa. Debe permitir que los múltiples usuarios puedan tener acceso, pero además evite la sobreexplotación de los recursos hídricos.
Para Enrique Batres, ingeniero civil especializado en abastecimiento de agua, el fin del proyecto debe ser ordenar y poner las reglas básicas de cómo se debe administrar el recurso. “Previo a la Constitución de 1985 ya se hablaba de la necesidad de una ley de aguas, pero siempre con el fin de gestionar el recurso”. Recuerda que la Constitución de la República declara el agua como un bien público.
Parte del problema con las iniciativas existentes, opina, es que son muy distintas entre sí. Cada una es impulsada por diferentes espacios que buscan su propio interés. Esto es algo que no solo sucede en Guatemala, sino internacionalmente.
Hasta dentro de 5 años
Batres recuerda que existe el acuerdo gubernativo 236-2006, el cual regula y da claras líneas de cómo debe manejarse el tema de las aguas residuales. Determina con parámetros claros cómo se pueden descargar las aguas residuales.
El acuerdo tiene incentivos, dice, pero pocos saben esto. En su opinión, si después de 19 años no se ha podido implementar adecuadamente este acuerdo, no se puede esperar que una ley de aguas, que implica un marco general más grande, avance y funcione.
“En este país una ley de aguas no es el esfuerzo que debemos hacer por los próximos 5 a 10 años”, asegura. Considera que se debe ratificar la normativa existente, modificándola, si fuera necesario.
