El monto extraordinario a los Codede recibió críticas por ser “anti técnico”. El diputado Samuel Pérez respondió que el presupuesto prioriza lo político.
Por Pilar Rodríguez
Las municipalidades se pueden fiscalizar desde el Congreso. El diputado por el partido Movimiento Semilla, Samuel Pérez, sugiere emplear las herramientas del ministerio de Finanzas para revisar la ejecución del gasto municipal.
En una entrevista con Ojoconmipisto, comentó que la instrucción para todos es fiscalizar, pese a que su agrupación política solo cuenta con concejales en nueve municipios.
El congresista abordó las críticas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y Asíes, respecto al monto extraordinario aprobado desde el Congreso para los Consejos de Desarrollo. Designaron Q5 mil 012 millones más. “El presupuesto no es un documento académico, no es una tesis”, dijo.
–¿Cómo trabaja el Congreso la gestión del presupuesto municipal? ¿Evalúa los informes anuales sobre ejecución que presentan las alcaldías?
–En este momento comienza la discusión sobre cómo van a estar los proyectos después de aprobar el presupuesto en 2024. Con la bancada Semilla y con el apoyo del Ejecutivo, analizamos dónde podíamos hacer asignaciones prioritarias para llevar desarrollo a las comunidades que por lo regular no tienen grandes montos.
–Asíes e Icefi señalaron que el aporte extraordinario de Q5 mil 012 millones carece de sustento técnico. Además, el tipo de gasto autorizado no necesariamente corresponde a una inversión. ¿Cómo justificaron su voto a favor de esta medida?
–El presupuesto no es un documento académico, no es una tesis. Este tiene prioridades políticas del gobierno de turno. Debe tener fundamentos técnicos que se justifiquen en la recaudación que se tendrá ese año.
También incluye variables que pueden ser de interés del gobierno como reducir la pobreza, mejorar la infraestructura del país, la salud y la educación. Por último, la definición del presupuesto es una decisión política. Encontramos que los gobiernos en el pasado se desentendieron de invertir en donde más se necesita.
Necesitamos asignar recursos para el desarrollo local que se logra a través de los Consejos de Desarrollo. No es un cheque en blanco sino que se acompaña de una estrategia muy fuerte de fiscalización y supervisión para que no se roben ese dinero.
–Este año la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), presentó un cálculo distinto para solicitar el situado constitucional. ¿Quién debería ser el responsable de explicarle a los alcaldes?
–Para calcular la distribución específica de cada municipalidad, existe una comisión a cargo de ese cálculo. La integra la Anam, el Instituto Nacional de Estadística, el ministerio de Finanzas, la Contraloría, la Secretaría Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), entre otras instituciones públicas.
Ahí se debería calcular, desde mi punto de vista, en función de algunas variables sociales: si las condiciones económicas de las familias son de extrema pobreza o no, si hay condiciones de desnutrición o no, si se necesita un área de salud.
–Hablando de distribuciones, vimos que miembros de su bancada se repartieron los municipios para fiscalizar, ¿cómo llevan a cabo esta tarea?
–Existe un plan de fiscalización que se lleva desde el Congreso y desde el Ejecutivo, enfocado en la asignación ordinaria y extraordinaria de los recursos a los Consejos de Desarrollo.
Hay una distribución que realizamos con la bancada distrital para velar porque se cumplan los objetivos de construcción de infraestructura y de mejorar las condiciones de desarrollo de las personas a nivel local. Quien ejecuta esos fondos no es el gobierno sino los municipios.
Lo que nos queda a nosotros, una vez aprobado el presupuesto, es fiscalizar.
No hay un código específico de la asignación extraordinaria para Consejos de Desarrollo, pero sí se puede rastrear. Nosotros vamos a montar capacidades para hacer ese seguimiento de manera más ágil.
–En 2023, Semilla ganó la alcaldía de Palestina de los Altos. ¿Cómo se puede fiscalizar municipios donde no tiene representantes?
–No necesitamos tener alcaldes o concejales –de su partido– para fiscalizar los fondos, porque sí tenemos una distribución distrital desde la bancada Semilla para darle seguimiento. Este no es un rol solo para los diputados y diputadas, existen portales públicos que permiten darle seguimiento a la ejecución. Por ejemplo, el portal de Gobiernos Locales del ministerio de Finanzas; el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y desde ahí se puede ver el desarrollo de los proyectos que deberían realizar las municipalidades.
–¿Qué tipo de estrategia trabajan para que las gobernaciones como las municipalidades puedan ejecutar los fondos que se canalizaron a través de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede)?
–Los gobernadores, como representantes del Presidente en los diferentes territorios, tienen como una de sus funciones fiscalizar la ejecución de los montos asignados a los consejos. A esta tarea se suman los miembros de la sociedad civil que integran los consejos y otros delegados de los diferentes ministerios. El rol que a nosotros los diputados nos corresponde es fiscalizar desde la bancada.
Nosotros sabemos qué se aprobó en el presupuesto, los tiempos en los que debería ejecutarse, tenemos el acceso a los portales de información pública y a lo que sucede en los Codede. Por último, vemos los avances físicos de las obras para analizar si el monto asignado se traduce en la obra construida.
–¿Qué instrucciones tienen los concejales para comenzar a planificar los presupuestos para 2026?
–Hay cierta autonomía en las municipalidades. En las que tenemos concejales, con excepción de una (Palestina de los Altos), no tenemos ninguna mayoría que logre definir la agenda. El sistema electoral le permite a quien gana la alcaldía tener una mayoría que controla el concejo.
Los concejales y concejalas de Semilla tienen un rol de fiscalización importante, de denuncia cuando ven cosas irregulares, como la lucha que ha tenido Ninotchka Matute en tratar de hacer visibles las sesiones del concejo de Guatemala, o Cindy Rodríguez y Mario Castellanos en la municipalidad de Mixco.
Si hay una zona que, por ejemplo, su principal problema es falta de agua, esa es la prioridad a la cual le van a apuntar.
–¿Se debería modificar la Ley de Contrataciones del Estado, como lo han solicitado los alcaldes?
–Se debe hacer una reforma profunda y completa a la Ley de Contrataciones del Estado. De hecho, en la legislatura pasada, (Alejandro) Giammattei y sus diputados intentaron meterle un parche que permitiera un amplio margen de corrupción y nosotros nos opusimos. Tiene que haber un proceso de modernización, porque hay mucha tecnología que se podría utilizar para reducir arbitrariedades o corrupción si los procesos fueran mecanizados o digitales.
Hay un problema serio en los montos que pueden ejecutar las municipalidades porque cuando se hizo la ley, los montos se dejaron nominales. Eso es un error porque la economía va desarrollándose, la inflación aumenta. Lo que hoy se piensa que puede ser un monto muy grande, en varios años va a ser pequeño y no le va a permitir a las municipalidades comprar.
Hay que tratar de adaptarlo a que sea proporcional a algún indicador, y no un monto nominal.
–Con el amparo presentado por el CACIF, ¿existe alguna limitante para que las alcaldías puedan ejecutar?
–No debería haber limitantes, pero sí obstaculiza la ejecución. Hay que terminar de entender porque a veces las resoluciones son un poco ambiguas. Más allá de una pelea legal, tiene que haber un debate sobre el diseño necesario para agilizar la ejecución de obra a todo nivel, y no solo para las municipalidades.
–¿Debería la Ley de Consejos de Desarrollo experimentar algún cambio o mejora? ¿Qué tipo de ajustes serían recomendables?
–Tengo una opinión inicial que requiere más debate. Primero, creo que hay una facultad que tiene el Presidente de nombrar desde su confianza a la persona que le va a representar en el distrito, la cual no debería pasar por un proceso con sociedad civil porque los incentivos están para corromper el proceso.
Se le pueden delegar mejores capacidades y mayor margen de acción al Codede para atender problemas del gobierno central y que pueda descentralizar la toma de decisiones. No esperar que los ministros resuelvan cuando les dé tiempo, sino que para eso hay un consejo para ese tema.
Hay que hacer una revisión sobre el proceso meritocrático de las personas que están en los puestos profesionales dentro de los Codede y que no sea pago de favores políticos.
–¿En qué debería poner los ojos la ciudadanía para fiscalizar a sus alcaldías? ¿Por dónde empezar?
–Veo dos momentos. El primero es el electoral, pensar bien qué alcalde va a representar a la comunidad, porque hay algunos que tienen antecedentes de no hacer las cosas de la mejor forma. Debemos poner mucha atención sobre la papeleta en la que se elige alcalde y corporación municipal.
Creo también que hay que ponerle especial atención al tema de asignación de recursos para infraestructura, lo que tenga que ver con carreteras y caminos, porque ahí no hay precios estandarizados de las obras.
