Para el abogado constitucionalista, el decreto 7-2025, lejos de agilizar la inversión, puede profundizar la discrecionalidad en plena antesala electoral.
Por German Carranza
El Congreso aprobó el decreto 7-2025, la norma que modifica cómo se ejecutan los fondos extraordinarios de los Consejos de Desarrollo.
En esta entrevista, el abogado constitucionalista, Edgar Ortiz, explica la diferencia entre los aportes ordinarios de los extraordinarios, por qué el silencio administrativo positivo —que permite aprobar proyectos en cinco días— abre la puerta a decisiones sin control, y cómo este nuevo modelo podría profundizar las prácticas de clientelismo, según su lectura.
—¿Cómo funcionan los recursos que manejan los Consejos de Desarrollo?
—Los Consejos de Desarrollo son las instancias territoriales a cargo de canalizar la inversión pública.
Según la Constitución y la ley, del 12 % de IVA que pagamos en cada consumo, un punto porcentual debe destinarse a inversión local a través de los Consejos de Desarrollo. Ese es el flujo ordinario de recursos que reciben.
—¿Qué pasa con los aportes extraordinarios?
—En el Congreso, cuando se discute el presupuesto, los diputados suelen decir, “está bien, el 1 % del IVA ya va para inversión local, pero seamos más generosos”. Y entonces aprueban más fondos para los Consejos de Desarrollo.
La idea es que las obras financiadas desde los consejos sigan una línea nacional, porque Guatemala es un Estado unitario. El artículo 134 de la Constitución establece que la política pública la dirige el Ejecutivo. En teoría, se deberían ejecutar proyectos alineados con esa política.
—¿Cómo se asignan estos fondos extraordinarios? ¿En qué se diferencian de los ordinarios?
—Los fondos ordinarios se deberían distribuir por región y por población. En teoría, se asignan de forma equitativa según cuánta gente vive en cada territorio. Esa es la lógica: territorio más población.
Con los aportes extraordinarios, esa lógica se quiebra. El Congreso decide a quién le da más y a quién menos, sin necesidad de justificarlo con criterios técnicos. Pueden decir: “aumentemos la asignación para Alta Verapaz” simplemente porque sí, no porque tenga más población o mayores necesidades.
—¿Estos fondos deberían existir? ¿Abren la puerta a malos manejos o corrupción?
—El diseño original de los Consejos de Desarrollo sonaba bien. Se pensó como un mecanismo de participación para que la inversión pública no se decidiera solo desde la capital. Pero, en la práctica, terminó siendo un defecto de diseño constitucional: fragmentó el poder del Ejecutivo y politizó espacios intermedios que hoy influyen en la asignación del presupuesto.
Lo que llamamos corrupción no se explica solo porque haya “gente mala” metida en los Consejos, que la hay, sino por los incentivos que creó este modelo. Al trasladar la ejecución de fondos a estos espacios de negociación política, se le quitaron herramientas al Ejecutivo, que en un Estado unitario debería ser quien dirige y ejecuta la política pública.
El resultado es que ese “bolsón” de inversión local se convierte en un instrumento para construir alianzas con los gobiernos locales. Y, en ese juego, la población queda de última. Los alcaldes ven en los Consejos una mesa para negociar recursos; el interés público pasa a segundo plano.
—Sabiendo que el próximo año habrá fondos disponibles y será un año preelectoral, ¿qué implicaciones puede tener en la ejecución de proyectos municipales?
—Aquí entramos al famoso decreto 7-2025. No es la primera vez que el Congreso aprueba algo así, lo cual no lo hace bueno, pero sirve para entender el problema.
El presupuesto de Guatemala es anual. Y no es un detalle de abogados: tiene una lógica política. Cada año, el Congreso decide qué se financia y qué no, y ejerce un control sobre el Ejecutivo.
El decreto 7-2025 rompe esa lógica porque permite arrastrar los fondos no ejecutados de un año al siguiente. En la práctica, estás comprometiendo recursos futuros sin que el Congreso vuelva a aprobarlos.
El segundo problema es político. Esto se conecta con el contexto electoral. Si los fondos no usados se pueden trasladar a 2026 y luego a 2027, entonces estás garantizando un bolsón de dinero para el año electoral. Y en un año electoral, los incentivos para ejecutar obra aumentan, porque cada proyecto sirve como plataforma para buscar la reelección.
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