Ya se nombró juez pesquisidor en tres casos: Quetzaltenango, Cabricán y San Miguel Sigüila.
Por Mirna Ahidé Alvarado
Los alcaldes Luis Grijalva de Quetzaltenango, Juan Aguilar Luis de San Juan Ostuncalco, Santos Escobar de San Miguel Sigüila, y Jayro Guillermo López Ramírez de Cabricán enfrentan la posibilidad de que se les retire el derecho de antejuicio.
En tres casos ya se nombró a jueces pesquisidores, quienes tienen 60 días para determinar el mérito de las solicitudes.
La Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Penal de Quetzaltenango designó a Rafaela Salazar como pesquisidora en el caso de Luis Grijalva. El Ministerio Público solicitó la investigación en contra del funcionario luego de una denuncia presentada por Miriam Son, secretaria de la Oficina de Acceso a la Información Pública. Ella aseguró que el jefe edil le negó el ascenso para ser titular de esta dependencia, pese a lo solicitó de forma verbal.
La denuncia se presentó en la auxiliatura del Procurador de los Derechos Humanos. Esta oficina consideró que había un incumplimiento sobre lo estipulado en la Ley de Acceso a la Información Pública ya que esta comuna no cuenta con un portal web, como manda la ley y existen otras deficiencias.
“Estoy anuente a ser investigado, aunque tengo todas las pruebas que me respaldan y creo que la jueza tomará la decisión correcta” aseguró Grijalva, quien en agosto declaró ante la juez.
Por otra parte, Juan Aguilar, alcalde de San Juan Ostuncalco, fue denunciado ante el Ministerio Público por Asociación Civil Ostuncalco Transparente. Esta asegura que existen actos anómalos en la corporación, entre ellos malversación de fondos empleados para la feria patronal. Este caso está en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente y no se ha nombrado juez pesquisidor.
“En Guatecompras descubrimos que la compra de alimentos para la feria estaba sobrevalorada. El Ministerio Público lo deberá esclarecer”, explicó un miembro de la asociación quien solicitó el anonimato. Aguilar, por su parte, indicó que esta entidad no cuenta con avales legales y que, por ello, también los ha denunciado a las autoridades. “Las acusaciones no tienen validez”, recalcó.
El caso de Santos Escobar, alcalde de San Miguel Sigüila, lo lleva el juez Domingo Cali del Tribunal Primero de Sentencia Penal y se encuentra en la fase de recuperación de declaraciones y presentación de pruebas. Los concejales Fredy Camacho, Román Vásquez y Mauricio Aguilar lo denunciaron por no haber proporcionado información financiera que le habían solicitado.
En el caso del jefe edil de Cabricán, Jayro Guillermo López Ramírez, es Selvin Ramos, ex secretario de la municipalidad, quien presentó una denuncia por amenazas. Las pesquisas las conduce el juez Oscar Alvarado, del Tribunal Segundo de Sentencia Penal y ya declararon el denunciante, el alcalde y una testigo.
Sin embargo, esta no es la única denuncia que enfrenta López Ramírez. Representantes de las aldeas La Grandeza y Flor de Peña aseguraron tanto ante el MP como el PDH que la comuna sobrevaloró el costo de un proyecto de balastrado.
Eduardo Temaj, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo, Cocode, dijo que establecieron en Guatecompras que en un sector se pagaron Q87,400 y en el otro Q87,700. “El problema es que nos dijeron que eran 16 camiones y después 30. Pero el traslado de este material no es tan caro porque contamos con un banco del mismo”, pero el jefe edil asegura que “son solo resentimientos políticos”.
“En los cuatro casos se establece que, de cierta forma, los alcaldes no responden a las demandas de la población en lo que a transparencia se refiere”, señala Flor Gómez, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos. Considera que estas acciones sientan un precedente sobre lo que puede significar la participación ciudadana.
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Esta nota es producto del Diplomado «Periodismo, Fiscalización y Transparencia» que imparte el International Republican Institute (IRI), bajo la coordinación de Laboratorio de Medios, S.A. a periodistas de diversos departamentos de Guatemala. (La asistencia financiera y técnica que el IRI otorga para esta actividad es provista por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y es posible gracias al apoyo del pueblo estadounidense).
