Emitió un acuerdo interno por el estado de calamidad que debía vencer el 31 de marzo. Tras el anuncio de Giammattei, será el 13 de abril.
Por Ojoconmipisto
Declarar el estado de calamidad tuvo consecuencias también en los plazos que establece la Ley de Acceso a la Información (LAIP), al menos para el Procurador de Derechos Humanos. Desde el pasado 17 de marzo, la institución los “congeló” en tanto dure la emergencia por la Covid-19, como lo establece el acuerdo interno 31-2020.
Es decir, que cualquier solicitud de información pública presentada ante el PDH en ese periodo deberá esperar que todo vuelva a la normalidad para dar una respuesta. Y aquellas que ya estaban en proceso, también se ven afectadas. Lo único que puede cambiar esto es que cobre vigencia el decreto 12-2020 que aún no ha sido publicado en el Diario de Centro América.
Qué dice el PDH
El acuerdo interno 31-2020 establece medidas temporales para su funcionamiento y para garantizar la salud de sus trabajadores, como trabajar a distancia y estar “al llamado”, salvo las áreas de Procuración, Auxiliaturas, Administrativa y Seguridad que lo harán por turnos.
El artículo 2 dice que “mientras el presente Acuerdo se encuentre vigente se tomará como días inhábiles para los efectos de los procesos de la Procuraduría de los Derechos Humanos”. Y es esta disposición, indica Jordán Rodas, el titular de esa institución, la que afecta los plazos dados por la ley, los diez días hábiles para dar una respuesta o diez más en caso de prórroga.
“Mi interpretación es que no corren en tanto dure este periodo (de calamidad). Recuerde que el derecho es cuestión de interpretaciones, por eso será de mucha utilidad cuando salga publicado el decreto (12-2020) en el Diario Oficial”, agrega Rodas.
El procurador de los Derechos Humanos se refiere a la norma aprobada por el Congreso la madrugada 25 de marzo, Ley de Emergencia, decreto 12-2020. La misma autoriza a las municipalidades a realizar compras directas por Q300,000, en condiciones normales el techo es Q90,000.
Pero también suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de procesos administrativos “por uno improrrogable de tres meses”, salvo la Ley de Acceso a la información Pública. Es decir, cuando cobre vigencia para el PDH –y para todos los sujetos obligados–, los días volverán a ser hábiles y los plazos a durar de 10 y 20 días hábiles.
El procurador de DDHH es la autoridad reguladora de la LAIP, ella es la que supervisa su cumplimiento.
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