La entidad tiene un presupuesto de Q4 millones, los cuales, entre otros gastos, financiarán terrenos donde se construirán casas para quienes viven en zonas de riesgo ante desastres.
Por Carmen Maldonado Valle
La alcaldía de Santa Catarina Pinula, Guatemala, creó la Empresa Municipal para la Vivienda (Emuvi) en 2020 con el fin de comprar terrenos a los cuales se puedan mudar quienes viven en las 48 zonas con alto riesgo ante desastres, según evaluó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).
El nombre de la empresa apareció por primera vez en el diario oficial el 31 de julio de 2020. Se constituyó con el fin de tener opciones habitacionales para los vecinos y evitar que continúen en casas donde sus vidas pueden correr peligro. De hecho, dice el alcalde Sebastián Siero, el fin es evitar otro desastre como el de El Cambray II. “Hubo varias víctimas y todo porque en años anteriores se construyó en lugares inadecuados”.
La emergencia, recordó, fue un derrumbe ocurrido en su municipio en 2015, el cual soterró viviendas. Según la Conred, mató al menos a 280 personas, mientras otras 360 desaparecieron y nunca se encontraron sus restos.
La alcaldía presupuestó Q4 millones para la Emuvi, incluye los gastos de funcionamiento y la compra de terrenos para los proyectos habitacionales. Estos, sostiene el jefe edil, serán construidos por compañías dedicadas a ello, las cuales deberán concursar para obtener los contratos.
Para reubicar a los vecinos, la comuna tratará de encontrar tierras disponibles en lugares cercanos a donde viven ahora, pero sin riesgo, con el fin de no someterlos a un cambio radical. Luego, las constructoras harán las casas o apartamentos y los interesados, quienes deben cumplir con la condición de ser residentes de las áreas peligrosas, podrán obtener sus nuevos hogares por un costo aproximado de Q120 mil.
A decir del alcalde, las personas pueden pagar los inmuebles al contado o gestionar un crédito, el cual les puede permitir dar hasta 240 cuotas de Q1 mil mensuales. “Esto es voluntario y no podemos obligar a nadie a mudarse, pero el fin es ofrecerles una opción para animarlos a salir de la zona de riesgo. Quienes acepten deberán entregarnos la casa existente y esas áreas se convertirán en parques”.
Cuando los nuevos proyectos estén terminados, los desarrolladores deberán devolver a la comuna lo invertido en los terrenos. Así, esos fondos podrán utilizarse para hacer compras en otro lugar para nuevas construcciones. La alcaldía será ajena a las negociaciones de créditos entre las empresas y los compradores.
Por otro lado, la Emuvi también ofrecerá sus servicios a quienes no viven en zonas riesgosas: establecerá alianzas con empresas para obtener precios bajos en materiales de construcción, los cuales podrán ser comprados por las personas cuyas casas no estén en condiciones óptimas y, por lo tanto, quieran mejorarlas. Para esto se hará un estudio socioeconómico a quienes apliquen para determinar si necesitan la ayuda.
De acuerdo con Siero, aún se afinan los últimos detalles para los proyectos y se espera la publicación del reglamento de licitaciones de la Emuvi en el diario oficial durante los próximos días. Esta es una iniciativa de la municipalidad, asesorada por la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
Más vale regular que lamentar
La Conred estima que los primeros signos de desastre en “El Cambray” se dieron en 1998, cuando hubo un deslave en el sector. En 2014, la institución determinó un riesgo inminente de desastres allí y el año siguiente, el 1 de octubre, ocurrió la tragedia.
Una investigación de Ricardo Berganza, especialista en gestión de riesgo y respuesta ante desastres, determinó como formas de prevención de crisis humanitarias, fortalecer el papel de la Conred para poder ir más allá de solo recomendar acciones en zonas peligrosas.
Propone elaborar planes de ordenamiento territorial ayudaría a evitar tragedias y eso podría mandarse a través de una ley: “Esa estructuración es muy importante, porque la vivienda digna y segura es un reto nacional y los sectores más empobrecidos (mayoría de la población) están excluidos del mercado inmobiliario. Por ello a veces habitan suelos inadecuados”.
Al último intento por legislar este tema ocurrió en 2015 con la iniciativa 4995, la cual obligaría a ordenar los territorios para evitar construcciones en sitios donde el suelo no lo permite. Esta llegó a primer debate en 2016, pero no se aprobó ni se propusieron enmiendas. Nunca se retomó la discusión.
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