El 4 de febrero (2025) la jueza de asuntos municipales de Pajapita, San Marcos, intentó desalojar a los inquilinos del mercado donde construirán uno nuevo.
Por Gilberto Orozco
En Pajapita, San Marcos, los vendedores grabaron videos del momento en que la jueza de asuntos municipales llegó el 4 de febrero (2026) acompañada de agentes de la Policía Municipal a desalojarlos. Obedecía órdenes de la alcaldesa Hilma Floridalma López Navarro, electa por el partido Vamos.
El 11 de diciembre, la municipalidad adjudicó la construcción del mercado municipal que a la vez será centro comercial (NOG 27537587). Diego Antonio Cifuentes Mazariegos proveedor de San Pedro Sacatepéquez, Tajumulco y Nuevo Progreso, San Marcos, principalmente.
Crónica del centro comercial
A inicios de 2020, los inquilinos del Mercado Municipal de Pajapita plantearon ante la corporación municipal de turno la necesidad de construir un nuevo mercado que respondiera al crecimiento del comercio local. Por entonces, el alcalde era Julio César Lam Calderón, del partido Todos.
Los vendedores estaban de acuerdo con la nueva infraestructura, siempre y cuando fuera de una sola planta por razones de seguridad, accesibilidad y capacidad real para albergar a todo el comercio existente.
A inicios de 2025, la nueva corporación con López Navarro como alcaldesa, presentó el proyecto final. El 23 de abril de ese año dio a conocer públicamente el diseño del nuevo mercado, una renderización que mostraba cómo luciría la obra una vez concluida. El material audiovisual fue compartido con la población.
La Asociación de Inquilinos y Abastecedores del Mercado Municipal emitió un comunicado en el que expresó su inconformidad. El diseño de un solo nivel no tenía la capacidad para albergar a todos los comerciantes y que incluía la demolición del parque municipal, lo que nunca fue aprobado por los inquilinos.
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El 27 de diciembre las autoridades firmaron el Contrato Administrativo de Obra Pública número 27-2025 para construir el Mercado Municipal y Centro Comercial de Pajapita, por Q17 millones 297 mil 820, fondos municipales. Lo suscribieron la alcaldesa y el empresario Diego Antonio Cifuentes Mazariegos, representante de la empresa Mega-Construcciones en Ingeniería Civil y Terrestre.
El plazo de ejecución es de 17 meses. El 6 de enero de 2026 iniciaron los trabajos con la demolición del parque municipal, lo que generó reacciones encontradas entre la población.
Mientras algunos vecinos expresaron nostalgia y dolor por la pérdida de un espacio histórico, las autoridades defendieron la obra como una mejora a la infraestructura del municipio.
Desalojo ilegal
La tensión alcanzó su punto crítico el 4 de febrero de 2026, cuando la jueza de asuntos municipales, acompañada de agentes de la Policía Municipal, intentó desalojar a los inquilinos del mercado. Los comerciantes se opusieron, aseguraron que no fueron tomados en cuenta y que no existía un plan claro de reubicación.
Ese mismo día, Francisco Pox Quixtán, comerciante del mercado, presentó una denuncia ante el Ministerio Público por abuso de autoridad y emisión de resoluciones contrarias a la ley y donde fue agraviada Zulma Enedina López. Responsabilizó a las autoridades municipales y a la empresa constructora de cualquier daño físico o material que pudiera ocurrir.
Moisés Carrillo, inquilino del área de carnicerías, declaró que “no se nos mostró ningún plan de reubicación, ni se nos garantizan condiciones mínimas de seguridad, salubridad y continuidad laboral”. A su criterio, vulneraron derechos fundamentales de los comerciantes.
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En comunicación telefónica, una fuente vinculada a la municipalidad de Pajapita informó que, por el momento, la situación en el mercado municipal se encuentra tranquila y sin mayores incidentes. A pesar de los videos que compartieron los comerciantes, indicó que no existe orden de desalojo emitida por un juez competente. Por ahora, las autoridades municipales se mantienen a la espera de una resolución legal para actuar.
La persona consultada reconoció que el día anterior se registraron momentos de tensión al intentar intervenir en el área del mercado, situación que observó la Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Ambas instituciones hicieron un llamado a la municipalidad para priorizar el diálogo y se respeten los procedimientos legales.
Desde Gobernación Departamental, indicaron, no se brindará apoyo policial a diligencias que no estén debidamente sustentadas en una orden judicial.
Por la sensibilidad del caso, la postura oficial de la municipalidad se mantiene bajo reserva. Ningún funcionario está autorizado para emitir declaraciones públicas mientras se evalúan los pasos a seguir.
