¿Ofrecimiento de pena de muerte? No es viable desde una alcaldía

21 marzo 2023

Sebastián Arzú fue proclamado candidato para llegar a la alcaldía capitalina, de la mano del partido Podemos. Entre sus propuestas está el regreso de la pena de muerte y una mayor presencia de militares en las calles. Estas decisiones, sin embargo, no son totalmente factibles y menos desde el puesto al que aspira.

Roberto Arzú presentó su papelería para ser candidato presidencial en enero de 2023, acompañado de Sebastián Arzú, quien busca ser electo como jefe edil. Crédito: Zona Sur.

Por Carmen Valle

Sebastián Arzú, nieto del expresidente y exalcalde capitalino, Álvaro Arzú, busca sentarse en la silla que su abuelo un día ocupó. 

El candidato a jefe edil de Ciudad de Guatemala por el partido Podemos realizó un video de Tik Tok donde se le ve en una práctica de tiro. 

Aunque el video se publicó el 30 de enero —previo al inicio de la campaña electoral— Arzú se dirige a la cámara para afirmar que con él como jefe edil y su padre, Roberto Arzú, como presidente, el Ejército saldrá a las calles y la pena de muerte volverá a estar vigente.

Según la Ley Constitutiva del Ejército, la primera propuesta no es una decisión para la cual tenga facultades quien resulte electo como alcalde. Quien podría ordenarlo sería el presidente, en su calidad de Comandante General de la institución, pues el artículo 14 del mismo documento le permite tomar decisiones relacionadas con lineamientos para proveer seguridad al país. 

En la publicación, Sebastián Arzú menciona a Roberto Arzú, quien fue proclamado candidato a presidente por Podemos, pero el 6 de febrero de 2023 el Tribunal Supremo Electoral revocó su inscripción por campaña electoral anticipada. Aunque presentó recursos de apelación, tanto la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como la Corte de Constitucionalidad (CC) los declararon sin lugar y quedó fuera del proceso. 

Es decir, que Roberto Arzú tampoco podría aplicar la promesa de su hijo, pues no podrá competir por el cargo de presidente.

En cuanto al ofrecimiento de devolver la vigencia a la pena de muerte, esta tampoco es una decisión viable para un alcalde, ni siquiera para un presidente, porque Guatemala es firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta convención es un pacto a nivel internacional donde se declaró que quien aboliera esta condena en su nación no podría retractarse. 

Para aplicar de nuevo esa pena, Guatemala debería retirarse del acuerdo, tal y como lo hizo en 2013 el entonces mandatario de Venezuela, Hugo Chávez. Pero, en todo caso, esto no está entre las competencias de un jefe edil.

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Captura de pantalla del Tik Tok donde se hicieron estas propuestas. Crédito: Sebastián Arzú.

Pena capital tiene las puertas cerradas

El artículo 43 del Código Penal indica que la pena de muerte en Guatemala tiene «carácter extraordinario», únicamente se puede aplicar en casos específicos establecidos en la ley y cuando se hayan agotado todos los recursos legales. 

En la ley solo hay siete delitos donde se menciona la pena de muerte dentro de sus artículos: asesinato, parricidio, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, torturas seguidas de muerte o daños graves a la salud, magnicidio o desaparición forzada. Se haría, se lee en ese cuerpo legal, «de acuerdo a la peligrosidad del reo, como castigo y como prevención de futuros crímenes».

Aun así, en 2017 se cerró la posibilidad de aplicar la pena de muerte, cuando la CC la declaró inconstitucional. El tribunal lo estableció así porque uno de los criterios de justificación prevenía una conducta futura y eso iba en contra del principio de legalidad. Además, dejaba al mero arbitrio del juez si el reo era o no peligroso, entonces dejó de ser factible aplicarla en estos siete delitos.

Tampoco se podría acudir a ese recurso en otras faltas, pues la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe extenderlo a nuevos delitos posteriores a la vigencia del tratado.

Además, explica el abogado constitucionalista Edgar Ortiz, el Código Penal menciona que la pena de muerte solo puede ser aplicada cuando se hayan agotado todos los recursos legales, pero esto también dejó de ser posible en 2000. 

Hasta entonces, el culmen de los recursos legales en Guatemala era el indulto presidencial, de acuerdo con el decreto 159 de la Asamblea Legislativa, pero el Congreso lo derogó hace 23 años, cuando ejercía elpresidente Alfonso Portillo.

Se intentó conocer la postura de Sebastián Arzú para aclarar a qué se refiere con «sacar al Ejército a las calles», en qué momentos, lugares o las tareas que pretende designarle, cómo planea cumplir con el ofrecimiento de la pena de muerte, o si sus propuestas para los votantes cambiarán ahora que su padre no competirá por la presidencia.

Para ello se contactó a Carlos Ruiz, el secretario de organización nacional de Podemos, quien solicitó hacer las consultas al candidato por teléfono. A este se le llamó en seis ocasiones a un número corroborado con el partido, pero no se obtuvo respuesta.

Al instante

  • Sebastián Arzú, quien busca competir por la alcaldía capitalina, propuso llevar al Ejército a las calles y devolver la vigencia de la pena de muerte en Guatemala.
  • También propone tener mayor presencia militar en la vía pública, lo cual sería factible solo si el presidente así lo decidiera, como jefe de las fuerzas armadas, pero ningún jefe edil tiene esa potestad.
  • En el caso de la aplicación de la pena de muerte, requeriría que Guatemala se retirara de un convenio internacional de derechos humanos, así como reactivar el derecho al indulto presidencial. Eso tampoco puede hacerse desde una alcaldía.

La Linterna es un proyecto colaborativo contra la desinformación en las Elecciones Generales 2023 en Guatemala. Hace fact-checking, verificación del discurso público y detección de bulos. Es coordinado por Ocote y con la participación de ConCriterioelPeriódicoNo-FicciónOjoconmipisto y es financiado e impulsado por Capir.

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