Debido a la pandemia se habla de un incremento al precio del pasaje a través de un subsidio, pero de nuevo solo se toman en cuenta al usuario de la capital y no al de los departamentos.
Por José Pablo del Águila
La pandemia viene a imponer restricciones en el servicio del transporte público que ni en tiempos previos a la COVID-19 se ha logrado. Y a eso sumen los protocolos de seguridad para evitar la propagación de virus.
Dado que el sistema de alertas solo permite operar buses con el 50 o 75 por ciento de su capacidad, la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU) insiste ante autoridades de la municipalidad de Guatemala, a que se les permita aumentar la tarifa del transporte hasta en Q10 para poder operar.
En este escenario, el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, mencionó la posibilidad de otorgar un aporte económico a los usuarios, aunque la propuesta formal aún no se ha presentado al Legislativo.
En una mesa técnica con representantes de laAsociación de Empresario Autobuseros Urbanos (AEAU), la municipalidad de Guatemala, la Defensoría del Usuario del Transporte de la PDH, el viceministerio del transporte de la cartera de Comunicaciones y el ministerio de Finanzas se acordó solicitar al Estado un aporte de Q2.50 al usuario cada vez que aborde un bus.
También se dispuso retirar las unidades que no llenen los requisitos de calidad y se impuso a los transportistas la condición de instalar un sistema prepago.
¿Y para los departamentos?
Miguel Ovalle, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), dijo que de momento no han sido convocados para discutir un posible subsidio en ciudades intermedias ajenas al departamento de Guatemala.
Sin embargo, comentó que solicitarán una reunión con el comisión de finanzas del congreso para discutirla posibilidad que los usuarios de otros municipios ajenos a la capital también sean incluidos en este aporte económico. “Todos somos del mismo país y por lo tanto haremos nuestro pronunciamiento”, sentenció Ovalle.
Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) agrega que el proceso de negociación debe ser transparente y con la participación de diversos sectores, ya que el incremento del pasaje históricamente ha sido causa de conflictividad social.
Según registros de la Defensoría de los Usuarios del Transporte de la PDH, el área metropolitana hay registrados 3,150 autobuses, de los cuales 450 corresponden al Transurbano y el resto a buses rojos.
Pedir y ofrecer poco a cambio
A lo largo de la historia, el Estado ha otorgado subsidios a los empresarios del transporte, pero lejos de mejorar el servicio, los recursos sirvieron para el enriquecimiento ilícito y corrupción, tanto del sector público como privado, dice Eduardo Velásquez, expresidente de la Comisión Intersectorial de Transporte Urbano y profesor del Centro de Estudios Urbanos (CEUR).
Según registros del CEUR, entre 2004 y 2012 la suma del subsidio estatal al transporte urbano de la ciudad alcanza los Q2 mil 190 millones 200 mil. “Como los ingresos de los usuarios son bajos, lo que se ha hecho desde los años setenta es darles a los transportistas un subsidio, a veces monetario y otras para combustible. Pero como el dinero no se entregaba al usuario, se malversaba e invertía en otros negocios”, explica Velásquez.
Esto, sin embargo, no debe significar un cheque en blanco para los transportistas, explica Velásquez. Si se les va a permitir subir la tarifa, debe haber un estudio que indique el costo de operar con la mitad de pasajeros para justificar el aumento y también se debe permitir a los usuarios que lo inviertan como mejor les convenga.
Otras acciones que deben sumarse, indica Guerra, de la PDH, es una supervisión de la comuna, como ente rector, para que el alza del pasaje implique una mejora en la condición de los buses.
Por su parte, Alejandor Soto, de la AEAU, aseguró que con el alza del tarifa también se comprometerían a mejorar las unidades, aunque no ofreció detalles de cómo ni cuándo se vería este progreso.
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