Entre 2006 y 2021 las comunas invirtieron en edificios para atender a los vecinos. Algunos no se terminaron, otros no tuvieron personal o nunca tuvieron insumos para funcionar.
Por Carmen Maldonado Valle
Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), hasta el 7 de diciembre de 2021, 11 municipalidades construyeron o intervinieron en instalaciones médicas que no se utilizaron. Las obras son puestos y centros de salud, centros de atención permanente (CAP) y centros de atención integral materno infantil (CAIMI).
Los 15 proyectos fueron desarrollados por alcaldías en Huehuetenango, Jutiapa, Suchitepéquez, Petén, Chimaltenango, Quetzaltenango, Sacatepéquez, Sololá y Totonicapán. Velar por la salud de los habitantes se encuentra dentro de las competencias de los gobiernos locales, se lee en el artículo 70 del Código Municipal, y por ello los faculta para construir establecimientos de este tipo.
La más antigua de estas edificaciones se encuentra en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango. Se trata de un CAIMI cuya inauguración se esperaba en 2006 a fin de reducir la mortalidad de embarazadas y recién nacidos en la ciudad.
Para construirlo se pagaron Q2 millones 613 mil 64, según la Contraloría General de Cuentas (CGC). Al principio, no se trataba de una construcción municipal porque estaba a cargo del Fondo de Inversión Solidaria (FIS), una entidad dedicada a financiar proyectos para mejorar las condiciones de vida de comunidades pobres, pero cuya labor terminó en 2006.
Tras ello, el nuevo encargado de liquidar el CAIMI sería el Fondo Social de Solidaridad (FSS) del ministerio de Comunicaciones. Su último desembolso para este lugar se registró en 2011, por Q536 mil 83 pagaderos la compañía adjudicada, CONSTROC.
La CGC dice haber visitado las instalaciones en 2012, donde comprobó que no se terminaron y luego se abandonaron. A esto, las autoridades del FSS dijeron haber denunciado ante el ministerio Público a la empresa proveedora por incumplimiento.
“Después la municipalidad comenzó los intentos por terminarlo, pero no le daban autorización porque era una prueba para el juicio. Esta administración lo volvió a solicitar, pero ya pasaron casi dos años y aún no tenemos respuesta”, asegura el jefe edil, Bartolomé Chocoj. Hasta no tener ese permiso o que ocurra el cierre del caso, continúa, la alcaldía no podrá publicar un nuevo concurso para finalizarlo.
En San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, también se adjudicó un concurso para edificar un CAIMI en 2014. Costó Q4 millones 102 mil 800 estuvo a cargo de Ricardo Rafael Rivera Cardona, quien provee al Estado desde 2006.
“Está terminado desde 2017. Cuando la Unidad de Planificación Estratégica lo inspeccionó pidió hacer modificaciones, pero no se han realizado y así no es posible abrirlo”, dice el MSPAS. Como no se puede utilizar para atender a mujeres y a sus hijos, por ahora sirve como centro de vacunación contra COVID-19.
El alcalde, Rosalío Axpuac Martínez, no asegura una fecha para retomar los trabajos en el lugar, pero niega tener apoyo por parte del MSPAS: “Hemos solicitado hablarles y aún no nos responden ni nos mandan personal o equipo. También pedimos asistencia en el Gobierno Central y nadie ha respondido. Solo el Club Rotario ayuda”.
El CAIMI se hizo, añade el jefe edil, porque no hay un lugar en el municipio donde se pueda atender a las mujeres cuando dan a luz y deben viajar a La Antigua Guatemala. “Le damos mantenimiento porque lo pintamos y evitamos su deterioro, pero no tenemos presupuesto para ello. Esa era la función del ministerio de Saludque no nos ha ayudado”, concluye.
Lo mismo sucede en San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango. En 2020 se construyó un centro de salud a solicitud de los líderes comunitarios ubicado en un predio municipal “porque varios caseríos tienen fácil acceso a ese terreno”, se lee en la boleta del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Cuenta con una sala de emergencias, área de partos, tres clínicas y salas de encamamiento, dice el documento. Costó Q1 millón 319 mil y “en realidad era una ampliación, porque ya teníamos un centro de salud, pero en malas condiciones. Ya está terminado, pero estamos en pláticas con la doctora encargada para saber qué debemos hacer para activarlo”, asegura el jefe edil, Juan De León Salez.
La municipalidad no tiene aún fecha para comenzar a usar el lugar porque, dice, dependerá de las indicaciones del MSPAS.
Para la exministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, uno de los posibles factores de influencia en el desuso de estos proyectos fue “la falta de coordinación entre las municipalidades y el área de salud. Aunque exista la buena intención y esté muy completo el lugar, no se puede aprobar su funcionamiento si no cumple con los criterios epidemiológicos adecuados”.
Estas características, continúa, son la ubicación donde se planea hacer la obra, el tipo de terreno, la población objetivo y sus necesidades de salud. A veces, afirma la médica, construyen donde no hay agua “o con espacios de atención muy pequeños. En otras ocasiones, no se toman en cuenta los requerimientos de la comunidad. Se hacen, por ejemplo, CAP donde quizá lo necesario es un CAIMI por las altas tasas de natalidad”.
En total, los proyectos municipales sin usar costaron al menos Q22 millones 67 mil 357. El año con más obras hechas y luego no usadas fue 2020, con cuatro instalaciones valoradas en Q7 millones 941 mil 103.
