Las tierras que se disputan Sumpango, agricultores y el Estado

03 marzo 2021

El Astillero Municipal le pertenece a la comuna desde hace más de un siglo, un grupo de agricultores lo reclamó como suyo, pero el Estado inscribió como propio, esta es la historia.

Este es Sumpango, el Astillero Municipal es el área verde que se ve arriba, con parte de montaña. Foto: Municipalidad.

Por Jhonny Anona

Para entender la pelea de la municipalidad de Sumpango, Sacatepéquez, para recuperar unos terrenos hay que retroceder a 2012 cuando las perdía y El Estado los registró como propios por medio del Acuerdo Gubernativo (94-2012). Sin embargo, hay documentos que demuestran que pertenecen a la comuna desde hace más de un siglo.

En 1882 el Estado trasladó oficialmente las tierras ejidales a la comuna, en 1954 con la Reforma Agraria le fueron expropiadas. Con la contrarrevolución las recuperó en 1955, pero los campesinos no querían dejarlas, por lo que las arrendaron. Así funcionó durante más de 50 años.

En 2004 denunciaron que se vulneraron sus derechos como pueblo indígena al cobrarles el uso de tierras comunales. Apelaron a la presidencia como mediador de su causa. Se involucró por medio del Fondo de Tierras y declaró el Astillero Municipal como “terreno baldío”, pese a su uso para la agricultura. De inmediato empezaron los trabajos de medición del terreno.

Solicitaron a la comuna documentación que demostrara su posesión. Y fijaron un plazo para oponerse a las acciones del Estado. La municipalidad presentó los documentos de propiedad y solicitó suspender el proceso, pero no presentó formal oposición y dejó pasar la fecha límite. Como el Astillero no estaba suscrito en el Registro General de la Propiedad su inscripción como finca del Estado siguió su curso.

Según el alcalde de ese entonces, Santos Cubur Escobar, esperaban la respuesta del Fondo de Tierras a su solicitud, por lo que dejaron pasar la fecha establecida. “Ellos (El Fondo de Tierras) estaban inclinados a los arrendatarios. Hubo compromisos de parte de las autoridades de ese entonces que no sé cuáles eran. Pero lograron su objetivo de trasladar toda el área a nombre del Estado”, señala.

Agotado el trámite administrativo, se inscribió como propiedad estatal, el 4 de mayo de 2012  firmó el acuerdo el recién llegado presidente Otto Pérez Molina.

El terreno abarca 1.83 kilómetros cuadrados. El equivalente a 246 veces el estadio Doroteo Guamuch Flores. O sea, un 3 por ciento del territorio de Sumpango (de 55 kilómetros cuadrados). Un terreno en condiciones para cultivar, con bosques que aseguran la recarga hídrica. De hecho, en uno de los extremos hay nacimientos de agua que abastecen a diferentes comunidades del municipio.

En febrero de 2021 la comuna presentó la última acción legal: un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para revertir todo el proceso que permitió al Estado inscribir el Astillero Municipal a su nombre. Foto: Proceso.

La larga batalla legal

Efraín Paredes Gerónimo asumió ese mismo año la alcaldía. Su primera acción fue interponer un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra de ese acuerdo. Alegaron, entre otras cosas, violaciones a los derechos a la vida, salud, propiedad privada, debido proceso, autonomía municipal y supremacía constitucional. La corte declaró sin lugar el amparo.

A eso le siguió una acción de inconstitucionalidad y nuevas demandas en los juzgados de Sacatepéquez. Hubo apelaciones y recursos de casación, pero nada funcionó. El argumento del Organismo Judicial se repetía: la comuna no actuó en el lapso que se le dio.

 “Las acciones que presentamos lo único que lograron fue atrasar, pero no encontrábamos un espacio en que nos dijeran ´sí, es de ustedes, se los vamos a devolver´”, declaró el exjefe edil, abogado de profesión.

Paredes dejó el cargo en 2020, durante sus ocho años de gestión la comuna no ganó ningún recurso legal que interpuso. Su última acción fue un Recurso de Casación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el Juicio Ordinario de Reivindicación que habían planteado antes.A la nueva administración le recibió la negativa a esa casación en enero de 2020. El alcalde actual, Enrique Cubur Sulá, acudió en febrero 2021 a la Corte de Constitucionalidad. El amparo interpuesto señala una serie de deficiencias en los anteriores procesos, tanto por parte de la municipalidad como del Estado de Guatemala. “Lo que se busca es hacer ver esos errores de ambas partes y revertirlos”, dice. Son los últimos recursos que tiene la comuna. “Si la respuesta es positiva habría que empezar otro proceso. Si es negativa tendríamos que ir a una corte internacional”, advierte.

La lucha de los arrendatarios

Desde la década de 1990 los arrendatarios empezaron a organizarse debido a que la municipalidad les quitaba tierras para dársela a otras personas. En 2001 constituyeron la Asociación de Agricultores Arrendatarios del Astillero, pero al tiempo quitaron la palabra “Arrendatarios” del título, como estrategia legal. 

En 2004 titularon el territorio luego de la intención del alcalde Cubur Escobar de elevar la cuota anual de arriendo de Q7 a Q10 por cuerda. En 2007 los más de 300 arrendatarios dejaron de pagar a la municipalidad.

Fueron quienes pidieron la intervención del Estado para garantizarles las tierras y titularse como legítimos poseedores. Ahora que el Estado es el propietario, su futuro es incierto. Para que las tierras les sean otorgadas deben demostrar que no poseen ninguna propiedad y por lo tanto necesitan de la tierra.

A criterio de los dos exalcaldes y actual alcalde, no califican pues varios tienen muchas propiedades, por lo que no serían seleccionados.

Carmen Yol Escobar, presidente de la Asociación de Agricultores del Astillero, afirma que la municipalidad les aseguró que de quedarse con el terreno lo seguirán arrendando, y si el fallo es a favor de la asociación, la municipalidad no interferiría.

“No somos invasores, somos poseedores”, enfatiza Yol. Acusa a la municipalidad por llevar un caso que a su juicio no debió pasar. Y la culpa en caso de que el Estado no les dé posesión legal de las tierras.

Según Paredes y Cubur Escobar, pueden surgir conflictos sociales en caso de que los arrendatarios obtengan la titulación de esos terrenos, pues la población no vería con buenos ojos que se les otorgue a quienes no lo necesitan en realidad.

Cubur Sulá por su parte, acusa a los anteriores alcaldes de no cumplir a cabalidad con su función de proteger los bienes de la municipalidad y de politizar la propiedad del Astillero Municipal.

“¿Por qué Santos no se presentó a las dos audiencias? Porque no quería comprometerse con los arrendatarios. De iniciar las acciones en su debido momento no habríamos llegado a este punto”, alega. “Efraín (Paredes) es abogado, que no hayan llevado un proceso bien documentado, también nos deja mucha duda”. Según él, ambos prefirieron no dar a conocer públicamente el caso para no afectarles electoralmente.

En consenso, los tres temen que, al ser propiedad del Estado, decidan darlo a personas que no son de Sumpango, o tengan otros fines que afecten los bosques y nacimientos de agua que hay en el lugar.

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