El primer paso es que los municipios registren la cantidad de personas que regresan a su territorio.
Foto: La Hora.
Por José Pablo del Águila
Cada año, la población migrante deportada a Guatemala retorna a municipios que no tienen la capacidad para brindarle los servicios básicos requeridos. Esto sucede porque las alcaldías no toma en cuenta a estos ciudadanos para elaborar sus planes de desarrollo municipales, explica Cynthia Loría, directora de la Fundación Avina para Guatemala, a cargo del Programa Regional de Migraciones.
De momento, no hay estadísticas sobre los municipios a donde regresan las personas después de ser deportadas. El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) solo reporta migrantes deportados por lugar de origen, es decir, el lugar donde nacieron.
Según el IGM, el año pasado 1,519 personas deportadas vía aérea de Estados Unidos refirieron a la ciudad capital como lugar de origen. Este fue el municipio con la cifra más alta. Otros son Joyabaj, Quiché con 1,102 y Quetzaltenango, Quetzaltenango, con 759.
José Miguel Benítez, vocero de la municipalidad de Guatemala, afirma que el objetivo de la corporación edil es satisfacer de servicios básicos a todas las personas, sin importar si son migrantes o no. No obstante, aún no tienen cuantificado cuántas personas retornan anualmente al municipio.
Para la directora de la Fundación Avina, si las municipalidades no hacen estos cálculos habrá demanda de servicios básicos insatisfechas.
“Los municipios deben tener en cuenta a la población migrante retornada o refugiada y saber contabilizarla. Porque solo se puede gestionar lo que yo se sabe de qué tamaño es. Si yo gestiono 100 casas pero necesito 200, entonces siempre voy a tener demanda insatisfecha de viviendas y de otros servicios asociados”, afirma Loría.
Uno de los municipios que ya tomó cartas en el asunto es Amatitlán, Guatemala. En 2019 el concejo aprobó una política municipal para la inclusión laboral de los migrantes. Actualmente está en fase de implementación y se espera que otros se sumen a este tipo de medidas, dice Loría.
Poco apoyo
Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales, ve preocupante que las alcaldías no apoyen ninguna política ni beneficio para la población deportada.
“Las municipalidades tienen poca capacidad técnica de registrar a los ciudadanos que llegan (deportados). Los gobiernos locales deben estar involucrados porque (la migración) les representa demandas de educación, salud y servicios”, dice Roldán.
Por su parte, Fernando Cuevas, párroco en Ayutla, San Marcos, donde se encuentra la frontera de Tecún Umán, asegura que muchas de las capacidades técnicas que los migrantes adquieren durante su estadía fuera del país se desaprovechan por no contar con mecanismos para insertarlos al ámbito laboral.
“Algunos han trabajado muchos años en restaurantes y saben cómo lograr una mejor salubridad en la preparación de platillos. Mucha gente trabaja en construcción y tiene experiencia basta en técnicas. Y así en distintas áreas”, comenta el párroco.
