Algunos alcaldes se quejan de que el ministerio de Salud no comparte información sobre la cantidad de casos de COVID-19 que hay en su municipio.
Por José Pablo del Águila
Desde que se detectó el primer caso de COVID-19, el presidente Alejandro Giammattei anunció que el Ejecutivo sería el único autorizado para compartir información sobre los contagios confirmados en el país, aunque esta disposición causa molestia en algunos alcaldes.
Entre quienes han expresado su incomodidad se encuentra Jorge Orellana, alcalde de Guastatoya, El Progreso. “Aquí la dirección de Salud dice que por orden de arriba no podemos hablar, pero el día que se confirme un caso acá yo hablo. A mí no me van a callar”, manifiesta el alcalde.
Su reclamo se extiende a otros municipios, entre estos Amatitlán, donde el pasado 31 de marzo se confirmó el primer caso de COVID-19 con un médico del Hospital Nacional. Luis Sánchez, concejal IV de la comuna, dice que entre los vecinos se levantan rumores, pero ellos no tienen cómo desmentirlos porque con la dirección de Salud no se tiene una buena comunicación.
José Enrique Arredondo, alcalde de Nueva Santa Rosa, El Progreso, comenta que hay una falta de comunicación evidente entre el Ejecutivo y las corporaciones ediles. Ejemplo de ello, dice, es lo sucedido con los túneles de aspersión.
“Aquí nació la idea de los túneles de desinfección. Pero ahora nos viene un oficio de Salud que los quitemos y tenemos que obedecer, ¿qué le costaba decir: este es el líquido que tenemos que usar?”, reclama Arredondo.
Karin Slowing, investigadora social y extitular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), reconoce que no hay una coordinación entre el Gobierno central y gobiernos locales. La actitud del Ejecutivo es de exigir silencio a los jefes ediles.
Slowing considera que la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), más allá de apoyar a los alcaldes, se ha sumado a la represión del Gobierno central contra las comuna para que estas no informen. “El rol de la Anam debería ser salir en apoyo de ellos (los alcaldes) y en defensa de un manejo más coordinado de la crisis”, cuestiona.
No obstante, Miguel Ovalle, presidente de la Anam y alcalde de Salcajá, defiende la exclusividad con la que el Ejecutivo maneja la información. “Hace sentido, se evita el pánico, esa es mi opinión personal”, dice el funcionario.
“Es por mantener el orden”
Carlos Sandoval, secretario de Comunicación Social de la presidencia, dijo que los alcaldes no tienen una prohibición específica para hablar de los casos de COVID-19 en su municipio, pero se deben basar en la información que traslada el Ejecutivo en las cadenas nacionales o través del ministerio de Salud. Argumentó que ha pasado que algunos anuncian casos que, tras realizarse la prueba, resultan negativos, aunque no recordó un ejemplo concreto.
Sandoval comentó que el Ejecutivo no denunciará a ningún alcalde que decida informar por sus propios medios sobre los casos, pero recomendó que se aguarde la confirmación en cadena nacional. “Es un tema de orden y disciplina. Los alcaldes deberían de comprender que es el ministerio de Salud o presidencia quienes tiene que informar”, puntualizó.
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