Aunque las tareas de las municipalidades aún no están definidas en el comité que coordina la estrategia de vacunación, mucha de la responsabilidad recaerá sobre estas.

Por Claudia Palma
La ministra de Salud, Amelia Flores, anunció en el Congreso que estima que 11 millones de guatemaltecos serán vacunados contra la COVID-19 este año. En diciembre su cartera anunció que sería 3.37 millones quienes accederían a las dosis. Una parte, explicó, será adquirida mediante el mecanismo Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (Covax, por sus en inglés) y la otra con las farmacéuticas.
El papel que jugarán las municipalidades en esta estrategia aún se define.
“El Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 se elabora, avanza en un 80 por ciento. Está a cargo del Comité Nacional para la Coordinación de la Vacunación contra la COVID-19. La municipalidad de Guatemala y la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) forman parte de este. El papel de las comunas será fundamental como todo el apoyo brindado para el tema de Covid”, explicó la vocera de la cartera de Salud, Julia Barrera.
Mara Gómez, de la Dirección de Salud de El Progreso, indicó que aún no les informan. “Asumimos que los primeros beneficiarios serán los adultos mayores y los pacientes vulnerables”, dijo. En Acatenango, Chimaltenango, tampoco tienen noticias, aún. “Sería interesante establecer cuál será la logística porque entiendo que requiere de dos dosis su aplicación”, dice Ana Ordóñez, directora del Centro de Salud de ese municipio.
Alcalde consultados indicaron desconocer si serán tomados en cuenta y de ser así cuál será el papel de las comunas en las jornadas de vacunación.
Quiénes van primero
El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), recomendó que la vacuna en ese país se distribuya en tres fases. La primera, incluye al personal médico y de cuidados a largo plazo; la segunda, a mayores de 75 años y trabajadores esenciales como bomberos, policías, maestros entre otros y una tercera a las personas de 65 a 74 años y a los de 16 a 64 años, que por su condición tienden a tener complicaciones por esta enfermedad.
La infectóloga Alicia Chang explica que en Guatemala son los integrantes de la Comisión Nacional para Inmunizaciones los encargados de definir quiénes los grupos de riesgo y quiénes van primero. Ese ente ha dictado con anterioridad políticas de vacunación para sarampión. Todas sus actuaciones requieren de la aprobación del ministerio de Salud.
“Es de urgencia nacional, el hecho que exista un plan, tiene que ser prioritario. Sabemos que en las conversaciones también hay participación de la Organización Panamericana de la Salud OPS en cuanto a insumos de información científica, de los fabricantes, de estudios, no solamente lo que sale publicado, se tiene acceso los datos en bruto”, comenta.
Por su naturaleza, la vacuna de Moderna, que ha sido seleccionada por las autoridades sanitarias, requiere de ciertas condiciones que nunca se han manejado en el país, sin embargo esto no hace imposible administrarla. Y al menos 20 por ciento está asegurada, dice Chang.
La vacuna no estará disponible totalmente este año y dependerá de recursos tanto económicos como legales. Hay que considerar que sea una vacuna cuya logística sea fácil de administrar. “Salud debe informar a la comisión con qué medios se cuenta para el transporte, la logística y almacenamiento de la vacuna o si se contemplará acercar a las comunidades más alejadas para que tengan acceso en los municipios más afectados por la pandemia”.
El Estado no puede comprar para todos, tienen que abrir puertas para que en la iniciativa privada también pueda adquirirse, pero deben establecerse las reglas para administrarla y distribuirla, agregó la infectóloga.