Un tribunal de sentencia penal de Quiché no aceptó que el Ministerio Público acusara por el delito de tortura a dos autoridades comunitarias señaladas de agredir a un periodista departamental.
Por Isaías Morales
El Tribunal de Sentencia de Santa Cruz, Quiché, no admitió que el Ministerio Público acuse por el delito de tortura a Antonio Itzep López y Diego Itzep López. Ambos son señalados de agredir física y psicológicamente al periodista Oswaldo Ical Jom en agosto de 2014.
El reportero realizaba la cobertura por un secuestro de una menor en Uspantán, Quiché cuando dos personas armadas autodenominadas “seguridad comunitaria” lo detuvieron, retuvieron y agredieron bajo amenaza de que confesara ser el secuestrador de la niña, según las pruebas que recabó el MP.
El debate oral y público se reprogramó para realizarse del 20 al 24 de este mes. Este juicio había sido pospuesto en septiembre de 2016, ya que el juez Mario Calderón fue recusado por externar opinión y considerar que el delito de tortura no aplicaba para este caso.
La Oficina Nacional De Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes confirmó en septiembre pasado que Ical fue torturado.
Sin embargo, durante el reinicio del debate el pasado 20 de marzo, la jueza unipersonal de sentencia penal Alma Lissette Herrera Girón rechazó este delito por el cual el MP pretende acusar a los sindicados. A juicio de la juzgadora, esto “solo aplica a funcionarios públicos y no para autoridades locales o comunitarias”.
Los acusados de la agresión contra el periodista son los hermanos Antonio y Diego Iztep, quienes se desempeñaban como alcalde auxiliar y presidente del Consejo Comunitaria de Desarrollo (Cocode) de la aldea Cotoxac, Uspantán (Quiché). El exalcalde de la localidad, Víctor Hugo Figueroa (2012-2016), confirmó en la audiencia del pasado 21 de marzo que ambos sindicados sí ocupan los cargos comunitarios, los cuales fueron autorizados por la administración anterior.
Esteban Celada, abogado de Centro Legal en Derechos Humanos (CALDH) y quien acompaña el caso de Ical, considera que esta acusación “sí puede encuadrarse en el delito de tortura. Los alcaldes comunitarios o Consejos Comunitarios son autoridades por mandato de ley. Sin embargo, esta resolución niega la participación y deslegitima la autoridad que ellos poseen”, expresó.
Celada indicó que Caldh y el periodista Ical Jom, señalaron su inconformidad por la resolución judicial, ya que a su juicio “sí hay pruebas que comprueban el delito de tortura cometido por los acusados”.
Ojoconmipisto buscó conversar con Vicente Chibalá, abogado defensor de los acusados, sin embargo, no fue posible contactarlo tras reiteradas llamadas a su oficina.
Primeras pruebas presentadas
Durante el primero y segundo día de audiencia, los querellantes adhesivos y la Unidad de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público presentaron las primeras pruebas ante el Tribunal.
Entre las versiones se escucharon a Marco Tulio Ical (hermano de Oswaldo), el médico hospital que atendió al reportero y un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quienes confirmaron la gravedad de las heridas que sufrió el comunicador el día de la agresión.
Asimismo, la jueza escuchó las declaraciones de un investigador de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), y dos periodistas de la localidad que presenciaron el hecho.
La audiencia se reprogramó para este 23 de marzo. Mientras que la conclusión de las pruebas podría concluir esta misma semana.
Periodista busca acudir a instancias internacionales
El periodista indicó en su declaración que está dispuesto en llegar hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia por su caso. “No se descarta apelaciones, se podría acceder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que las prácticas de tortura se siguen dando en la región”, indicó su abogado.
El código penal refiere que comete el delito de tortura, “quien por orden, con la autorización, el apoyo o aquiescencia de las autoridades del Estado, cause intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, por un acto que haya cometido o se sospeche que hubiere cometido, o que persiga intimidar a una persona o, por ese medio, a otras personas”.
A quienes se encuentren responsables por este tipo agresiones la ley contempla una pena de prisión de 25 a 30 años.
Otros casos de violencia sufridos
Este no es el único caso en que Ical Jom sufrió violencia mientras ejercía su labor como periodista.
El 28 de noviembre de 2016 fue agredido por un grupo de hombres que habría respondido a intereses de la actual corporación municipal de Chicamán. El reporte presume que el síndico segundo Alfonso Jom Morán pudo haber ordenado la agresión. Este caso está bajo acompañamiento de CALDH y del Procurador de los Derechos Humanos.
El periodista sufrió otra agresión, la cual sucedió en las elecciones de 2015. Unos simpatizantes del Partido Patriota aventaron a Ical de su motocicleta en la que se conducía por Chicamán. ”Dejá de hablar babosadas en la radio”, le dijeron los agresores, según publicó el portal digital Nómada.
