Jueza de asuntos municipales de Santa Lucía Milpas Altas ordena demoler torre de Trecsa

02 diciembre 2021

Se trata de un poste metálico de transmisión de energía eléctrica de alta tensión por no contar con la licencia municipal para su colocación.

La torre en el kilómetro 31.3, aldea Santa Rosa, ruta hacia Bárcenas, Villa Nueva. Foto: Julio Sicán.

Por Julio Sicán

La jueza de asuntos municipales de Santa Lucía Milpas Altas, Dora Yanet Acajabón Monzón, ordenó demoler un poste metálico para transmisión de energía eléctrica, propiedad de Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad Anónima (Trecsa) por no contar con la licencia municipal.

Su resolución también se amparó con lo resuelto por la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que conoció este caso.

La empresa Industrias y Servicios tuvo a su cargo derribarla a las 5:00 del martes 30 de noviembre, agentes de la PMT del municipio detuvieron el tráfico en ese momento. La estructura se encontraba en el kilómetro 31.3, aldea Santa Rosa, ruta hacia Bárcenas, Villa Nueva, jurisdicción de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.

Ana Laura Rojas, comunicadora de la Coordinadora de las Comunidades Afectadas por Trecsa, aseguró que el poste tenía un impacto negativo al medio ambiente, así como a las propiedades comunitarias y municipales. “Ponía en riesgo las fuentes de agua de los territorios”, dijo, pues debajo del tendido eléctrico se poda 30 metros para cuidar el cableado.

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Agregó que la municipalidad actuó apegada a la ley, pues constató que Trecsa no contaba con los respectivos permisos municipales. Los afectados intentaron bloquear la orden del juzgado de asuntos municipales, aunque insistían en poseer los permisos, nunca los presentaron.

Una de las hojas de la resolución de la jueza municipal que ordenó derribar la torre de Trecsa. Foto: Julio Sicán,

El contexto

Rojas sabe de una serie de denuncias en contra de Trecsa acumuladas los últimos años debido a la instalación ilegal de torres de energía eléctrica de alta tensión en 359 comunidades del país. “Es un proyecto que no ha tomado en cuenta la consulta a las comunidades donde se instalaron, como indica el Convenio 169”, precisó.

Dichas irregularidades originaron la organización de Comunidades Afectadas por Trecsa.  “(La empresa) ha incurrido en sobornos, amenazas y criminalización para imponerse en los territorios. Defensores de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil han denunciado estas ilegalidades, sin embargo, hay una debilidad y complicidad del Estado”, puntualizó.

En un comunicado, Trecsa aseguró que el Plan de Expansión del Sistema de Transporte de energía (PET) es un proyecto del Estado de Guatemala ejecutado por ellos, cuyo objeto es ampliar la red de transporte de energía eléctrica del país.

La compañía rechaza cualquier acción ilegal y arbitraria por parte de autoridades municipales que atente contra la infraestructura eléctrica del país, la legislación vigente y sus derechos como transportistas de electricidad. Además, se reserva el ejercicio de los mecanismos legales que considere pertinentes.

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Mirja Valdes

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