Se trata de Carlos Ernesto Choc, del medio Prensa Comunitaria que ha cubierto las protestas contra la la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGC Pronico). Aún le queda un proceso legal por resolver.
Por Enrique García
El Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Izabal, a cargo del Juez Aníbal Arreaga, declaró que no existen elementos suficientes para imputar al periodista, Carlos Ernesto Choc, el delito de instigación a delinquir, el argumento del Ministerio Público (MP) por su supuesta participación en la protesta del 22 de octubre de 2021 en El Estor, Izabal.
La denuncia contra el comunicador maya q´eqchi´ se basó en el testimonio de 13 policías que lo señalaron de causarles agresiones físicas cuando intentaban desalojar a los manifestantes. Choc, junto con otros periodistas comunitarios trasmitieron en vivo la jornada en la que una comunidad de la región solicitaba se le incluyera en el proceso de consulta comunitaria que realizaría el ministerio de Energía y Minas (MEM) para decidir si continuaban o no las operaciones del proyecto Fénix, propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGC-Pronico).
Francisco Vivar, representante del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y abogado del periodista, indicó que se logró convencer al juez de que Choc realizaba una cobertura periodística aquel 22 de octubre. “Se declaró falta de mérito por este caso, pero recordemos que existe otro caso el cual esperamos se resuelva”, indicó el jurista.
Se refiere a un proceso promovido por la misma empresa minera. Las acusaciones iniciaron en mayo de 2017 cuando reportó para Prensa Comunitaria la contaminación del Lago de Izabal, la criminalización en contra de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, y el asesinato del pescador Carlos Maaz.
Choc, de camino a su casa, comentó que este caso que se cerró era por evidencia la represión en contra de las autoridades ancestrales por parte de la empresa minera en 2021. El otro proceso es por parte de empleados rusos de dicha compañía.
“Afecta emocionalmente y en el trabajo. Cuando hay una persecución uno ya no hace su labor con normalidad. La mayoría de los periodistas comunitarios se autocensuran o migran”, dijo.
A partir de estos hechos, la compañía de níquel realizó varias acusaciones en su contra, pese a que inicialmente el Ministerio Público (MP) solicitó cerrar el caso en 2019.
Las organizaciones de Red Rompe el Miedo en Guatemala se manifestaron a favor de la decisión del juzgador, aunque consideraron las acusaciones como represalias al trabajo periodístico que se desarrolla en esa región. “Exigimos el cese de las intimidaciones, amenazas y el hostigamiento judicial contra el periodista”.
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