Fraijanes planeó cobrar por usar cable, hasta que la CC dijo que no

05 abril 2022

La alcaldía dijo necesitar dinero para el desarrollo municipal. Para recaudar más fondos pensaba cobrar mensualmente a las empresas registradas por cada usuario de este servicio.

La medida acordada por el concejo municipal de Fraijanes se desestimó por establecer cobros contrarios a la Constitución. Foto: municipalidad de Fraijanes.

Por Carmen Maldonado Valle

El concejo municipal de Fraijanes, Guatemala, aprobó el 24 de febrero de 2021 su nuevo plan de tasas por licencias de funcionamiento de establecimientos abiertos al público. En su tabla incluía cobrar a las empresas de servicio de cable Q1 por cada usuario suscrito, pero un año después la Corte de Constitucionalidad (CC) responde que este tipo de cargos son ilegales y por lo tanto prohibió a la institución llevar a cabo esta medida.

Cuando la alcaldía acordó el plan, dijo necesitar fondos para contribuir con el desarrollo municipal. Las empresas de cable estarían obligadas a pagar la tarifa cada mes y esto sería sostenible porque, si no lo hacían, no se les permitiría operar en la ciudad.

Ante esto, el abogado Lester Meda Ruano  planteó una acción de inconstitucionalidad ante la CC para impedir el cobro. La Corte, en tanto, no condenó ni aceptó las medidas de la municipalidad, pero le ordenó no exigir el pago mientras se resolvía el caso. Este concluyó el 28 de marzo de 2022, cuando se publicó en el diario oficial el resultado de la deliberación.

De acuerdo con Meda, la razón por la cual esta medida no podía permitirse es su contradicción al artículo 239 de la Constitución. En él se establece el principio de legalidad, por el cual el Congreso es el único facultado para decretar arbitrios, impuestos ordinarios y extraordinarios, y contribuciones especiales cuando el Estado lo necesite. Por lo tanto, una comuna no puede imponer esta medida aunque tenga autonomía.

“Las tasas sí son competencia exclusiva de las corporaciones municipales, pero conllevan una contraprestación del servicio ante quien paga. (…) Tampoco se expone la necesidad de cobrar mensualmente ni la relación entre la licencia y los gastos administrativos para otorgarla”, expone el abogado, entonces se convertiría en exacción ilegal. Según el artículo 451 del Código Penal, los funcionarios que cometen esto son sujetos a uno a tres años de prisión y una multa de Q5 mil a Q25 mil.

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Fragmento de la resolución de la Corte de Constitucionalidad publicado en el diario oficial el 28 de marzo de 2022. Foto: Captura de pantalla.

La alcaldía, si hubiera ejecutado el plan, habría incumplido los requisitos para hacer legal el cobro, pues tras recibir el dinero no habría dado nada a cambio y, aunque puede delimitar las áreas donde funcionan los comercios dentro de la ciudad, no tiene autorización para exigirles una cuota para permitirles operar.

Mientras la CC resolvía, se convocó a las partes a una audiencia. Asistieron el Ministerio Público y Meda, quienes expusieron las razones por las cuales no se podía aprobar la medida en Fraijanes. La municipalidad no asistió ni envió a la corte sus argumentos. 

A decir del vocero de la comuna, Gerson Lucas, el pago no se exigió a los operadores de cable porque se respetó la pausa ordenada por la CC y luego su dictamen. “La idea se formuló como una forma de obligar  a las empresas a registrarse, porque a veces solo operan sin avisarle a la alcaldía. No se planteó con la intención de hacer una exacción ilegal”, justifica.

La municipalidad no tiene actualizado el listado de empresas de cable asentadas en Fraijanes. El registro más reciente es de 2019, por parte de la unidad de control y supervisión de cable del ministerio de Comunicaciones, donde aparecen cuatro compañías.

Esta no es la primera vez que la Corte de Constitucionalidad desestima un cobro municipal. En marzo de 2020, por ejemplo, dejó sin efecto una cuota establecida por la alcaldía de Zacapa, la cual se exigiría a los establecimientos registrados si no renovaban sus licencias de funcionamiento por cualquier razón. Hizo lo mismo con una disposición de Panzós, Alta Verapaz, donde se pretendía cobrar al transporte pesado al ingresar al municipio según la carga que llevara.

Los tres veredictos, a decir de la corte, tienen en común no prestar ningún servicio a cambio del pago, lo cual los convierte en un arbitrio y no una tasa. En ese caso, a quien le corresponde establecer el cobro es al Congreso y, como las municipalidades se atribuyeron esta tarea, sus medidas van en contra de la Constitución.

Te recordamos este video:

https://www.youtube.com/watch?v=-Q8eP77Ka50

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