Mejorar el acceso a la salud es también tarea de las comunas y estos establecimientos representan, además de un ingreso, un modo de aumentar las prioridades de obtener tratamientos.
Por Carmen Valle
El artículo 70 del Código Municipal establece como competencia de las alcaldías la ejecución de programas de salud preventiva. También tiene la obligación de crear una comisión para este tema. Entre sus iniciativas, los jefes ediles erigieron farmacias donde invirtieron Q5 millones y medio desde 2020.
Como toda institución pública o privada, las municipalidades también deben pedir al ministerio de Salud la autorización para operar sus droguerías. Una de las comunas con estos establecimientos es la de San Andrés Sajcabajá, Quiché. Desde 2020, destinó Q40 mil 774 en seis eventos para adquirir medicamentos.
De acuerdo con el personal, en esa ciudad se le llama a la farmacia “venta social”, porque su objetivo es dar un precio accesible a los vecinos. Por lo general se venden genéricos de analgésicos, antialérgicos, vitaminas, prenatales o medicinas para afecciones comunes, como la gripe o la tos. También insumos como termómetros, jeringas, oxímetros, entre otros.
Otra alcaldía con gastos de este tipo es la de Villa Nueva, Guatemala. Durante esta administración ha adjudicado 61 concursos por un total de Q481 mil 317, pues tiene cuatro farmacias ubicadas en puntos de comercio o en edificios dedicados a servicios públicos. De hecho, se planea abrir una más en 2023.
Las droguerías de las dos ciudades pertenecen al Programa de Accesibilidad de Medicamentos (PROAM) del ministerio de Salud. Este convenio, a decir del comunicador de Villa Nueva, Byron Morataya, permite a la institución comprar medicinas a bajo costo para venderlas después a los pobladores a un precio menor en comparación con otros comercios.
En una farmacia municipal de Villa Nueva, por ejemplo, una tableta de Acetaminofén cuesta ocho centavos; mientras, al consultar en otros lugares esta cifra asciende a Q1 o Q1.50. “Sí representa un ingreso para nosotros, pero solo se utiliza para sostener el mismo proyecto. El fin no es lucrar y tampoco podría lograrse, porque el ministerio pone un límite inamovible a cuánto se puede aumentar el precio, según la medicina”, señala Morataya.
Las droguerías no solo están dirigidas a vecinos. En la cabecera de Quetzaltenango, por ejemplo, esta forma parte del pacto colectivo y los trabajadores tienen derecho a comprar allí sus medicinas tres veces al año si lo necesitan. La alcaldía asume la mitad de los costos.
También traen un beneficio para el ministerio de Salud, explica su vocero, Boris Barrios, porque la cartera solo tiene cuatro farmacias propias de PROAM: “El resto de la cobertura de medicinas a bajo costo es posible gracias a los convenios con municipalidades, iglesias y organizaciones sociales. Ellos ponen el local y el personal y nosotros les vendemos el fármaco al costo”.
Así, existen 268 establecimientos de PROAM en todo el país y de ellos, 63 pertenecen a comunas. Estos se ubican en Baja Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jutiapa, Petén, Quiché, Retalhuleu, Sacatepéquez, San Marcos, Santa Rosa, Totonicapán y Zacapa. Quien posee más es la comuna de La Antigua Guatemala, con seis.
PROAM es también el mayor proveedor de droguerías ediles, pues en estos casi tres años sus ventas por medicamentos a gobiernos locales ascendieron a Q5 millones 90 mil 561. El segundo puesto va para Faceta, S. A. con Q225 mil 577, y el tercero para Persy Bonilla Guerra con Q99 mil 38.
En total, las alcaldías invirtieron Q5 millones 583 mil 759 en sus farmacias hasta el 14 de septiembre de 2022. Hay, además, un concurso vigente para adquirir medicinas para la de El Asintal, Retalhuleu. Se trata de una cotización, por lo cual se presupuestan más de Q90 mil para esta compra, y se recibirán ofertas el 20 de septiembre.
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