El reto de las autoridades es medir si el aumento es proporcional al costo real de los combustibles o se aprovechan de la crisis. De momento no se aborda la situación con sustento técnico.
Por Pilar Rodríguez
El alza en el precio de los combustibles causó no solo preocupación en redes sociales sino caravanas y protestas en la ciudad de Guatemala.
El aumento alcanzó la toma de decisiones municipales: el viernes 20 de marzo (2026), la municipalidad de Mixco anunció Q1 más a la tarifa de pasaje en TransExpress. Es provisional, dijeron, mientras se regulan los precios. Sin embargo dio marcha atrás.
De acuerdo con el economista Luis Pablo San José, la razón del alza se debe a “factores externos que no pueden ser controlados” ya que Guatemala es importador net” del petróleo. “El precio internacional del crudo se disparó por la incertidumbre entre Irán e Israel, y los problemas en el Estrecho de Ormuz”, comentó.
Pese a esto, instituciones como el Ministerio de Economía (Mineco) tomaron acciones para evitar la especulación de precios por parte de los proveedores.
Lo que está en las manos de autoridades
“El caso de Mixco es crítico”, dijo San José. “El intento de subir un pasaje basado en el precio del Diesel, muestra cómo esto puede golpear al usuario final”.
El economista evaluó que la falta de una propuesta técnica dejó a Mixco a merced del transporte informal. Al ceder a las presiones sin un plan alterno, la municipalidad permitió que se cobren tarifas arbitrarias a los vecinos.
También propuso las siguientes rutas de acción desde el Gobierno central para atender el alza de precios:
- Los subsidios temporales y específicos: El Congreso podría discutir un subsidio para el Diésel que impacte directamente en el transporte de carga, alimentos. Es el que se utiliza para vehículos de trabajo.
- Fortalecer la fiscalización: Al momento de existir bajas internacionales, que estas se trasladen al consumidor local con rapidez. El gobierno puede denunciar si existe alguna fijación de precios. Es necesario mantener los procesos de revisión y monitoreo de precios.
Desde el 17 de marzo, el Mineco y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), anunciaron más de 70 denuncias interpuestas por incrementos injustificados en varios establecimientos.
Agregó que el Ministerio de Energía y Minas debe informar de forma masiva, en dónde se puede encontrar el precio más barato del producto para forzar a la competencia.
Una mala estructura de mercado induce a especulación
La especulación, explicó San José, puede verse como el aprovechamiento de la incertidumbre por parte de los agentes económicos para tener una ganancia extraordinaria. “No son precios que suben por una escasez real sino por el miedo a una futura”, afirmó.
Se ve como una anticipación en los precios de combustibles y algunos productos básicos. “Muchos distribuidores, a pesar de contar con inventarios que compraron antes de la escalada del conflicto, cobran hoy un “precio de guerra» por un producto que se obtuvo antes. Lo que permite ganar por encima de la utilidad normal”, analizó. Esto afecta la canasta básica y genera una inflación «artificial» que no responde precisamente a la oferta y demanda.
San José advirtió que la falta de competencia permite que los proveedores impongan sus precios. “En mercados con pocos competidores, las empresas tienen el control total para fijar lo que el consumidor debe pagar», reconoció.
Además, explicó el concepto de costo de reposición: el importador sube el precio del producto porque sabe que el próximo lote será más caro y necesita el flujo de caja para seguir surtiendo. “El reto de Mineco y la DIACO es tener la capacidad de medir si ese aumento es proporcional al costo real o un aprovechamiento de la crisis”.
