Las prácticas no sostenibles en el manejo de los recursos, de a poco disminuyen la disponibilidad de agua y contribuyen con el aumento de las temperaturas en las ciudades.
Por Carmen Valle
El cambio climático ya está aquí y aunque por el momento hay al menos 12 departamentos donde se ubica el corredor seco, de a poco este se amplía. Para 2030, dentro de siete años, los lugares ya incluidos en él sufrirán más y al menos un departamento se unirá a este grupo caracterizado por la disponibilidad reducida de agua.
En Guatemala, según la investigadora, Gabriela Fuentes Braeuner, no existen lugares áridos, pero sí hay áreas semiáridas o subhúmedas secas, a las cuales se conoce como corredor seco. Entre sus características comunes se encuentran el riesgo de inseguridad alimentaria al tener menos recursos para riego, una vida corta para las plantas y largos períodos de sequía seguidos por temporadas de lluvias intensas que pueden causar inundaciones.
Hasta ahora, estas condiciones están en municipios de Huehuetenango, Totonicapán, Quiché, Chimaltenango, Baja Verapaz, El Progreso, Guatemala, Zacapa, Chiquimula, Escuintla, Jalapa y Jutiapa. “Abarcan el 3 por ciento del país, mientras el resto es húmedo, pero para 2030 subirá hasta un 9 por ciento y para 2050, 28 por ciento”, explica Fuentes. Y quienes más sufrirán serán los últimos seis departamentos.
Las áreas semiáridas y subhúmedas secas se extenderán en esos departamentos donde ya existen, pero también se prevé que un nuevo lugar se unirá: Quetzaltenango. “Esto ocurre en parte porque el ser humano altera la temperatura y la precipitación como resultado de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Hay prácticas no sostenibles, como la deforestación, la extracción de leña o el mal manejo del estiércol en las zonas ganaderas”, sostiene la ingeniera, Jackeline Brincker.
Entre las causas de esta ampliación ambas citan la destrucción de los bosques, el mal manejo de la tierra, el sobrepastoreo, la falta de conocimientos sobre clima y técnicas agrícolas, los incendios, entre otras.
Esto aumenta el riesgo de pérdida de los terrenos productivos que alimentan y generan ingresos familiares y aumento en los precios de la canasta básica porque al haber menos cosecha encarecen los productos. También se prevé un aumento del hambre y la desnutrición, más dificultad para conseguir agua y el alza en migración por necesidad de empleo.
Sin marcha atrás
A decir de las investigadoras, no es posible combatir estos efectos porque las variables ya están alteradas y las consecuencias están presentes en el país. Sin embargo, se deben establecer prácticas de adaptación ante estos cambios y se debe mejorar la gestión gubernamental para evitar que las áreas semiáridas y subhúmedas se extiendan con mayor rapidez.
Desde las municipalidades, de acuerdo con Brincker, “no se necesita tener menos infraestructura, pero sí pensar en una más amigable. Si van a adoquinar, por ejemplo, pueden utilizar materiales donde se permita la infiltración del agua para tener recarga hídrica”, dice. También insiste en la necesidad de planes de ordenamiento territorial para regular el uso responsable del suelo.
Fuentes y Brincker también destacan la importancia de conservar los bosques, manejar adecuadamente los barrancos y extender la cobertura de vegetación. De ese modo se regulará el clima y habrá menor escorrentía (agua que circula en un terreno y se contamina). Según la primera, hay evidencia de que en las ciudades puede existir una diferencia de temperatura de entre 0.5°C hasta 4°C cuando se favorecen los espacios verdes y no solo obra gris.
A la fecha, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Guatemala es el país centroamericano que más sufre las consecuencias de estos fenómenos: al menos 1.5 millones de personas necesitadas de asistencia humanitaria, 915 mil personas con inseguridad alimentaria, 200 mil toneladas de maíz y frijol perdidas y 7 millones de dólares de déficit en financiamiento para atender estos efectos.
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