Esta es la continuación de «Lo que no funciona en Quetzaltenango contado en tres partes». El servicio de transporte urbano se resiste a realizar verificaciones de sus unidades porque la mayoría está en mal estado.
Por Shirlie Rodríguez / Stereo100
Las 19:00 horas de una noche entre semana, un bus sin identificación de la ruta que cubre su recorrido. “Tomamos el bus en la zona 1, pero al llegar a la rotonda de la zona 2, se levantaron unos hombres y nos gritaron que era un asalto”. Este es el relato de un estudiante de regreso a casa con su amiga, después de una jornada de universidad.
“Me tiré del bus, detrás de mí otras personas, en ese momento no nos importó lastimarnos”. Al levantarse observó el momento en que desviaban el vehículo con el resto de pasajeros. No supo más. “Ví cuando los asaltantes saludaron al piloto, no puso resistencia, parecía que sabía qué camino tomar”.
Historias como esta suceden de día y de noche en Quetzaltenango donde circulan 850 buses del servicio urbano, según la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ). Desconocen a cuántas personas movilizan día a día. Se norman por el mismo reglamento de 1989, el cual no establece parámetros de identificación de pilotos ni el buen estado de las unidades.
Diego Morales, síndico y presidente de la Comisión de Transporte y Vialidad, confirma que existen pandillas que operan dentro del servicio urbano, por eso los propietarios de las unidades se resisten para que la comuna regule las rutas, el pago e identifiquen a los conductores.
Durante la administración del alcalde Luis Grijalva se intentó normar en 2016: iniciaron con los estudios para crear el reglamento para establecer la forma de trabajo con los buses y se tuvo acercamientos con transportistas para comprar nuevas unidades. Se creó una mesa técnica que incluía a sociedad civil, municipalidad, transportistas y empresarios para encontrar una solución al servicio deficiente, pero solo quedó en intento.
El transporte urbano lo dirigen empresas, coordinadoras y personas individuales, algunos de ellos se resisten a verificaciones de las unidades porque temen confirmar el mal estado de las mismas. Estuardo Miranda es representante de la Coordinadora de Transportes de Quetzaltenango, en 2012 inició las gestiones para modernizar el servicio. La tarea la realizaba junto con el exsíndico Carlos Illescas, ligado a proceso penal por actos de corrupción; por ello, no dieron seguimiento.
Desde el inicio de la gestión de Grijalva, el síndico Morales preside la comisión, pero “por la falta de firmeza y que no sabían a dónde llegar”, dice, esto quedó en la misma situación: en nada. “Los funcionarios asignados a estas comisiones caen en corrupción y empiezan a recibir dinero para autorizar rutas y unidades nuevas. Esto genera inseguridad, abusos, asaltos, secuestros y violaciones… no está regulado”, lamenta Miranda.
Hay resistencia de los transportistas, incluso al jefe de la PMTQ, Diego Meckler, por accionar con base al reglamento actual. “Les he dicho a varios transportistas que hay plata para pagar los abogados, pero no para reparar sus vehículos”, insiste Morales.
Por cada unidad de transporte deben pagar Q50 mensuales, cuota establecida como un aporte, la cual no están obligados a pagar porque no está establecido como arbitrio. Estos ingresos podrían llegar a representar Q1 millón para las arcas municipales según la comisión de transportes.
El exalcalde Rigoberto Quemé Chay resalta que las autoridades municipales que llegaron después de su gestión (1996 a 2004) no atendieron el tema del transporte a tiempo para modernizarlo. Tampoco se crearon las condiciones para que los empresarios invirtieran en este sector. “Lo digo con seriedad y responsabilidad, el transporte urbano está manejado por maras, la delincuencia se ha apropiado del transporte urbano en Quetzaltenango”, resalta Quemé.
La Municipalidad de Quetzaltenango y la Gobernación Departamental trabajan en conjunto con la División Nacional contra el Desarrollo Criminal (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC) para dar seguimiento a las denuncias no solo de robos, sino también de extorsiones. El gobernador departamental, Julio César Quemé, lo reiteró: Hay pilotos que conducen sin la documentación necesaria y algunos tienen antecedentes delictivos.
En junio pasado se reportaron 86 capturas por delitos de robo y hurto, según la PNC de Quetzaltenango; no separa los hechos delictivos ni donde ocurrieron, solo ofrece el dato consolidado.
El joven que narra cómo escapó de un asalto a bus no figura en esa cifra. Igual no lo habría denunciado, dice. En los datos hay subregistro.
AQUÍ PUEDES LEER EL CAPÍTULO III: Los mercados de Quetzaltenango son un reflejo del municipio
