Por donar un terreno y elaborar estudios para proyectos no ejecutados, la entidad solicitó al exjefe edil que realice el pago, aunque esto aún debe ser confirmado por un juez.
Por Carmen Maldonado Valle
En el ejercicio fiscal de 2020 la Contraloría General de Cuentas (CGC) solicitó que el exalcalde, Carlos Alfonso Mazariegos Ramírez, reintegre Q323 mil 326 a la comuna de San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, por irregularidades ocurridas durante su gestión. Este se excusó ante la entidad, pero no desvaneció las acusaciones.
En 2014, cuando Mazariegos no estaba en el puesto, el cementerio comenzó a quedarse sin espacio y los vecinos solicitaron a la alcaldía uno nuevo, cuya construcción costó Q1 millón 449 mil 819, según Guatecompras. “Se hicieron las calles, los muros y todo, pero no se pudo usar porque el ministerio de Salud no lo aprobó”, cuenta el actual director de planificación, Alfredo Santos.
La edificación no contaba con todos los estudios necesarios para habilitarse, como indica el informe de la CGC y esta institución, de hecho, multó al jefe edil de ese entonces con Q12 mil. Los años pasaron y en 2017, cuando Mazariegos ya estaba en el cargo, el cementerio seguía sin funcionar, entonces él donó 782 metros cuadrados del terreno al ministerio de Gobernación para que construyera allí una subestación de la policía.
En esas tierras había soleras, calles y parte del muro de contención del cementerio, en lo cual se invirtieron Q233 mil 276 en 2014. Mazariegos usó el artículo 33 del Código Municipal como justificación, porque este faculta a las autoridades municipales para velar por la integridad del patrimonio y, a su criterio, la decisión se tomó para cumplir ese fin.
“Se hizo por el beneficio social para el municipio. La policía no tenía un edificio en buenas condiciones y eso dificultaba la atención a los vecinos, entonces les donamos el terreno para que edificar uno nuevo”, dijo el extitular de la comuna. “Con todo respeto para el auditor, pero usted valoró más el dinero que las ventajas para la vida de los habitantes (…). Una persona visionaria sí lo vería bueno”, añadió.
Al no contradecir el hallazgo con documentos a su favor, la Contraloría lo confirmó y solicitó un reintegro para la municipalidad. Este, según el artículo 68 de la ley orgánica de la CGC, se puede pedir al determinar que “el patrimonio público de las instituciones, entidades o empresas sujetas a fiscalización sufrió pérdida o menoscabo en el manejo de su hacienda”.
A decir de la Contraloría en el informe de auditoría de 2019, durante ese año la comuna pagó Q480 mil 152 por estudios de planificación y diseño para ocho proyectos. Estos, sin embargo, no se llevaron a cabo.
Las iniciativas eran el remozamiento de un centro turístico, la construcción de dos cementerios, la pavimentación de calles y modificaciones al alcantarillado. De acuerdo con Mazariegos, se realizaron las evaluaciones a petición de Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode) y no se hicieron los trabajos ese año porque se planeaba llevarlos a cabo al año siguiente. Pero tampoco se incluyeron en el Plan Operativo Anual (POA) de 2020, de acuerdo con la CGC.
La Contraloría solicitó entonces al exjefe edil pagar Q160 mil 050 a la municipalidad para reparar por estos gastos. También responsabilizó a la exdirectora de planificación, Oly Mérida, y la exdirectora financiera, Marlin Bautista, por esto, entonces recibieron la misma penalización. Si los tres hacen el reintegro, se cubrirá el total invertido en los estudios.
“No materializamos esos planes en 2020 porque no estaban en el POA hecho por la administración pasada. Ahora tratamos de retomarlos, pero no se puede hacer todo a la vez porque sus planes son muy caros y no todos son factibles”, dice Santos, el director de planificación actual.
La alcaldía solicitó este año los dictámenes de los ministerios de Ambiente y Salud para saber si los proyectos son viables. “Aún debemos revisar los estudios realizados hace dos años. Si están bien hechos y se adecúan a las circunstancias actuales de los terrenos evaluados, los podemos usar. Si no, tenemos que hacerlos de nuevo”, agrega.
Lo determinado por la CGC aún no es definitivo, sostiene el subcontralor de calidad del gasto público, José Ramírez Crespín: “La Contraloría presentó el caso con las pruebas para un juicio de cuentas. En este el acusado también puede mostrar sus documentos de descargo y el juez debe resolver”.
Si el juez confirma el hallazgo, especifica cuánto tiempo tiene el implicado para saldar la deuda. También puede autorizar un convenio de pago para dividirlo en cuotas, pero esto queda a su criterio.
Ojoconmpisto llamó a Mazariegos, quien dijo “disculpe, pero no tengo tiempo para platicar”. Él ocupó el cargo por primera vez en el período 2004-2008 con el Partido de Avanzada Nacional y se reeligió en 2016 con Lider.
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