La decisión responde a la falta de margen político del Gobierno frente al Congreso, en 90 días entrará en vigor. Cinco alcaldías serán las más afectadas.
Por Pilar Rodríguez
El Ejecutivo sancionó este viernes 28 de agosto el Decreto 18-2026, que reforma la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI). Para los economistas Ricardo Barrientos y Erick Coyoy, la decisión evidencia la falta de margen político del Gobierno frente al Congreso y abre un panorama incierto para las municipalidades que dependen de este tributo.
La reforma, que entrará en vigor en 90 días, establece una tasa cero para los inmuebles de uso residencial, vivienda y uso mixto. Este cambio afectará de forma directa a las alcaldías que concentran la mayor recaudación nacional de este impuesto.
A criterio de Coyoy, exviceministro de Finanzas, la sanción del decreto responde a una negociación política. El economista señala que, ante un Congreso que se ha negado a aprobar solicitudes clave del Ejecutivo —como la restitución del subsidio a los combustibles—, el Gobierno pudo asumir el costo de esta ley como un canje necesario para buscar futuros acuerdos legislativos.
Tenemos esta nota: Reformas del Minfin para proteger datos frenan la fiscalización
El Ejecutivo cedió a presiones
Evidencia la debilidad política del Ejecutivo al no contar con una bancada mayoritaria. “Creo que es una especie de canje que el Gobierno termina por hacer debido a su debilidad y a la necesidad de hacer alianzas con la oposición”, explicó.
Recordó que el Congreso ya demostró su capacidad para impulsar leyes pese a la oposición presidencial. Ante esta falta de respaldo, el Ejecutivo pudo tener pocos incentivos para vetar el decreto y prolongar el enfrentamiento con los diputados.
Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), también considera que el Ejecutivo cedió ante las presiones políticas y dejó en segundo plano los criterios técnicos tributarios. Antepuso intereses políticos a una evaluación técnica sobre los efectos de la reforma.
“La legislación tributaria se está volviendo un juguete de políticos que ya de facto, casi, están en campaña electoral”, señaló.
Las cinco alcaldías que dependen del IUSI
El impacto de la reforma no será igual para las 340 municipalidades del país. En 2025, cinco municipios concentraron el 66.3 % de la recaudación nacional del IUSI. Se trata de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Santa Catarina Pinula y San Miguel Petapa. Enfrentarán el mayor riesgo de perder ingresos propios.
Para Barrientos, el efecto más importante se concentrará en estas cinco municipalidades. El impuesto representó más del 10 % de los ingresos de 16 municipalidades en 2025.
El director del Icefi señaló que el decreto no elimina por completo el IUSI. Los inmuebles de uso comercial continuarán sujetos al impuesto y la reforma crea una nueva fuente de recursos para las municipalidades a través del timbre fiscal aplicado a las segundas y posteriores compraventas de inmuebles.
Desde el instituto que dirige, considera probable que los ingresos del timbre fiscal no compensen la reducción del IUSI en los municipios que concentran la mayor recaudación.
Para las municipalidades con poca recaudación de IUSI, la situación podría ser distinta. Barrientos indicó que cerca de 300 alcaldes incluso podrían recibir beneficios de la nueva distribución de recursos por el timbre fiscal.
A su criterio, la reforma puede profundizar la dependencia de las municipalidades respecto del Gobierno Central y de los Consejos Departamentales de Desarrollo. “Esto agudiza la posición acomodada de los alcaldes de no gestionar su presupuesto de ingresos”.
El efecto también alcanzará la distribución de recursos
Coyoy considera que el cambio tendrá otro efecto sobre las finanzas municipales. La fórmula para distribuir algunos aportes del Gobierno Central toma en cuenta los ingresos propios de las municipalidades. El cálculo matemático. Con la eliminación del IUSI para las viviendas, la composición de estos ingresos cambiará y eso podría alterar la distribución del situado constitucional.
Aunque cinco municipalidades enfrentarán la mayor pérdida directa, el cambio en la fórmula podría afectar la distribución de recursos para otros municipios. Coyoy considera que las alcaldías más afectadas deberán revisar sus presupuestos para decidir qué proyectos podrán mantener y cuáles deberán financiar con otras fuentes.
Las municipalidades que destinan estos recursos a gastos recurrentes enfrentarán un problema mayor. También deberán revisar los proyectos de inversión que dependían del IUSI.
La vía legal que podrían tomar las municipalidades
La sanción del decreto no necesariamente cierra la discusión. Coyoy considera que las municipalidades afectadas podrían plantear una acción de inconstitucionalidad una vez que la ley entre en vigencia.
Barrientos tampoco descarta recursos legales.Considera que las deficiencias técnicas de la reforma podrían dar argumentos jurídicos a las municipalidades que sufran una reducción significativa de sus ingresos.
Choque por interpretación legal
El decreto establece una tasa cero para las viviendas, pero mantiene una tabla de tasas para los inmuebles de uso comercial y “otros usos”. El Icefi advierte que la categoría “otros usos” podría incluir, en términos formales, los inmuebles destinados a vivienda.
Barrientos mencionó esta contradicción como una antinomia jurídica. Un propietario puede interpretar que su vivienda tiene una tasa cero, mientras una municipalidad puede considerar que el inmueble forma parte de la categoría de “otros usos” y que debe pagar el impuesto.
Barrientos mencionó que el alcalde de Mixco ya se pronunció sobre la posibilidad de interpretar la norma de esa manera.
Si una municipalidad decide aplicar la tasa del IUSI a las viviendas, los propietarios también podrían iniciar acciones legales contra la decisión municipal.
El próximo año mostrará el efecto real
La reforma no elimina de inmediato la obligación de pagar el IUSI. El decreto entrará en vigencia dentro de 90 días, los contribuyentes todavía deberán cumplir con los pagos correspondientes mientras la normativa actual siga vigente.
El próximo año mostrará con mayor claridad el efecto de la reforma sobre los presupuestos municipales. Según Coyoy, la medida obligará a las municipalidades más afectadas a buscar otras fuentes de financiamiento, redistribuir sus recursos o suspender proyectos que ya no puedan cubrir.
La sanción del decreto deja una contradicción política: el Ejecutivo aprobó una norma que cuestionó por sus efectos fiscales, pese al impacto en los ingresos de las grandes alcaldías. Para Barrientos, el Gobierno evitó una discusión técnica frente a un Congreso que ya le imponía decisiones.
La consecuencia de esa decisión la enfrentará ahora cada municipalidad. Las alcaldías tendrán 90 días para evaluar el impacto, ajustar sus expectativas financieras y decidir si su respuesta al nuevo decreto será política, presupuestaria o judicial.
