La iniciativa no establece maneras claras de fiscalizar los fondos, si en realidad lo dedicarán a temas de mujer o a actividades sociales, como hasta ahora.
Por Pilar Rodríguez
Desde el Congreso buscan de nuevo reformar el Código Municipal. Esta vez, para que cada municipalidad asigne a las Direcciones Municipales de la Mujer el 7% de lo que corresponde al Situado Constitucional. Esto, de forma obligatoria.
El proyecto reformaría el segundo párrafo del 96 bis de la norma. Agrega: “el presupuesto asignado debe ser específico” y “por ningún motivo podrá variar, disminuir o tergiversar, sin apartarse de las finalidades de lo que estatuye la Constitución Política en el ámbito de la Mujer”.
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La norma actual establece que a dicha dependencia debe asignársele un mínimo del 5% del presupuesto que proviene del Situado Constitucional.
Silvia Trujillo, socióloga, debate la redacción de la iniciativa; no es clara, dice. También cuestiona la manera en la que se podrá auditar el gasto de estos recursos.
“Si no está en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), esto obliga a pedirlo por Información Pública. Sabemos muy bien que las municipalidades la utilizan de forma bastante discrecional”, matiza. Se pregunta de qué forma garantiza que los recursos se utilicen para las mujeres y no para otros gastos.
“Como ciudadana, lo mínimo que espero es que si se va a hacer una reforma de esta naturaleza, que implica presupuestos, venga bien redactada y con detalles explícitos para evitar que los fondos se usen de manera discrecional”, finaliza.
Invertido en otras compras
La iniciativa fue firmada por las diputadas Marleni Matías (UNE), Sofía Hernández (Vamos), Lucrecia Samayoa (Bien) y Lucrecia Palomo (Partido Unionista).
Dentro del proyecto, las diputadas ponentes explican que las prioridades de las Direcciones deberán incluir la inversión para programas sociales de combate a la desnutrición y proyectos de desarrollo social y económico de las mujeres.
Según Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), la mayoría de municipalidades asignan más del 5% de su presupuesto a la dependencia.
Aura Vargas, quien fue concejal en la municipalidad de Teculután, Zacapa, por cinco periodos seguidos, califica la iniciativa como “buena”.
“Cuando yo estuve era el 5%, el cual jamás dieron”, recuerda. “Compraban sillas, refacciones para eventos de Día de la madre y los colocaban en ese rubro”.
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