La entidad fiscalizadora presentó 51 acciones penales menos que el informe anterior. Su respuesta es que no todo debe centrarse en este tipo de procesos, sino también en que se reintegre el dinero.
Por Isaias Morales
La Contraloría General de Cuentas presentó los hallazgos de la auditoría que corresponden al presupuesto de 2021 contra las municipalidades y consejos de desarrollo. El resultado principal es que las denuncias presentadas ante el Ministerio Público se redujeron en un 71 % comparado con el ejercicio fiscal 2020.
El año pasado se presentaron 20 acciones penales versus las 71 del examen anterior (2020). De hecho, esta cifra se ha redujo desde la llegada al cargo de Edwin Salazar, contralor hace tres años. En la administración anterior de Carlos Mencos se presentaron en promedio 90 anuales que corresponden a 2015 y 2018.
En total la entidad fiscalizadora accionó contra 14 municipalidades. Entre estas resalta la de Villa Canales, Guatemala; Nebaj, Quiché; Lanquín, Alta Verapaz; y San Juan la Laguna, Sololá.
Esta última fue denunciada por la Contraloría, determinó que el alcalde, Flavio Yojcom, por contratar a sus familiares en la municipalidad durante sus primeros dos períodos en el cargo entre 2004-2012. También detectó irregularidades en la compra de un terreno. El monto de las supuestas ilegalidades asciende a Q2.2 millones.
En otro caso el concejal de Nebaj, Vicente Marcos Gallego, fue señalado de utilizar maquinaria de la alcaldía en una propiedad privada para efectuar trabajos de limpieza y movimientos de tierra durante 2020.
Sobre por qué no todas son denuncias, las actuales autoridades de la Contraloría explicaron que no solo se trata de este tipo de procesos para judicializar, sino también buscan recuperar el dinero que se realiza mediante informes de cargos.
En 2021, se pidió reintegrar un total de Q 4 millones 162 en 20 municipalidades por supuestas irregularidades detectadas. Por ejemplo, La Antigua Guatemala deberá reintegrar Q80 mil por pagar con fondos públicos las multas ante la Inspección General del Trabajo, lo cual sucedió durante la administración de Susana Asensio.
Otros alcaldes, en cambio, solo pagarán una multa, según señala el informe. Es el caso de Neto Bran, cuya única sanción en la auditoría de presupuesto será de Q3 mil Q141 por tener un reglamento de mercados de 1979 que los auditores consideran desactualizado y no se ajusta a los tiempos actuales.
Uno de sus logros que resaltó la Contraloría es que con las nuevas normas de control interno que promueven también previenen la corrupción, entre estas implementar un código de ética.
De acuerdo al subcontralor, José Ramírez Crespín, al menos seis de las 340 alcaldías ya la entregaron con medidas para que los empleados y funcionarios se desempeñen apegados a las leyes del país. Barberena y Guatemala son dos de esas comunas.
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