Contraloría General de Cuentas crea aplicación móvil para realizar denuncias

24 mayo 2021

Está disponible para teléfonos con sistema operativo iOS y Android. Entre sus funciones los ciudadanos podrán verificar el estado o avance de la información proporcionada.

Para descargar la aplicación en su celular puede buscarla con este nombre o escanear el código QR. Foto: Contraloría General de Cuentas.

Por Carmen Maldonado Valle

La Contraloría General de Cuentas (CGC) lanzó la aplicación Denuncia Ciudadana, cuya descarga es gratuita. Su función es simplificar la manera en que los guatemaltecos reportan anomalías financieras o administrativas en las entidades públicas.

De acuerdo con la portavoz de la institución, Mónica Monge, la CGC designó 2021 como año de ética y probidad. Para impulsarlo, dice, “las personas no deberán moverse de donde realizan el trámite, tampoco habrá filas y solo tomará unos minutos y así la idea de alertar puede tener mayor aceptación”.

Al instalar el sistema, los usuarios pueden acceder al menú donde sus opciones son realizar una denuncia o consultar el estado de reportes anteriores. Al elegir la primera, deben indicar el nombre, puesto y entidad donde trabaja la persona a acusar, además del departamento y municipio donde se encuentra.

Después se debe describir la presunta falta, si tienen, pueden adjuntar documentos, fotografías o cualquier prueba para la investigación. Después es necesario ingresar el nombre, identificación, teléfono y correo electrónico del denunciante. Estos datos no se comparten, pero se requieren con el fin de hablar con la persona si la CGC tiene alguna duda sobre el caso.

Al finalizar, el usuario recibirá un código junto a una clave de acceso para consultar el estado del reclamo. El sistema guardará un registro de todo lo que haga la misma persona.

Información que deben proporcionar los usuarios de la aplicación. Foto: captura de pantalla.

La dirección de atención a denuncias ciudadanas de la subcontraloría de calidad del gasto estará a cargo de procesar los reportes. En ella trabajan 12 personas quienes enviarán a unidad de investigación correspondiente.

Si se acusa a empleados de una alcaldía, por ejemplo, se enviará a la dirección de auditoría de municipalidades; si se trata de una adjudicación anómala, a la dirección de auditoría de obra pública. De acuerdo con la CGC, a nivel nacional hay 1 mil 823 trabajadores en estas dependencias.

“Este recurso sí puede impulsar la cultura de denuncia, pero no generará mayor impacto si en el país no se aprueban programas de protección a quienes alerten sobre corrupción”, advierte Edie Cux, director de Acción Ciudadana. “Facilita los medios para decir la verdad, pero es necesario que el Congreso emita una ley donde se establezca como se resguardará la identidad, la familia, la seguridad o lo requerido por los informantes si están en riesgo”, añade.

A decir de Cux, el intento más cercano por implementar un programa para brindar seguridad a los denunciantes ocurrió en 2004, cuando se presentó la iniciativa 3129. Se pretendía hacer reformas el sector justicia y entre los cambios estaba el inicio de un programa de protección a testigos.

Según el sitio web del Congreso de la República, el proyecto legislativo fue leído en el pleno el 23 de febrero de 2005. Desde entonces, no se ha planteado nada similar.

En la aplicación de la CGC se puede reportar a entidades públicas para determinar si incurrieron en faltas financieras o no cumplen con los procesos administrativos para adjudicar obras o transparentar su ejecución presupuestaria, como consta en el decreto 31-2002. Para saber más sobre qué investiga la institución, se puede consultar la sección de atribuciones en su portal electrónico.

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