La exigencia sobrecargó a su personal e hizo incurrir en gastos de viaje y tiempo quienes ejercerán cargos públicos a partir del 15 de enero.
Por José Pablo del Águila
Durante las dos primeras semanas de enero, cientos de empleados y candidatos electos de corporaciones ediles viajan desde distintos municipios de todo el país para tramitar su finiquito.
El pasado 9 de diciembre, la Contraloría General de Cuentas (CGC) emitió un acuerdo mediante el cual les exige a todas las personas que ejercerán como funcionarios o empleados municipales que gestionen el documento con fecha 2020.
Muchos de ellos que ya lo habían obtenido en diciembre, como Jorge Juárez, trabajador en la comuna de Santo Domingo, Suchitepéquez, debieron volver a la sede de la institución fiscalizadora, en zona 13, de la capitalina.
“Yo vine en diciembre, pero pidieron que sea de 2020. Estoy desde las cinco de la mañana (hacienda cola)”, refirió.
Adolfo de León, electo concejal suplente segundo de Sibilia, Quetzaltenango, llegó a las 8:00 horas a la CGC y esperaba salir a las 16:00 horas. Expresó su descontento por la disposición ya que les toca incurrir en gastos de dinero y tiempo en los viajes desde sus zonas de residencia hasta la capital.
Según personal administrativo de la CGC, las colas de personas que desean obtener finiquito empiezan desde las 3:30 de la madrugada. A las 9:00 se abren las puertas y dejan de repartir números a las 16:00. La jornada se acaba a las 22:00 horas.
Un acuerdo ilegal
Alejandro Balsells, abogado constitucionalista, afirma que es ilegal que la Contraloría exija finiquito para que los ciudadanos electos asuman el cargo. La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) es la única que puede habilitar o inhabilitar a alguien para ejercer un cargo de elección popular.
“El finiquito es para optar a cago público y si ya fue electa la persona no puede ser inhabilitada por una denuncia impuesta por un contralor. Es es ilegal”, dijo Balsells.
La consecuencia de esta medida es que se reducen las oportunidades de participación política. Esto es antidemocrático, agregó.
Erick Coyoy, analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), considera que la intención de la CGC fue determinar si los futuros empleados y funcionarios municipales fueron denunciados en los últimos meses. Sin embargo, esto no se puede saber ya que algunas comunas no fueron auditadas.
Ojoconmipisto intentó comunicarse con Mónica Monge, asesora del despacho. Sin embargo no brindó atención en una visita que se hizo a la institución y tampoco respondió mensajes ni llamadas a su celular.
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