El Congreso citará el 2 de junio a la comisión postuladora para elegir al próximo Contralor General de Cuentas, quien fiscalizará el uso del dinero público.
Por Natalie Samayoa
El presidente del Congreso, Luis Contreras, anunció que este 2 de junio convocará para conformar la comisión de postulación para elegir al próximo Contralor General. A quien sustituirá a Frank Helmuth Bode Fuentes en octubre de este año (2026)
El artículo 233 de la Constitución establece que la Contraloría General de Cuentas (CGC) es la institución a cargo de fiscalizar los ingresos y gastos de la nación. También vigila fondos del Estado y supervisa obras, verificar contratos, compras y sanciones.
De ahí que sea clave para la transparencia y el manejo de los recursos del país elegir a la persona para el cargo. En año preelectoral, dirigirá la entidad que emitirá los finiquitos que permiten a candidatos participar en procesos electorales.
La importancia de la CGC
Erick Coyoy, analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), explica que la CGC es la única entidad del Estado a cargo de fiscalizar cada gestión pública. Debe verificar que los recursos se conviertan en mejores servicios para la ciudadanía.
Considera que “uno de los grandes retos que tiene la Contraloría, que hasta el momento no se cumplió a cabalidad, es verificar la calidad de la inversión”.
Coyoy sostiene que “si no cumple su papel, los recursos terminan en proyectos de mala calidad, deficientes o inconclusos, como el paso a desnivel en la calzada Roosevelt”. La institución, dijo, “tiene que jugar un papel más activo para verificar que todo el gasto se realice con eficiencia y transparencia”.
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¿Qué se necesita para ser contralor?
La persona al frente de la CGC ocupa el cargo durante cuatro años, debe presentar dos informes al año sobre su gestión y no puede ser reelecto. Para optar al puesto, la ley exige ser guatemalteco, mayor de 40 años, contador público y auditor, además de contar con al menos diez años de ejercicio profesional.
El artículo 4 de la Ley Orgánica de la CGC establece que la institución debe combatir la corrupción, revisar las cuentas de empresas que realizan obras públicas y el seguimiento físico de obras públicas e infraestructura en cualquier etapa.
Para Coyoy, la CGC debe “verificar que los trabajos cumplan condiciones técnicas, que exista uso correcto de materiales y que la obra tenga una vida útil acorde al costo que se pagó”. Además, el artículo 13 indica que el contralor debe dirigir la institución, supervisar a su personal e imponer sanciones.
Así funciona la elección
La comisión de postulación se integra por un representante de los rectores universitarios, decanos de facultades con la carrera de Contaduría Pública y representantes de colegios profesionales.
Tras la convocatoria del Congreso, la comisión recibe expedientes y elabora la nómina final con seis aspirantes para elegir al próximo jefe, quien puede ser destituido por negligencia, delitos o falta de idoneidad.
José Ramírez Crepin integró la comisión de 2022 y asegura que la fase técnica cuenta con controles y análisis estrictos. “La comisión de postulación hace un trabajo profesional. Analiza expedientes, verifica requisitos y evalúa desempeño profesional”.
Por su parte, Coyoy menciona que el contralor también influye en procesos electorales por el tema de los finiquitos. No obstante, advierte que “en procesos pasados se ha visto manipulación. Esta institución define quién recibe o no finiquito y eso puede incidir en la inscripción de candidatos”. El siguiente contralor debe actuar “en compromiso con la transparencia y evitar arbitrariedades al momento de extender los finiquitos”, afirma.
Las municipalidades son auditadas por la CGC
Las comunas manejan recursos provenientes del aporte constitucional, IVA-PAZ y fondos para desarrollo, los cuales financian proyectos en todo el país. Los 340 alcaldes firman de manera constante contratos para ejecución de obras, por lo que la supervisión es clave.
Es fundamental que la Contraloría verifique el cumplimiento de todos los procesos de ley en la firma de contratos, pero también que los proyectos se realicen con la calidad, según el economista. “Obras de beneficio real para la población y no solo negocios que favorezcan a quienes se involucren en el contrato”.
Asimismo, el analista señala fallas en el sistema actual. “El problema es que existe mucha discrecionalidad por parte de los auditores para elegir qué operaciones fiscalizar y cuáles no. Como no pueden cubrir el 100 % de compras y gastos, trabajan por muestras, pero ellos deciden qué transacciones entran y cuáles quedan fuera”, explica.
Lo que está en juego
El nuevo contralor asumirá funciones en octubre. Su gestión influirá en áreas clave para el país, como las auditorías al uso de los recursos públicos lo cual incluye a las municipalidades y la emisión de finiquitos de cara a las próximas elecciones generales.
Coyoy señala que uno de los principales riesgos es la elección de una persona cercana a intereses políticos. “Es lo que hemos visto en las últimas administraciones de la CGC y la consecuencia es que no se hace una correcta fiscalización del gasto público”.
Crespín coincidió en la importancia de esta decisión. “La transparencia del país está en juego”.
