La disputa por las tierras aún no tiene solución. Mientras tanto, no hay acceso a ellas, los desechos se acumulan en otro sitio y hay una denuncia activa ante el Ministerio Público.
Por Carmen Maldonado Valle
En la cabecera de Chiquimula hay un vertedero de desechos sólidos. Se ubica en un sitio registrado por la alcaldía como uno de sus ejidos, es decir, un campo común en la ciudad inscrito a su nombre, pero en marzo de 2022 dejó de llevar allí sus residuos porque un vecino afirma que las tierras en realidad son suyas.
Esta historia comenzó en 2010, cuando la municipalidad inauguró allí su botadero y, además de preparar el suelo, construyó los accesos hacia él. “Antes de eso, las personas no se interesaban por el lugar porque era muy difícil entrar y salir, pero luego empezaron a preguntar cómo obtener un terreno allí porque el camino estaba hecho”, cuenta el actual concejal I, Alfredo Moscoso.
Uno de los habitantes interesados era Juan Carlos Ortiz, a decir de la comuna, quien en marzo de 2022 cercó el terreno y no permite la entrada de los camiones recolectores para depositar los desechos porque asegura ser el verdadero dueño del lugar. Según Moscoso, cuando se pidió al vecino mostrar los documentos para probar su derecho sobre la tierra, no los llevó, mientras sí hay papeles donde consta que se trata de un ejido municipal.
“Tal vez alguien fingió ser el dueño y así hizo la transacción. A veces la gente se deja llevar porque un abogado sella la declaración de alguien cuando afirma tener un terreno, pero decir no es igual a demostrar”, añade el concejal I. Ahora, sostiene, Ortiz exige a la alcaldía tener los derechos de administración del botadero para obtener ingresos por recibir los residuos de ciudades cercanas, como Camotán.
Al notar la instalación de cercas y cadenas, el concejo municipal denunció ante el Ministerio Público al vecino por usurpación. Mientras el caso se resuelve, los desechos de Chiquimula no van hacia el vertedero, sino terminan en otro ejido.
Un problema común
Según el abogado Edgar Ortiz, la presunción de propiedad de un espacio por varias personas no es una dificultad aislada en Guatemala, pues es común no registrar por desconocimiento del tema, falta de presupuesto para los trámites o porque no se acostumbra. En algunas comunidades se reconoce como dueño a quien ha heredado la tierra trabajada por sus ancestros, incluso si estos no dejaron papeles, pues el resto de vecinos es testigo de quiénes han vivido allí.
Como estos problemas no son inusuales, en el país existe la ley de titulación supletoria, la cual faculta a quien posee tierras en estas circunstancias para abrir un juicio donde demuestre ser el dueño a pesar de no tener escrituras. Las pruebas se obtienen a raíz de testimonios o cualquier otra fuente legítima.
Aun así, una de las condiciones para obtener el título de propiedad en estas condiciones es demostrar haber poseído el espacio durante al menos diez años de forma continua, pacífica y de buena fe, como se lee en el artículo 1 de esa ley. “El ‘de buena fe’ significa muchas cosas. Una, poder documentar al menos con testimonios cómo una persona compró o heredó un lugar y no solo lo invadió. Dos, no haber despojado a otro de lo suyo”, señala Ortiz.
En el caso de Chiquimula, el abogado resalta la importancia de reclamar el terreno (por cualquiera de las partes) para regular su estado. Si el vecino cumple con las condiciones, puede solicitar un juicio de titulación supletoria. Si la alcaldía, por su parte, tiene documentos donde se registra el ejido, puede solicitar un juicio civil para poder entrar de nuevo al vertedero. En cualquier caso, la autoridad deberá escuchar a ambas partes y revisar sus pruebas.
Después de tres semanas de cierre, la situación del botadero aún no se aclara y la alcaldía notificó a la cartera de Ambiente su plan provisional: llevar los residuos a otro sitio hasta tener la resolución por parte de un juez. “Autorización de un vertedero allí no hay, porque no existen permisos provisionales, pero notificamos al ministerio y este ha ido a supervisar. No podíamos hacer otra cosa, porque nos íbamos a quedar sin dónde poner basura”, asegura el concejal I.
Al preguntarle cómo se manejan los desechos en un suelo no preparado para ello y sin estudios de impacto ambiental, dijo que se compactan con máquinas y tierra. Aunque admite la inexistencia de condiciones idóneas para este botadero temporal, espera ver el caso resuelto en poco tiempo para regresar a la normalidad.
Para esta nota se intentó consultar al jefe edil, Rolando Arturo Aquino Guerra, quien lleva 22 años no consecutivos en el cargo, pero no contestó las llamadas. También se buscó la versión de Juan Carlos Ortiz, pero en el número telefónico dado por la comuna no hubo respuesta.
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