Ambas instituciones consideran que habilitar el Centro de Atención Materno Infantil de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez, es cuestión de voluntad política.
Por Pilar Rodríguez
Hay un expediente que documenta desde 2023 las gestiones para construir el Centro de Atención Integral Materno Infantil (CAIMI) en Antigua Guatemala, Sacatepéquez. Todo desde 2023. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), le entregó una copia a Diego Toledo, el diputado oficialista.
En el documento consta lo que se pudo constatar en una visita a las instalaciones: la obra no está concluida. Para las autoridades de Salud el motivo es la falta de voluntad de la municipalidad que ha impedido finalizar el proceso.
En julio de 2023, el MSPAS inició las gestiones para desarrollar el proyecto y delegó a la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud (DRIS) de Sacatepéquez la suscripción de un convenio con la alcaldía de La Antigua Guatemala.
En octubre de ese mismo año, el concejo municipal aprobó otorgar en usufructo por 50 años del inmueble destinado al funcionamiento del CAIMI. Un mes después, el Salud solicitó ampliar el convenio para incluir también el Centro de Salud por una razón: mientras el terreno no fuera trasladado legalmente al MSPAS, la municipalidad continuaría siendo responsable de su mantenimiento.
En 2024, el Ministerio realizó una inspección técnica a la obra y emitió un informe con 11 observaciones que debían corregirse antes de recibir el proyecto.
Centro de Salud, cerrado
Durante la fiscalización realizada por el diputado Toledo, el director departamental de la DRIS de Sacatepéquez, Raúl Baiza, explicó que el complejo del CAIMI fue concebido en tres fases: el módulo materno infantil, la urbanización y un nuevo Centro de Salud.
El actual Centro de Salud permanece cerrado debido a que desde hace dos años y medio existen dictámenes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), y de Salud que lo declaran inhabitable por daños estructurales. Tras la secuencia sísmica registrada hace un año se clausuraron las instalaciones para resguardar la seguridad de pacientes y del personal.
Aunque el edificio permanece cerrado, los servicios de salud se prestan en establecimientos cercanos como el Hospital Nacional Pedro de Betancourt.
Convenio sin concluir
Baiza explicó que el objetivo inmediato del Ministerio es habilitar temporalmente el módulo materno infantil mientras se concluye la última fase del proyecto. Sin embargo, esto depende de que la municipalidad finalice el convenio de usufructo y atienda las observaciones técnicas pendientes.
Recordó que durante la administración municipal anterior de Víctor Hugo Del Pozo Coronado, del partido Todos, se aprobó un convenio para otorgar en usufructo por 50 años el terreno al Ministerio de Salud. Pero la siguiente administración, la de Juan Manuel Asturias (comité cívico Futuro) no dio continuidad al proceso.
«Es únicamente finalizar el convenio», afirmó Baiza. Aunque debido al abandono de la infraestructura, ahora existen nuevas reparaciones que deben realizarse, entre ellas mejoras a la acometida eléctrica para garantizar el funcionamiento del establecimiento.
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El director de la DRIS aseguró que Salud incluso presentó una propuesta para adaptar temporalmente el módulo materno infantil, como Centro de Salud mientras termina el proyecto. Pero la municipalidad no ha respondido.
Señaló también que el terreno aún es propiedad municipal, por lo que el Ministerio no puede intervenir ni poner en funcionamiento el edificio hasta que concluya el proceso legal.
Con la entrada en vigor del Decreto 13-2025, que reformó el artículo 30 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, el Estado ya no necesita que una municipalidad, entidad descentralizada, autónoma o una comunidad indígena ceda, done o transfiera un terreno para ejecutar obras de infraestructura o equipamiento en ese inmueble.
Ahora basta con suscribir un convenio o un acta administrativa, o un acta de asamblea comunitaria en el caso de tierras indígenas, para que las instituciones públicas puedan invertir, mientras la propiedad del terreno continúa perteneciendo a su titular original.
Baiza y el diputado José Diego Toledo atribuyeron el atraso del CAIMI a la falta de voluntad del alcalde y del Concejo Municipal para finalizar el convenio con el Ministerio de Salud. Además, señalaron que persisten deficiencias heredadas de la administración que le antecedió, la de Víctor Hugo Del Pozo (partido Todos), que el actual alcalde Asturias, no ha corregido. Al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta de la municipalidad de La Antigua Guatemala.
El expediente
La documentación remitida por el MSPAS al Congreso también muestra que en 2025 las gestiones se concentraron en regularizar la propiedad del terreno. Ese año se realizaron reuniones entre autoridades municipales y del Ministerio para analizar la donación del inmueble. Mientras, los Consejos Comunitarios de Desarrollo (cocodes) solicitaron formalmente al alcalde ceder el terreno al Ministerio debido a que el Centro de Salud actual fue declarado inhabitable.
Sin embargo, en septiembre de 2025 la Secretaría Municipal informó que no existía registro de que el área donde se ubican el Centro de Salud y el CAIMI hubiera sido otorgada en usufructo, lo que volvió a retrasar el proyecto.
En enero de 2026, la asesoría jurídica del Ministerio solicitó de nuevo a la alcaldía realizar las acciones necesarias para concretar la donación del terreno y permitir la finalización del CAIMI.
Gobernación señala inacción de la municipalidad
La gobernadora departamental de Sacatepéquez, Angelina Aspuac, aseguró que desde 2024 la Gobernación da seguimiento al proyecto mediante reuniones con el Ministerio de Salud, autoridades municipales y representantes comunitarios, sin que se logre destrabar el proceso.
Según explicó, cuando asumió el cargo el CAIMI ya había sido entregado, pero aún requería inversiones para cumplir con las especificaciones técnicas exigidas por el Ministerio. Sin embargo, el principal problema era que el terreno aún era propiedad de la Municipalidad, lo que impedía que la cartera de Salud invirtiera recursos en la infraestructura.
«Era muy fácil resolverlo», afirmó Aspuac. Tenían dos alternativas: que la municipalidad ejecutara las mejoras pendientes o que otorgara el inmueble en usufructo o donación a Salud para realizar las adecuaciones y equipar el edificio. Pese a la intervención de Gobierno central y múltiples mesas de trabajo para agilizar el proceso, la comuna nunca concretó ninguna de las dos opciones. «Del lado de la municipalidad nunca hicieron nada, ni se movieron».
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Aspuac indicó que tanto los cocodes como organizaciones de la sociedad civil solicitaron en reiteradas ocasiones impulsar la habilitación del CAIMI, pero el proyecto permaneció detenido.
En una de las reuniones las autoridades municipales argumentaron que el proyecto se encontraba judicializado por una denuncia, por lo que no podía intervenir. Tras verificar la información, determinaron que esa versión era falsa. «Nos dijeron que ya estaba en manos del Ministerio Público y que no se podía tocar. Después descubrimos que no estaba judicializado», recordó.
La infraestructura continúa deteriorándose pese a la inversión pública realizada. «Son varios millones de quetzales tirados prácticamente en la basura». Aspuac también responsabilizó a la administración municipal por la falta de avances y consideró que el problema responde a una decisión política.
La municipalidad ha manifestado desconfianza hacia la obra por haber sido ejecutada durante la administración anterior y ha señalado posibles irregularidades. No obstante, la gobernadora afirmó que, si existían indicios de corrupción, correspondía denunciarlos formalmente, o bien poner en funcionamiento el proyecto.
«Una de dos: o denuncian y dan a conocer todas las irregularidades, o echan a andar el proyecto. Pero no hicieron ninguna de las dos», finalizó.
