El Decreto 50-2016 Ley del Presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos de la Nación para el ejercicio fiscal 2017, aprobado por el Congreso en noviembre, incluye normas presupuestarias con las que los 340 alcaldes tendrán más control sobre la obra física que ejecutarán durante el próximo año desde los Consejos de Desarrollo.
Por Manuel Ordóñez
El Presupuesto de 2017 le otorga a las municipalidades la facultad de manejar los recursos de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes), una potestad que antes tenían los gobernadores y que a partir de enero pasará a los alcaldes.
Según explica el diputado Carlos Barreda, quien formó parte de la Comisión Legislativa de Finanzas durante el año 2016, el artículo 48 modifica el mecanismo de pago y será la Tesorería Nacional la que hará los desembolsos directamente a las alcaldías para que paguen la construcción de obra física.
“Se abre una cuenta para pagar directamente y que no sea el gobernador el que extienda los cheques, como actualmente sucede. Con esto se va a evitar que el gobernador extorsione a los alcaldes o pida comisión a cambio de las obras de consejos de desarrollo, algo que ocurría frecuentemente”, dijo Barreda.
Sin embargo, Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), considera que esta medida no le quita del todo el poder a los gobernadores.
“Se sabe que daban un primer cheque, y cuando los alcaldes regresaban por la otra parte del desembolso, no lo daban hasta que se les diera una comisión. Ahora ellos ya no tienen la chequera, pero sí tienen la potestad de autorizar o no los desembolsos por parte de Finanzas”, explicó el jefe edil. Escobar añadió que dependerá de los alcaldes si presentan o no la denuncia correspondiente para que esto ya no limite la posibilidad de ejecutar obras.
¿Qué rol tendrán los gobernadores?
Por ley, el gobernador conserva la función de supervisar los avances físicos y financieros de las obras de los consejos de desarrollo. Él autoriza los desembolsos, pero ya no es quien paga. La Tesorería de Finanzas Públicas entregará el dinero directamente a las alcaldías por la ejecución de las obras.
La Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) indicó vía electrónica que la incorporación del aporte de los consejos a la modalidad de Cuenta Única del Tesoro permitirá a Finanzas un mayor control de los desembolsos que se efectúan para la ejecución de las obras. Estos se realizarán a través de los sistemas informáticos del Estado, luego de verificar el avance físico de los proyectos.
Una oportunidad de transparencia
El Ministerio de Finanzas explicó que hará el pago de avances de obra física a las municipalidades por medio de una transferencia electrónica y se administrará a través de una Cuenta Única del Tesoro.
Los desembolsos se harán a solicitud del Consejo Departamental de Desarrollo y el proceso será de manera progresiva.
Esta medida permitirá fortalecer la transparencia en el uso de los recursos y también hará mas ágil las transacciones financieras de los proyectos municipales.
Todos los procedimientos de priorización, verificación, evaluación y control de los proyectos de Consejos Departamentales de Desarrollo se mantienen sin ningún cambio.
Este gráfico explica cómo era y cómo será el procedimiento de desembolso de recursos a partir del 2017:
Podrán concluir proyectos de arrastre
El presupuesto 2017 estipula, además, que las comunas podrán pedir una ampliación presupuestaria con el objetivo de concluir obras inconclusas del período anterior.
Esta norma permitirá pagar obras de arrastre del consejo de desarrollo de 2016 hasta en un 30 % equivalente del monto asignado. Los fondos serían de caja y banco.
La ampliación podrá hacerse con fondos provenientes de bienes de extinción de dominio, donaciones, por préstamos que estén en ejecución y no tengan espacio presupuestario, y por obras de arrastre del consejo de desarrollo con fondos asignados.
La ventaja de esta disposición es que los alcaldes podrán disponer de recursos para terminar obras de arrastre del 2016, sin utilizar los fondos asignados al 2017 para pagarlas.
“Este fenómeno empezó en 2008, con la crisis económica mundial. Desde entonces se han acumulado aproximadamente 1,500 obras que quedaron abandonadas por falta de ejecución”, asegura el diputado Barreda.
Segeplan explica que el Decreto 50-2016 establece que solo se cubrirá hasta el 25 por ciento de su asignación total de 2016 para financiar obras que quedaron como arrastre, y que para ser elegibles, la Contraloría de Cuentas y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia deben verificar que dichas obras cumplan con los requisitos establecidos en esa norma.
La disposición permitirá que las obras que no se finalizaron en 2016 y que cumplan con los requisitos señalados, puedan concluirse al cumplir con los compromisos adquiridos con las comunidades y así evitar pérdida de recursos por obras inconclusas. Esto también permitirá mantener la cartera priorizada por el Sistema de Consejos de Desarrollo en sus diferentes niveles para 2017 para Salud, Educación, Agua y Saneamiento.
