Alcaldes podrían comprar sin licitar hasta Q2 millones, según nueva iniciativa de reformas

30 mayo 2022

La comisión de Finanzas del Congreso espera reunirse con la directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y tener los dictámenes técnicos del ministerio de Finanzas y Segeplan.

La Comisión de Finanzas del Congreso será la única sala de trabajo que conocerá la iniciativa de reformas a la Ley de Contrataciones del Estado. Foto: Congreso de Guatemala.

Por Enrique García

A un año de que el Ejecutivo vetara las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto 4-2021) aprobadas por el Congreso, el pasado 26 de abril, la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, entregó a Dirección Legislativa una nueva de propuesta de cambios a la normativa.

A diferencia del último proyecto, este contempla solo modificaciones a las municipalidades y empresas municipales. El principal cambio se relaciona a la presentación de ofertas por medio de cotizaciones: si la comuna o empresa municipal no recibe ofertas en un plazo determinado para la compra de bienes, obras, suministros o remuneración de los servicios por un monto entre Q900 mil a Q2 millones, podrán realizarla de manera directa.

Esta modalidad, según la Ley de Contrataciones, obligaría únicamente a que las comunas reporten al sistema de Guatecompras la recepción del bien o servicio adquirido. Esta adhesión al párrafo del artículo 41 “Presentación de cotizaciones” no lo incluía la última propuesta vetada.

La iniciativa también refiere que el alcalde, gerente o funcionario a cargo de empresa municipal, podrá autorizar compras por montos que no excedan de los Q2 millones. Arriba de ese monto tendría que autorizarlo el concejo municipal. En la actualidad la ley de Contrataciones en su artículo 9 detalla que solo pueden autorizar adquisiciones por menos de Q900 mil.

Rivera se acompañó de varios diputados, entre ellos Manuel Conde Orellana, uno de los aliados del Gobierno central.

Las otras reformas

El proyecto de ley en la Comisión de Finanzas del Congreso incluye reformar los plazos de las convocatorias para licitar a partir de la fecha de publicación en Guatecompras: hasta 20 días calendario, no 40 como se aplica actualmente para las municipalidades.

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También buscan modificar el artículo 43 relacionado a las compras de baja cuantía y directa. De aprobarse, los alcaldes podrán realizar adquisiciones entre Q100 mil a Q200 mil, y no Q25 mil a Q90 mil como lo contempla la actual legislación. La propuesta agrega que deben realizar modificaciones también al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en un plazo máximo de un mes.

Luis Compa, coordinador de la Red Nacional de Comisiones y Colectivos de Transparencia, indicó que con esta iniciativa, el Gobierno pretende congraciarse con los alcaldes ya que con estas reformas pareciera que se le otorga un botín de recursos públicos a los ediles y con ello garantizar un apoyo para el siguiente proceso electoral. “Esto va más encaminado a lograr mantener las estructuras políticas del partido oficial y sus aliados”, refirió el entrevistado.

En tanto, el presidente de la sala de Finanzas, Cándido Leal, sugiere: “la iniciativa es un capítulo especial para municipalidades y hacer más ágil la Ley de Contrataciones pues los actuales párrafos la hacen muy ambigua”.

Según el congresista, el dictamen aún no se ha aprobado porque se espera la opinión técnica de Finanzas, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y una reunión con la Directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).

Compa declaró que es desde la modalidad de adquisiciones por cotización y licitación en donde se encuentran los mayores focos de corrupción. Ello genera un escenario propicio para que a través de recursos públicos financíen la siguiente campaña electoral.

La Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL), en un comunicado señaló que dicha iniciativa no plantea cambios ni reducciones de controles, lo cual crearía dos sistemas paralelos de contrataciones, uno para el Gobierno central y otro para las municipalidades. “Este cambio carece de sustento e implicaría un debilitamiento de las capacidades de fiscalización del uso de los recursos”, se lee.

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