Alcaldes electos pueden perder finiquito en cualquier momento

19 noviembre 2019

Esta solvencia termina en el momento en que la Contraloría General de Cuentas (CGC) detecta irregularidades en el manejo de fondos públicos por parte de un funcionario.

El alcalde de Salcajá, Rolando Miguel Ovalle, se ha quejado de que la Contraloría funciona como un banco de extorsión cuando los jefes ediles intentan hacer uso de su finiquito. Foto: Municipalidad de Salcajá.

 

Por José Pablo del Águila

 

En estas elecciones 273 jefes ediles intentaron reelegirse, pero solo 84 lo lograron. Para participar como candidatos, la ley electoral los obligó a tramitar ante la Contraloría General de Cuentas (CGC) la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos mejor conocida como finiquito.

Este garantiza que las personas que han administrado fondos públicos no tengan reclamación de cargos o juicios pendientes.

La Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos (artículo 16 inciso b) establece que esta certificación debe estar vigente para optar a un nuevo cargo público.

 

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¿Cuándo se revoca un finiquito?

 

Edgar Ortiz, director jurídico de la Fundación Libertad y Desarrollo, explicó que se puede anular si después de extender el documento, la CGC detecta malos manejos de fondos públicos por parte de los candidatos electos.  Y no hay ninguna garantía de que eso no vaya a suceder antes del 15 de enero, fecha en que los nuevos jefes ediles tomarán posesión.

Ortiz recordó el caso de Edgar Rolando Zamora. Él fue electo diputado por el partido Viva en las elecciones de 2015, pero no pudo asumir el cargo porque la CGC presentó una denuncia en su contra el 6 de enero.

En el caso de jefes ediles, el concejo municipal debe verificar si al 15 de enero, no tienen ningún reclamo pendiente de la Contraloría.

Erick Coyoy, analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), considera que la Ley de Probidad que regula el finiquito no establece normas claras sobre el tiempo que tiene validez. Ello da lugar a que la Contraloría aplique criterios “discrecionales” y genera incertidumbre. Se cree que el finiquito vale seis meses, pero la ley no lo dice así, indica.

Ambos opinan que la ley debería de reformarse y ser más clara en este tema.

Ojoconmipisto consultó a la CGC. El equipo de comunicación  informó que trabajan un proyecto para aclarar el tema, pero no darán detalles hasta que se culmine.

 

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