Las multas no son proporcionales a los delitos de los que se acusa a los vecinos de Petapa. Más parece una represalia por manifestar, opina un abogado experto en derechos humanos.
Por Pilar Rodríguez
“Confiamos en que el alcalde Mynor Morales no actúe legalmente en contra de quienes manifestaron en contra del pozo de Prados de Villa Hermosa”, fueron las palabras de Maritza España, en una entrevista a Ojoconmipisto. Ella es vecina de San Miguel Petapa.
El 20 de junio (2025), España fue notificada de que un juez municipal dio trámite a una sanción administrativa y una denuncia penal en su contra. Osmin Revolorio Corado, el juez, firmó el acta. Certificó que el caso contra la vecina se podrá remitir al Ministerio Público y a la Procuraduría de los Derechos Humanos.
La acusa de violar el derecho humano al agua. Además, la sancionó con dos multas, una de Q200 mil por contravenir una orden acordada por el Concejo Municipal, y otra de Q250 mil por no acatar el Reglamento Forestal de San Miguel Petapa.
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Ese mismo viernes 20 de julio, la fanpage de la municipalidad publicó que 15 vecinos fueron notificados de sanciones administrativas por los mismos delitos que España. Todos fueron acusados de los mismos desacatos.
Perversión jurídica
El abogado experto en derechos humanos, Javier Urizar, indica que la sanción impuesta contra los vecinos es una «perversión jurídica». Según él, se violaron disposiciones legales relevantes. «Un juez municipal no puede imponer sanciones de oficio. El Código Municipal es claro en garantizar el debido proceso: darle audiencia a los vecinos acusados y permitirles presentar pruebas para defenderse”.
Urizar cita el artículo 154 de la norma: «ninguna persona podrá ser objeto de sanción sin que se le haya citado, oído y vencido en atención a la infracción que se le impute». En este caso, el juez no hizo eso, sino que simplemente resolvió imponer una multa sin siquiera escucharles.
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En la resolución el juez municipal dice que las vecinas fueron «auxiliadas de potenciales mareros». Es una acusación que asegura Urizar, no tiene fundamento, pues en el documento no se presentan pruebas de ello. La multa impuesta viola el principio de proporción en las sanciones, que también fija esta ley.
El juez a cargo, dice que se sanciona por «plantar árboles sin autorización», pero omite mencionar si la municipalidad tenía autorización para talar los árboles de la forma en que lo hizo.
“Bajo ninguna medida el protestar contra un proyecto municipal es una violación a derechos humanos, y mucho menos algo constitutivo de delito”, opina Urizar. “Es claro que esta resolución municipal es ilegal y destinada únicamente a amedrentar a los vecinos”.
Agredidos por protestar
En una nota anterior, Ojoconmipisto reportó sobre el descontento popular mostrado por los vecinos de sectores de Prados de Villa Hermosa. Las protestas acabaron en agresiones por parte de empleados municipales hacia los manifestantes.
Este medio intentó contactar al alcalde de la comuna, Mynor Morales Chávez, para corroborar si los funcionarios municipales habían sido sancionados por la violencia contra las y los vecinos. Hasta el cierre de esta nota, luego de llamadas y mensajes, no se obtuvo respuesta.
Según España, vecina del municipio, no tienen conocimiento de que a los trabajadores acusados los hayan sancionado.
