Tomamos el memorando de entendimiento que firmaron Guatemala y Reino Unido. Destacan cinco puntos. En común todo son exploraciones para algún día instalar un Metro Riel.
Por Mauricio Alvarez
El Metro Riel figura entre las 13 formas de transporte para mejorar la movilidad en el área metropolitana. El 9 de julio (2026), Guatemala y Reino Unido firmaron un acuerdo de cooperación para desarrollarlo.
El convenio fue suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, y la embajadora del Reino Unido en Guatemala, Juliana Whitfield. Tiene fecha de caducidad el 9 de julio de 2031. Durará cinco años, tiempo en el cual ambas partes impulsarán este tipo de transporte en la ciudad capital.
Lo que establece el acuerdo
El convenio señala que Guatemala y el Reino Unido colaborarán para fortalecer el desarrollo de infraestructura sostenible y resiliente, con énfasis en sistemas de transporte masivo para el área metropolitana. El área metropolitana la habitan 1.8 millones de personas y se movilizan por trabajo más de 1.7 millones, según la municipalidad de Guatemala.
Ambos países acordaron intercambiar conocimientos técnicos, compartir experiencias en planificación ferroviaria, promover programas de asistencia especializada e identificar oportunidades de financiamiento para proyectos de interés común.
El acuerdo también contempla la participación de empresas británicas en las áreas donde exista interés mutuo, así como la creación de un grupo de trabajo integrado por representantes de ambos gobiernos. Tendrá la responsabilidad de coordinar las acciones previstas en el convenio, reunirse cada seis meses y dar seguimiento a los proyectos prioritarios.
No garantiza la construcción del Metro Riel
Uno de los aspectos que establece el acuerdo es que su firma no implica el inicio de la construcción del Metro Riel ni crea obligaciones legales para ejecutar el proyecto.
En el apartado denominado «Estatus», el convenio indica que no genera derechos ni obligaciones jurídicas para los gobiernos participantes ni para terceros. También establece que cualquier diferencia relacionada con su interpretación o aplicación deberá resolverse mediante consultas entre ambas partes y no podrá someterse a tribunales nacionales o internacionales.
Ronald Peláez, investigador del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de la Universidad de San Carlos de Guatemala, explicó que ese apartado define el alcance del convenio. La firma del documento no significa que la construcción del Metro Riel haya sido aprobada.
«No garantiza la construcción de este sistema, sino un proceso de ver las alternativas. No solo se habla del Metro Riel sino también de otros sistemas de transporte masivo para el área metropolitana», afirmó.
El investigador recordó que el proyecto ferroviario ha sido planteado por distintas administraciones durante los últimos años. «Lo novedoso es la firma del acuerdo con el Reino Unido, un nuevo Estado que ofrece apoyo y financiamiento para concretar la obra», indicó.
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El financiamiento
El acuerdo establece que ambos gobiernos colaborarán para identificar mecanismos de financiamiento para el Metro Riel y otros proyectos de infraestructura. Como parte de ese proceso, el convenio hace referencia a UK Export Finance (UKEF), la agencia de crédito a la exportación del Reino Unido. La misma manifestó interés en apoyar proyectos considerados prioritarios para Guatemala.
Sin embargo, el documento aclara que cualquier apoyo económico estará sujeto al cumplimiento de los requisitos legales, financieros, de política y de debida diligencia establecidos por UKEF. El convenio tampoco establece un monto específico para el Metro Riel ni define la modalidad bajo la cual podría concretarse ese financiamiento.
Peláez explicó que los recursos son uno de los aspectos que deberán definirse para el desarrollo del proyecto. Añadió que el apoyo ofrecido por Reino Unido deberá concretarse mediante los mecanismos establecidos en el convenio y conforme a la legislación guatemalteca.
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«Tendrán que seguirse los procesos que correspondan. Si se trata de un préstamo, habrá que cumplir con los procedimientos establecidos en la legislación del país. Todavía hay etapas que deberán desarrollarse antes de que esos recursos puedan concretarse», señaló.
El investigador también se refirió al apartado que menciona de “un límite de 5 mil millones de libras esterlinas para UKEF”, equivalente a 51 mil millones de quetzales. Explicó que esa cifra no corresponde a recursos asignados al Metro Riel, sino al monto máximo de exposición financiera que la agencia británica puede respaldar en Guatemala.
«La población tal vez puede pensar que ya nos dieron esos 5 mil millones de libras, y no. Es un tope máximo al que puede recurrir ese financiamiento», dijo.
Establece confidencialidad
El acuerdo exige a ambos gobiernos guardar confidencialidad sobre la información compartida y usarla únicamente para los fines del proyecto. Aunque la cláusula no especifica qué documentos o información serán considerados como tal. Solo establece reglas generales para el tratamiento de la información que ambas partes intercambien durante el desarrollo del convenio.
El acuerdo también prevé excepciones. Si alguna de las partes está obligada por su legislación nacional, una resolución judicial u otra disposición legal a divulgar información relacionada con el convenio, deberá informar previamente.
Sobre este aspecto, Edie Cux, experto en transparencia y lucha contra la corrupción, explicó que el artículo 30 de la Constitución Política de la República establece que los actos de la administración pública son públicos. Únicamente existen excepciones relacionadas con asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional.
«Hay intercambios directamente con el país y aún existe una exploración. No hay ni siquiera un financiamiento ni un proyecto en marcha, no afecta tanto esta cláusula de confidencialidad», aseguró.
No obstante, señaló que si el proyecto avanza hacia etapas como la contratación de empresas, la adquisición de deuda o la firma de convenios de financiamiento, esa información deberá mantenerse pública. «Cuando exista una deuda o firmas de contratos con proveedores, esto tiene que garantizar la publicidad y la transparencia. De momento, estamos en un ámbito diplomático», indicó.
Vigencia de cinco años
El convenio entró en vigor el 9 de julio de 2026, fecha en la que firmaron los representantes de ambos gobiernos. Permanecerá vigente durante cinco años. Al finalizar ese período, las partes podrán acordar una prórroga o dar por concluido el instrumento de cooperación.
El acuerdo también establece que cualquiera de los dos gobiernos podrá dar por terminado el convenio mediante una notificación escrita con al menos 60 días de anticipación. En caso de que esto ocurra, la finalización no afectará los proyectos o actividades que ya se encuentren en ejecución, salvo que ambas partes acuerden lo contrario.
Para Peláez, el plazo de cinco años implica que el acuerdo abarca parte de la administración del presidente Bernardo Arévalo y también una parte del siguiente período presidencial.
«Estos cinco años abarcan una parte de la actual administración y unos dos o tres años de la siguiente administración. Esa continuidad también dependerá de las nuevas autoridades», explicó.
En la misma línea, Cux indicó que la continuidad del proyecto dependerá de las decisiones que adopten las futuras administraciones. «Aunque pueda existir un compromiso de la actual administración, pueden haber intereses privados que se quieran involucrar. Blindar este tipo de negociaciones es difícil. Por ende, este convenio no garantiza la continuidad, pese a ser un proyecto de largo plazo», comentó.
