El dinero administrado por las alcaldías no sale de los árboles sino de los bolsillos de los vecinos y para invertirse bien debe planificarse su destino.
Por Carmen Valle
Jorge Lavarreda es ingeniero mecánico industrial, experto en Macroeconomía aplicada y tiene una maestría en economía con especialización en Evaluación Socioeconómica de Proyectos. Forma parte del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales y sus campos de acción son políticas de presupuesto y gasto público, políticas anticorrupción y de transparencia, y políticas sociales.
Los últimos meses de cada año son donde aumentan las discusiones sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio siguiente. En 2022, este se aprobó el 9 de noviembre. En 20 minutos, Jorge Lavarreda explica cómo le afecta esto a las municipalidades y los mecanismos disponibles para que los vecinos evalúen la ejecución de esos recursos.
¿Qué relación tiene el presupuesto general del Estado con los presupuestos municipales?
–Van de la mano porque cuando se genera este proyecto aparece cuánto se transferirá a las alcaldías y esa es información clave, porque las comunas dependen mucho de esas transferencias del Gobierno central. Los ingresos propios en general son relativamente limitados y representan alrededor de un tercio de los fondos totales de estas instituciones, entonces lo negociado en el presupuesto general es la parte más importante y determina cuánto dinero llegará a los municipios.
A los vecinos debería importarles porque todos esos presupuestos dependen de nuestros impuestos. Los fondos, a su vez, deberían utilizarse para mejorar las condiciones de vida de la población entonces se debe estar pendiente de cómo se proyecta utilizarlos y cuánto le darán a nuestra ciudad para administrar.
Una municipalidad tiene varios ingresos, ¿qué pasa con el dinero no utilizado proveniente de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede)?
–Según la ley, cuando no se ejecutan esos recursos deben retornar a lo que es una cuenta única del Tesoro en el Banco de Guatemala. Esa es la norma general pero pueden haber excepciones por modificaciones trabajadas cada año.
Un ejemplo es el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 porque incluye un artículo donde se autoriza a los Consejos Departamentales ejecutar el próximo año los saldos no ejecutados del aporte extraordinario recibidos en 2022.
¿Esa cuenta es el fondo común?
–Para los Codede sí, porque es una específica para sus fondos, pero no es lo mismo que el fondo común real. Esta es otra cuenta del gobierno en el Banco de Guatemala, pero donde se depositan todos los recursos provenientes de la recaudación tributaria y donde se realizan generalmente pagos sin restricciones de destinos específicos.
Esa es su principal diferencia: el dinero de los Codede regresa a su apartado y es solo para eso, mientras el fondo común si permite financiar cualquier proyecto.
¿Y qué pasa con el dinero no utilizado proveniente del situado constitucional? ¿Se puede “ahorrar” para el siguiente año?
–En ese caso es distinto, porque los fondos se quedan en depósitos que tienen las municipalidades, generalmente en los bancos del sistema nacional, entonces no lo pierden sino lo mantienen como un saldo de caja.
No es un ahorro porque el situado constitucional sí debería utilizarse para ciertos usos: una parte pequeña es para funcionamiento y el grueso es para inversión. Entonces, guardarlo no significa ahorrar, porque no haber ejecutado significa obras y servicios no recibidos por los vecinos.
Al final no utilizar el dinero donde se debe es una señal de ineficiencia sobre todo en la planificación.
A mes y medio de terminar el año, la ejecución presupuestaria municipal llega al 59%, ¿cuál es el indicador que se debería de utilizar para medir si esta ha sido eficiente?
–Eficiencia significa hacer lo máximo posible con los recursos disponibles y esa capacidad es el indicador más importante para evaluar el estado de la ejecución. Por ejemplo, la idea es transformar el dinero en insumos y estos a su vez en productos y servicios para los ciudadanos, entonces si yo programé que haría tres obras para mejorar la salud de 200 personas y con ese 59% ya lo logré, entonces sí tuve una buena gestión porque con menos recursos logré mi cometido.
La manera de ver eficiencia no es un porcentaje de gasto, sino comparar los insumos producidos con el dinero disponible y ver si siguió la programación adecuada.
Hemos visto que hay municipalidades que no empiezan a ejecutar hasta el segundo semestre del año. ¿Desde cuándo deberían planificar las municipalidades sus proyectos para no retrasar el uso de los fondos?
–Todo se origina en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), porque allí se encuentran todos los requisitos de preinversión que debería cumplir una institución para no correr con la ejecución de un proyecto. Entonces las alcaldías deberían planificar para cumplir con esos requerimientos a tiempo porque si no, llega el momento de hacer el proyecto y resulta que el terreno no está a su nombre o falta un documento, y eso retrasa poder empezar a destinar los fondos.
También las comunas deberían tener un ranking de proyectos de mayor rentabilidad social para priorizarlos en los ejercicios fiscales y empezar a cumplir con los documentos de estos lo más pronto posible para no tener estos problemas en los últimos meses de cada año.
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