De madrugada, el Ministerio Público allanó inmuebles en busca de capturar a 27 personas, entre ellas la excandidata. Se acusa a unos de dañar el patrimonio nacional y a otros de usarlo como plataforma política.
Por Carmen Valle
El 16 de noviembre de 2023 el Ministerio Público (MP) cateó 31 inmuebles en busca de 27 personas vinculadas al caso “Toma de la Usac: botín político”, como lo nombró la institución. Entre las personas contra las cuales se giraron las órdenes de captura se encuentran la excandidata a diputada, Marcela Blanco, sino también un exprocurador de derechos humanos, profesores, periodistas, estudiantes, integrantes del partido Movimiento Semilla, entre otros.
El caso fue presentado por la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación. Según esta, los señalados participaron o apoyaron de alguna manera (incluidas publicaciones en redes sociales) la toma de la Universidad de San Carlos (Usac). Esas acciones, asegura, causaron daños a la entidad, lo cual atenta contra el patrimonio de Guatemala.
La toma a la cual se refiere la fiscalía se dio entre abril de 2022 y junio de 2023 como protesta ante la elección de Walter Mazariegos como rector universitario tras lo que los estudiantes catalogaron como fraude. A decir del MP, en cambio, esto se dio como respuesta por no haber resultado electo el exprocurador de derechos humanos, Jordán Rodas.
Cuatro meses después de la entrega de la Usac por parte de los manifestantes, el MP giró las órdenes de captura. Los delitos por los cuales señala a los 27 vinculados al caso son usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales, sedición en forma continuada y asociación ilícita.
Según el fiscal de sección, Ángel Saúl Sánchez, se investiga a estas personas porque interactuaron en redes sociales en favor de la toma de la universidad o estuvieron físicamente alrededor de eventos que apoyaron estas manifestaciones, como la quema de un vehículo dentro del campus. Su hipótesis es que estos vinculados utilizaron la toma de la casa de estudios como una forma de apuntalar las candidaturas políticas durante las elecciones generales de 2023.
Entre las pruebas presentadas por el MP se encuentra un video del día de la quema del vehículo donde aparece la vicepresidenta electa, Karin Herrera, en las instalaciones de la Usac, mientras el diputado, Aldo Dávila, habla en favor de las manifestaciones estudiantiles. Ninguno de los dos aparece en el video como autor de la quema del vehículo.
Hay más en la mira
Sánchez indicó que la toma de la universidad se utilizó presuntamente para impulsar las candidaturas a elección popular de Karin Herrera y Bernardo Arévalo, el binomio presidencial electo para la siguiente administración, además de aspirantes a diputaciones. A estas personas se les señala por depredación de bienes culturales en forma continuada, asociación ilícita y tráfico de influencias.
Por estas razones, indicó, se solicitará el retiro de inmunidad al binomio presidencial electo, a Román Castellanos, Samuel Pérez y Raúl Barrera (diputados de Semilla), Aldo Dávila (diputado del partido VOS), Carlos Barreda (diputado actual de la UNE y electo de VOS) y Adán Pérez (diputado de Winaq).
A Arévalo y Herrera se les señala por publicaciones en redes sociales relacionadas con la toma de la Usac, aunque a la segunda también se le implica por el video donde aparece de pie en las instalaciones universitarias. A Samuel Pérez y Román Castellanos, por decir en el Congreso que condenaban la violencia contra los estudiantes; a Adán Pérez, por hablar en el Congreso sobre un estudiante de esa universidad y a Raúl Barrera por aparecer en un video en la universidad el día que se liberó.
La fiscalía lo justifica con que los daños presuntamente costaron más de Q90 millones, afectaron a 250 mil estudiantes y, dice, se destruyeron 4 mil títulos.
Los delitos
- Usurpación agravada en forma continuada: el tercer capítulo del Código Penal establece que usurpa quien pretenda despojar a otro de un inmueble con el fin de apoderarse de forma ilícita. Es un delito agravado si se lleva a cabo por más de cinco personas, ocurra por más de tres días, cuando se vede el acceso al lugar o se le cause daño, y cuando se haga de forma violenta. Se castiga con seis meses a dos años de prisión.
- Depredación de bienes culturales: la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación lo define como destruir, alterar o deteriorar bienes del patrimonio cultural de la Nación. Se sanciona con cárcel de seis a nueve años, más una multa por el doble del valor del bien afectado.
- Sedición en forma continuada: el artículo 387 del Código Penal lo define como aquellos que con pleno conocimiento del Gobierno, se alzan con violencia para impedir la ejecución de leyes, apartar de su cargo a funcionarios, ejercer actos de odio, coaccionar o atacar centros penales. Se castiga con prisión de dos a seis años.
- Asociación ilícita: según el artículo 4 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, se refiere a participar o integrar asociaciones donde se busque cometer un delito o se promueva cometerlo, así como las agrupaciones ilegales de gente armada. Se sanciona con seis a ocho años de cárcel.
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Por Mirja Valdés
Mirja Valdés
Quetzalteca que estudió Técnico en Periodismo y Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Carlos. Reportera y editora en varios medios. Me gusta lo que hago. También los gatos 🐈.