La iniciativa de reformar la Ley de Contrataciones reduce plazos y aumenta techos de montos para las compras. Esto no garantiza eficiencia y tampoco tiene garantías de transparencia, alertan entrevistados.
Por Isaias Morales
El Congreso se apresta a discutir una nueva reforma a la Ley de Contrataciones (decreto 57-92). La iniciativa 5703, disponible en la página del Congreso, cuenta con el dictamen de las comisiones de Finanzas y Asuntos Municipales. Esta se centra en aumentar los montos de los techos de compras y reducir los plazos, pero omite otros aspectos para mejorar la manera de adquirir insumos y servicios en distintas entidades públicas.
La queja dada por los alcaldes en los últimos años es que la normativa actual no les permite ejecutar y por ello la actual administración de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) impulsó una propuesta. Antes de ser electo, Miguel Ovalle, prometió estos cambios que se discutieron en la sala legislativa que trata temas municipales. Esta propuesta es apoyada por el presidente Alejandro Giammattei en una reunión realizada el jueves 6 de agosto con un grupo de jefes ediles, donde pidió a los diputados aprobarla de urgencia nacional.
Entre los principales cambios figura que las licitaciones se dividirán en dos categorías: 1) Superior a Q2 millones, denominada de baja cuantía, para adjudicar en al menos 35 días
2) Mayores a Q10 millones en 55 días.
Hoy estas adquisiciones de mayor monto son de Q900 mil en adelante y se adjudican en un estimado de 60 días, según la ley.
Si la reforma se aprueba reducirá los plazos que disponen las juntas calificadoras para recibir ofertas y resolver las inconformidades. Esto quiere decir que otro estadio de Q7.4 millones como el de Cuilapa Santa Rosa, podría licitarse en cuatro semanas y no en las ocho que se demoró.
Del 1 de enero al 23 de julio de este año las municipalidades licitaron 65 concursos mayores a Q2 millones, según el portal de Datos Abiertos del Ministerio de Finanzas, la mayoría se adjudicaron en al menos dos meses.
Otras modalidades que cambiarían su techo de montos son la cotización por Q1 millón 99 mil, la compra directa en Q199 mil 999, y la compra de baja cuantía que no necesitaría concurso por menos Q100 mil.
Esta tabla explica los principales cambios:
Aunque la propuesta busca agilizar el gasto, deja otros aspectos puntuales para que las compras sean eficientes. Samuel Pérez, diputado de Semilla e integrante de la Comisión de Finanzas, votó en contra de darle el aval a esta propuesta pues considera que no hay mayores garantías para evitar cualquier anomalía en las contrataciones.
A su criterio la legislación debe cambiarse para mejorar servicio civil, la capacidad del personal que califican los proceso y así tener procedimientos administrativos mucho más ágiles. “Si su objetivo era hacerlo más eficiente (el proceso) no lo hubieran centrado en el tema de los montos”, cuestiona.
El legislador propone que las modalidades de compras existentes deben cambiarse. Con este punto coincide Irene Flores, investigadora asociada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
“Las modalidades están basadas en montos, cuando no debería ser así sino en qué tipo de insumos se adquieren asociados a criterios de calidad, tiempos de entrega, capacidad de ejecución y cuando se contratan servicios (técnicos y profesionales)”, argumenta la analista.
Otro aspecto que Flores considera debe cambiarse en la ley son n los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. A su juicio, esta falta de control causa que las instituciones paguen el precio de un producto o servicio, sin que sea su valor real, y no siempre compran lo que necesitan.
Para esta nota se buscó al presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, José Quezada, de Prosperidad Ciudadana y al de la Finanzas, Duay Martínez, de Vamos, pero ninguno respondió las llamadas.
Los señalamientos a los alcaldes hacia la manera en que gastan los recursos públicos continúan, aun en tiempos de pandemia. La Contraloría emprendió 52 auditorías contra municipalidades en los últimos tres meses por denuncias de compras anómalas, según un informe de la Dirección de Auditoría a Denuncias que Ojoconmipisto obtuvo a través de una solicitud de información. El resultado de estos procesos aun no culmina y por ello no se puede revelar mayores detalles, informó el ente fiscalizador.
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