Con las disposiciones que entraron en vigencia el 27 de julio, el Ejecutivo delegó a las municipalidades y Ministerio de Salud autorizar la reanudación del transporte público.
Por José Pablo del Águila
La disposición del Ejecutivo de reanudar la actividad económica delegó a los gobiernos locales la decisión de autorizar la circulación del transporte público dentro de la circunscripción municipal con niveles de carga del 50 por ciento, si su alerta es roja y naranja, o del 75 si es amarilla.
El primer reclamo provino de los transportistas, quienes argumentaron que deben duplicar el valor del pasaje por la disminución en la demanda. El segundo acto consistió en la inconformidad de los usuarios que no pueden sobrellevar un aumento en el pasaje.
Las últimas dos semanas, las municipalidades han lidiado con esta tensión. Jorge Orellana, alcalde de Guastatoya, El Progreso, contó que como concejo no pueden autorizar un incremento a la tarifa porque esto sería “darle la espalda al pueblo”. Tampoco pueden forzar a los pilotos de tuc tuc a que cobren menos porque están conscientes de los costos operativos. De tal cuenta, su rol ha sido establecer diálogos con los actores.
Solo en ciudad de Guatemala los transportistas reciben un subsidio del Gobierno central, reclamó el alcalde de Guastatoya.
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Mientras que en Chimaltenango, el jefe edil, Carlos Simaj, dijo que el concejo ya autorizó un alza de Q2 a Q4 para microbuses que circulan en el municipio. Justificó su decisión ya que los últimos cuatro meses algunas personas pagaban Q10 a mototaxis o caminaban hasta cinco kilómetros. Por ello solo falta que los transportistas cuenten con los insumos sanitarios para empezar a operar.
Por su parte, Gustavo Cano, alcalde de Huehuetenango, contó que es inoportuno reanudar el transporte público porque en las últimas tres semanas han tenido un incremento de alrededor de 220 casos. “La reactivación en este momento es contraproducente”, dijo. Además, no es conveniente autorizar un alza en el pasaje porque después volver al precio anterior será complicado.
Mientras que en Jutiapa, el jefe edil, Luis Gabriel Rosales, comentó que no están de acuerdo con incrementar el precio, pero están conscientes que las personas pagan a picops y carros particulares hasta tres veces la tarifa inicial. Como concejo aún no deciden si autorizan o no elevar el pasaje.
Una solución
Esta crisis puede ser una oportunidad para que las comunas impulsen sistemas de transporte alternativo, como la bicicleta que es segura desde la perspectiva sanitaria y sustentable con el medio ambiente, opina Alejandro García, representante del proyecto #LaNuevaMovilidad, un grupo de ciudadanos y académicos especializados en movilidad y sostenibilidad urbana.
Una ventaja, comentó García, es que en algunos departamentos el desarrollo económico no ha privilegiado el uso del vehículo como sí ha sucedido en la Ciudad de Guatemala donde la dinámica de movilidad “ya está contaminada”.
“En los municipios los desplazamientos son por excelencia más cercanos, la experiencia es más humana. Normalmente el comercio está más cerca como el lugar donde vive o trabaja”, explicó.
Estas condiciones son propicias para que las corporaciones municipales estimulen el uso de la bicicleta con ciclovías emergentes, señalizadas con conos y con la coordinación de la Policía Municipal de Tránsito (PMT). También podrían destinar ciertas calles, como las del mercado para ello.
El reto para las corporaciones ediles es comprender que el desarrollo humano no se asocia a tener un vehículo grande, sino en la calidad de vida de las personas, dijo. “Hay enfermedades asociadas al sedentarismo que implica desplazarse en carro, sin hacer actividad física”.
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