La información sobre quiénes están detrás de las empresas (propietario y accionistas) que le venden al Estado vuelve a ser pública tras resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Por Jimena Porres
La Corte de Constitucionalidad (CC) sentenció a favor de restituir el Acuerdo sobre Proveedores Transparentes. El acuerdo quedó suspendido en 2024 luego de una inconstitucionalidad promovida por el abogado Raúl Enrique Ramírez Ceballos.
El denunciante alegó en contra del artículo 9 del Acuerdo. Establecía que los usuarios del Sistema de Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), estaban obligados a incluir información sobre accionistas y personas que posean control o decisión sobre entidades proveedoras del Estado.
Se consultó a Ramírez Ceballos acerca de la resolución. “En mi opinión esto es inconstitucional”, se limitó a decir.
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Julio Flores, director ejecutivo de la Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC), contó que al momento de la suspensión, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), comparecen en el proceso y argumentan la necesidad de la norma. Además, distintas organizaciones de sociedad civil también apoyaron este proceso.
En abril de 2026, la CC llegó a la conclusión de que esta disposición no impide el ejercicio del comercio ni de la industria. En cambio, establece una medida legítima para asegurar la transparencia, competencia legal y utilización correcta de los fondos públicos.
Más información para los vecinos
Flores también comentó que este reglamento provee a los vecinos de datos para conocer mejor a los abastecedores del Estado. “Así sabemos que no es una empresa la que recibe el dinero en última instancia, sino que son personas físicas y esas personas podemos empezarlas a conocer”.
Para él, que el vecino sepa a dónde llega el dinero permite identificar y prevenir posibles conflictos de interés. “Además que es nuestro mayor afán que el dinero público llegue a las personas correctas para hacer la inversión que necesita nuestro país”.
El proceso para conocer a estas personas está en primera fase. Esta tiene un alcance de recopilar información y de que el RGAE emita disposiciones operativas en los próximos días, para empezar con los análisis. “Puntualmente, una primera fase es recibir la información y organización y sistematización de parte del Ministerio de Finanzas Públicas”, finalizó Flores.
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