El proyecto de la Calle Modelo de San Raymundo aumentó su costo en 39.77 %. Pese a la prórroga hasta marzo de 2026, aún hay materiales en la vía pública.
Por Natalie Samayoa
Hay una calle en construcción de San Raymundo, Guatemala, que tiene a sus vecinos con la cejas arqueadas por dos razones: el costo y su diseño. De acuerdo con las redes sociales de la municipalidad, el proyecto se financió con fondos propios. Comenzó enQ3 millones 922 mil 282 y a la fecha va en Q5 millones 482 mil 282. Lo segundo es que quedó angosta para el paso de autos (NOG: 25742477).
La obra busca contribuir al desarrollo del municipio y mejorar la circulación peatonal y vehicular. Pero vecinos cuestionan el uso de los recursos y afirman que el proyecto no ha generado beneficios.
Más bonito, pero no es funcional
El 16 de junio de 2025 inició la ejecución del proyecto. Según la página oficial de la municipalidad de San Raymundo, contemplaba pavimentación, áreas verdes y obras de encaminamiento.
El Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial 2020-2032 ya advertía la necesidad de implementar un plan de movilidad ante el crecimiento poblacional y lo angosto de las calles. También señalaba el mal estado de la infraestructura vial como un factor que limita el desarrollo.
Entre los principales cambios de la “Calle Modelo”, destaca la reducción de dos carriles a uno, lo que congestiona la vía. Aunque el proyecto buscaba mejorar la movilidad, residentes señalan deficiencias en los espacios de parqueo, ya que no existen áreas adecuadas para detenerse sin afectar la circulación. Precisamente, los comerciantes del lugar sienten que les afectó el rediseño.
Aunque ampliaron las banquetas, residentes indican que no resultan funcionales para personas con alguna discapacidad. Durante la construcción, vecinos reportaron afectaciones por el polvo, falta de agua, lodo, ruido constante y dificultades para transitar. También tuvo efectos económicos con cierres temporales de negocios.
El alcalde de San Raymundo, Florentín Queche Sarceño, llegó al cargo con el Comité Cívico Desarrollo Sanraymundense y cursa su primer período. Para esta nota se solicitó una entrevista con autoridades municipales; aunque inicialmente fue aceptada, al cierre de esta publicación no se concretó.
Cambios en el contrato
La proveedora y única oferente en el proceso de adjudicación fue Cristy Marisabel Ruano Aroche, propietaria de la empresa Construservicios P&R. De acuerdo con registros de Guatecompras, la contratista acumula más de Q99 millones en adjudicaciones con el Estado desde 2016.
A dos meses de iniciar la construcción, se solicitó una ampliación presupuestaria para realizar trabajos adicionales no contemplados en el contrato original. Incluye trazo nivelación de tubería de agua pluvial, excavación, instalación de tuberías, construcción de seis pozos, entre otros.
Estos trabajos representaron un incremento de Q1 millón 560 mil sobre el monto inicial.
La justificación señala que eran necesarios para mejorar el sistema de evacuación de aguas pluviales. Las bases de licitación establecen el plazo de construcción para ocho meses. Sin embargo, la obra no fue concluida en ese periodo. Como consecuencia, presentaron prórrogas que ampliaron el plazo de ejecución hasta marzo de 2026.
El documento del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indica que la licencia ambiental debe mantenerse vigente y actualizarse si hay cambios. Pero no hay evidencia de actualizaciones y tras vencer el contrato a mediados de febrero, el proyecto quedó más de un mes sin licencia.
El analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Carlos Gossmann, advierte sobre los riesgos de modificar contratos en ejecución. “Entendemos que existen procesos de inflación en el mercado, pero eso no justifica ajustes tan drásticos en la valoración de un proyecto. Aquí hay un problema de transparencia”, señala.
Con problemas de agua, pero calle nueva
Para el 22 de enero de 2026 se contemplaba un avance físico del 82.2%. Sin embargo, finalizó su última prórroga y aún no se inaugura.
Residentes consultados creen que los más de Q5.4 millones pudieron destinarse a mejorar el servicio de agua que aún les llega con tierra, olor a óxido y lodo. O fortalecer la atención médica y la infraestructura educativa.
“La insatisfacción de ver una obra que no cumple ni con la expectativa del vecino ni tampoco con los objetivos que se plantean dentro del propio proyecto”, concluye Gossmann.
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