Reglamento de desechos sólidos solo funcionará con participación ciudadana

13 septiembre 2021

Según ambientalistas solo habrá avances si la normativa se cumple desde casa. Si no, se quedará rezagado, como sucede con el acuerdo sobre el tratamiento de aguas residuales.

 Planta de tratamiento de desechos sólidos en Retalhuleu. Foto: ministerio de Ambiente

Por Carmen Maldonado Valle

Han pasado 15 años y cuatro meses desde la aprobación del acuerdo gubernativo 236-2006, donde se regulan las descargas y el procesamiento de aguas residuales, el cual contemplaba estar vigente en 2011 a más tardar. Pero no se cumple en todo el país.

Este año se aprobó el acuerdo 164-2021. Para no repetir lo anterior, dos ambientalistas insisten en la responsabilidad de la ciudadanía en el manejo sustentable de los residuos, y la obligación de auditar a sus municipalidades para garantizar el cumplimiento del nuevo reglamento.

“La normativa de aguas residuales aún no se toma en serio en todos lados porque siempre hay una prórroga. Las alcaldías piden más tiempo para ejecutarlo, pasan los años, pasa su administración y cuando viene la nueva autoridad se repite el proceso”, sostiene Magaly Arrecis, bióloga y analista ambiental del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac).

Ella ve con optimismo el nuevo documento. Este año, por ejemplo, visitó San Pedro la Laguna, donde vio cómo se implementó una norma municipal donde se exige a los ciudadanos a separar sus desechos entre orgánicos e inorgánicos.

“Estas prácticas evidencian cómo sí se puede y aunque al principio cueste, poco a poco se vuelven parte de la vida en casa. Esa es una parte, pero también influye mucho la auditoría social”, sostiene. “Si la gente no fiscaliza cómo sus autoridades cumplen las reglas y administran el dinero en ello, primero se irán los fondos y no se lograrán plantas de tratamiento u otras iniciativas para reducir la contaminación”, añade.

En Centroamérica, Guatemala es el mayor productor de desperdicios sólidos, con 3 millones 285 mil 716 toneladas generadas por año. Quienes le siguen son El Salvador, con 2 millones 23 mil toneladas, y Honduras con 1 millón 726 mil 581, según el Waste Atlas, mapa interactivo de gestión residual por países, elaborado por la Universidad de Leeds, Inglaterra.

“El inicio está en dejar de llamarlo ‘basura’ porque con ello se le resta importancia. Son desechos sólidos y deben procesarse, no solo para evitar implicaciones ambientales, sino para aprovecharlos en la economía”, dice Priscila Juárez, bióloga y catedrática de diseño e innovación para el desarrollo.

Para Juárez, es importante concientizar a la población sobre cómo la reutilización de latas, papel, vidrio, entre otros materiales puede generar empleos y mejorar las finanzas de muchas familias. Incluso, dice, el nuevo reglamento plantea la incineración de los residuos, cuyos gases pueden aprovecharse para generar electricidad si se usan los filtros adecuados en el proceso.

Además, afirma la bióloga, es una oportunidad para dignificar el trabajo de los recolectores, porque el reglamento obliga a rediseñar los camiones para separar los desperdicios. “Eso ayuda al ambiente porque no se filtran líquidos contaminantes, pero también facilita la organización de los materiales para su disposición final. Solo valdrá la pena si las personas comienzan a separar los desechos desde casa”, agrega.

Para lograr estos propósitos, el acuerdo gubernativo menciona a las municipalidades como responsables de la gestión por ciudad. Sin embargo, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Marvin De León, lo ve como una actividad costosa: “Es posible, pero los alcaldes ahora no tienen recursos para plantas de tratamiento de agua. Con las de residuos sólidos, se requeriría aumentar el precio de la recolección, pero hay lugares donde la gente se opone a pagar más por cualquier servicio”.

A decir de De León, la Anam solicitó más fondos al Congreso de la República para elaborar estas plantas y se espera respuesta. También se trabajarán propuestas para financiar estos proyectos a través de las mancomunidades, con el fin de reducir los costos para cada ciudad. Aun así, estas gestiones, como él explica, se verán “más claras” en octubre.

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