El Minfin propone una nueva Ley de Contrataciones Públicas para modernizar las compras del Estado. Sin embargo, el verdadero desafío no está en el texto, sino en hacerlo cumplir.

Por German Carranza
El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) presentó una nueva propuesta de Ley de Contrataciones Públicas. Con ella busca “modernizar el sistema de adquisiciones, hacer más eficiente el gasto y cerrar espacios a la discrecionalidad”.
La iniciativa pretende sustituir al Decreto 57-92, Ley de Contrataciones del Estado, una normativa con 33 años de vigencia y 15 reformas que, según el ministerio, ya no responde a las necesidades del país.
La propuesta está a cargo de la Dirección General de Adquisiciones del Estado (DGAE), con apoyo del Departamento de Comercio de Estados Unidos y la Red Interamericana de Compras de la Organización de los Estados Americanos.
También tomaron en cuenta opiniones del sector privado. AmCham, CACIF y Fundesa aportaron insumos para identificar barreras y oportunidades de mejora en su funcionamiento.
Un nuevo sistema
Se plantea la creación del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas. Sería la unidad responsable de seleccionar proveedores y establecer los convenios marco que darán origen a una tienda virtual y un catálogo electrónico dentro de Guatecompras.
Registrará las características, precios y condiciones de entrega de los bienes, suministros o servicios. Según el Minfin, esto permitirá que las entidades realicen compras de manera “directa, fácil, eficiente y transparente”.
Las adquisiciones se harán por medio de formularios electrónicos generados en Guatecompras y firmados digitalmente. Cada paso del proceso quedará registrado en el sistema, lo que permitirá conocer quiénes participaron, cuándo lo hicieron y bajo qué condiciones.
Modalidades y montos
La propuesta también eleva los montos para las distintas modalidades de compra.
Con la Ley de Contrataciones del Estado vigente, los topes son los siguientes:
- Baja cuantía: hasta Q25,000
- Compra directa: de Q25,000.01 a Q90,000
- Cotización: de Q90,000.01 a Q900,000
- Licitación: a partir de Q900,000.01
En la nueva Ley de Contrataciones Públicas, los límites aumentarían:
- Compra menor: hasta Q35,000.00
- Contratación simplificada: de Q35,000.01 a Q300,000
- Cotización: de Q300,000.01 a Q2,000,000
- Licitación: desde Q2,000,000.01 en adelante.
Las compras menores y contrataciones simplificadas solo podrán realizarse una vez por cuatrimestre, mientras que las cotizaciones y licitaciones estarán limitadas a una por ejercicio fiscal.
Resolución de conflictos en contrataciones
Se incluye la creación del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, que conocerá los recursos de apelación dentro de los procesos de adquisición.
El ministro de Finanzas Públicas estaría a cargo de nombrar a los miembros de cada sala del tribunal por un período de cinco años, luego de un concurso público de oposición. Los integrantes podrán ser reelectos por un período adicional.
Control ciudadano
Cualquier persona interesada podrá presentar una queja en Guatecompras cuando tenga conocimiento de actos contrarios a la ley, su reglamento o cualquier norma relacionada con las adquisiciones del Estado.

El Minfin anunció que la propuesta se presentará al Congreso de la República en diciembre, tras una fase de consultas ciudadanas que se extiende hasta el 24 de octubre de 2025.
El problema no es solo la ley, sino cómo se aplica
Ojoconmipisto consultó a Jorge Lavarreda, investigador asociado del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), quien señaló que el punto de partida para reformar una ley debe ser un diagnóstico claro de lo que hoy no funciona. “Es necesario saber qué se está proponiendo para corregir esos problemas”, explicó.
Lavarreda advirtió que no todo se resuelve con una nueva legislación, pues muchos de los desafíos en las adquisiciones públicas radican en la falta de cumplimiento de las normas existentes.
“Hay aspectos que están normados, pero no se cumplen. Si las reformas no vienen acompañadas de cambios institucionales, es poco probable que haya un cambio real”, añadió. El investigador recordó que en 2019 participó en la “Evaluación Sistema Nacional de Compras Públicas Guatemala”. En ese estudio se comparó la legislación con las prácticas. “Donde salíamos peor era en la práctica, no en la ley”, señaló.
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