Se quejan del ministerio de Desarrollo Social que no define las reglas sobre las cuales se deben elaborar los listados de beneficiarios.
Por José Pablo del Águila
El bono único de Q1,000 que el presidente Alejandro Giammattei anunció para trabajadores de la economía informal mantiene confundidos a los alcaldes del país y a vecinos que, en las últimas semanas, acudieron a las municipalidades con la esperanza de ser incluidos como beneficiarios.
El programa lo ejecutará el ministerio de Desarrollo Social (Mides). Hasta la fecha no se han hecho públicos los lineamientos bajo los cuales se tiene que elaborar los listados. El gobierno solo informó en cadena nacional que los alcaldes deben hacer los listados con base en los registros de la municipalidad.
Luego de varias semanas de anunciar el programa de apoyo, estas son las dudas que persisten entre los jefes ediles.
¿Qué es economía informal?
Las municipalidades no tienen registrados a todos los comerciantes informales porque muchos de ellos no tributan. La recomendación que dio el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Miguel Ovalle, fue que consideraran como beneficiarios a aquellas personas que dan un aporte económico a la comuna por la actividad que realizan.
Sin embargo, bajo esa lógica, muchos vendedores ambulantes quedarían excluidos. Por ejemplo, en Guastatoya, hay 2,079 personas que son vendedores ambulantes, zapateros, pilotos de tuc tuc y albañiles, entre otros, que no dan ningún tipo de tributo a la municipalidad, cuenta el jefe edil de ese municipio, Jorge Orellana.
“Si se toma en cuenta solo a los que dan un aporte económico, estas personas quedarían fuera del beneficio”, dice con preocupación el alcalde.
¿Dónde está el reglamento?
“Todo lo que se ha dicho ha sido por medio de cadenas televisiva y de radios a nivel nacional, pero que tengamos un lineamiento claro y oficial, no”, expresa Luis Herrera, alcalde de Totonicapán.
En el Diario Oficial no se ha publicado ningún acuerdo ni reglamento que dé vida al bono de la economía informal. De tal cuenta, si algún alcalde o vecino quisiera verificar cuáles son las reglas para ser incluido en la lista de beneficiarios, no lo podría hacer.
Una declaración jurada es una soga al cuello
El presidente exige a los alcaldes que certifiquen los listados que enviarán con una declaración jurada, pero si no tienen claras las reglas sobre cómo hacer el listado, es un riesgo, expresan los ediles.
“Yo lo único que sé es que el listado lo tenemos que hacer. Desconocemos como realizar la declaración jurada, si nosotros vamos a pagar al licenciado o la gente la va a pagar… no sé”, dice César Calderón, alcalde de Huitán, Quetzaltenango.
Sin claridad
Miguel Ovalle, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), reconoció que aún no tiene claridad sobre cómo se deben elaborar los listados, que no exista un reglamento publicado crea confusión.
“Como no hay nada en papel, si yo hablo con un funcionario del Mides me dice una cosa y, si hablo con otro, me dice otra”, dijo Ovalle.
Mides
Martín Leal, director del Fondo de Desarrollo Social (Fodes) del Mides, explicó que se creó un acuerdo interno (DS-19-2020) que regula el bono de la economía informal, aunque jurídicamente consideraron que no era necesario publicarlo. Se le cuestionó cuál fue el criterio, pero comentó que no lo tenía a la mano.
Al consultarle a Leal cuál es el significado de economía informal, dijo: “son las familias o personas afectadas por riesgo del COVID-19 que residan en áreas urbanas y rurales. Por ejemplo, vendedores ambulantes, vendedores de periódicos, ayudantes de transporte público exceptuando a transurbano”.
A criterio de Mario Estrada, experto en finanzas municipales, esta definición es errónea. Recordó que la economía informal la comprenden los trabajadores que no están sujetos a la legislación laboral nacional, es decir, todos los que no pagan impuestos, que no están protegidos por el seguro social ni registrados en el Ministerio de Trabajo ni municipalidades.
Estrada afirma que se debe crear un reglamento que aclare los lineamientos y se debe publicar en el Diario Oficial.
“El uso de los fondos y reglamentos son de observancia general porque afectan a todo el conglomerado de economía informal y la gente tiene que saber si aplica o no (como beneficiarios)”, indicó el entrevistado.
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