La Contraloría obligó a la municipalidad a reintegrar Q137,500, pero no denunciará a la alcaldía ni a las constructoras por este caso.
Por Isaias Morales
La municipalidad de Lanquín (Alta Verapaz), a cargo de Lilian Irlanda Pop Coy –electa por Líder–, contrató seis estudios para mejorar los caminos rurales de las comunidades de Seputix y Candelaria Chitacá, y de la colonia San Agustín. En total desembolsó Q242,500, pero tres no se realizaron, por que debió reintegrar Q137,500.
La alcaldesa reintegró el equivalente a estos gastos el 17 de octubre de 2017, ya que el ente fiscalizador comprobó que las constructoras cobraron por servicios no realizados. Esto, gracias a la denuncia presentada por vecinos en contra de Pop Coy ante el Ministerio Público, el 27 de julio de 2017. El caso sigue en investigación.
Yury Lemus, vecino de la localidad, seis representantes de la sociedad civil y miembros de los Cocodes accionaron penalmente contra la corporación municipal para aclarar el tema.
Una semana después la entidad auditora reparó en estos señalamientos y tres meses más tarde, la alcaldesa reintegró el pago, según los tres recibos proporcionados por la Dirección Financiera Municipal en mayo 2018.
Duplicidad de pago
Los pobladores señalaron el año pasado, con copia de facturas y cheques en mano, que la alcaldía habría duplicado el pago de contratos de estudios técnicos. La Contraloría intervino y determinó anomalías en dos contrataciones.
Para el camino rural del caserío Chitacá, la municipalidad pagó Q24,500 a la constructora JMG y Q89,500 a Edifica Portillo García, para un total de Q114,000. Sin embargo, no realizaron los estudios.
Mientras que para el camino vecinal de la colonia Seputix, la alcaldía desembolsó Q23,500 a constructora JMG (inhabilitada durante un mes el año pasado que tampoco hizo el trabajo) y Q38 mil a Innova.
Es decir, la constructora JMG –las iniciales del propietario (José Molina Gómez) participó en dos concursos, cobró en ambos y no prestó servicio alguno. Esta empresa ha facturado desde 2008 un total de Q84.4 millones a municipalidades de Alta Verapaz, Huehuetenango, Guatemala, Sololá y Quiché. La alcaldía de Lanquín comenzó a contratarla en 2016, cuando asumió Pop. En Guatecompras figuran cinco compras.
En el contrato para la colonia San Agustín no se encontraron irregularidades. Se canceló Q24 mil a JMG y Q43 mil a Innova. Uno entregó el diseño del proyecto y el otro el estudio técnico. La comuna proporcionó copia de ambos documentos que prueban la realización de los mismos.
Alma Raquel Villeda, directora de Gobiernos Locales de la Contraloría, informó que no presentará denuncias contra la municipalidad y ni las empresas (JMG y Edifica Portillo) porque el dinero ya fue devuelto por la alcaldesa a la tesorería municipal.
“Nosotros no interpondremos ninguna otra acción legal. Como el dinero se recuperó, consideramos que no hubo robo. No hay delito que perseguir”, aseguró.
Luis Linares), analista en temas municipales de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), considera que el reintegro realizado no exime a la municipalidad y las constructoras de una persecución penal por posibilidad que hayan cometido un delito.
“Son dos temas distintos. Los vecinos pueden solicitar al MP que dé seguimiento a su denuncia. Con los antecedentes del caso y con el informe de los auditores de la Contraloría ahora tienen más evidencias para profundizar en la investigación y que aclare el caso”, expuso.
El Ministerio Público fue abordado para conocer qué acciones tomará a partir de los hallazgos de la Contraloría, sin embargo, su oficina de información y prensa no envió la respuesta solicitada.
La alcaldesa no quiso pronunciarse sobre el tema. Ojoconmipisto intentó abordarla durante un mes a su número telefónico, por correos y mensajes enviados. La única respuesta de la municipalidad se dio a través de su Unidad de Información Pública.
Otros señalamientos
Estos mismos pobladores accionaron penalmente en 2014 contra Francisco Pop Pop (UNE-Gana), anterior jefe edil, que gobernó durante cuatro períodos. Denunciaron ante el MP irregularidades en la ejecución de obras, contrataciones y manejo de finanzas municipales.
A consecuencia de esto la Contraloría le negó el finiquito y no pudo participar por otra reelección, en 2015. Más tarde, el Juzgado de Primera Instancia de Alta Verapaz lo ligó a proceso por el delito de coacción contra la libertad política tras agredir a un vecino.
Yury Lemus asegura que seguirán fiscalizando a la municipalidad, a pesar de que aún no ven resultados y apoyo en sus denuncias. “Comenzamos este trabajo como Cocodes, pero la tardanza en que nos respondieran desesperó a la gente y se retiraron poco a poco. Aun así queremos trabajar. Somos apolíticos y nos interesa únicamente el desarrollo del municipio”, finalizó.
Las oficinas de la comuna de Lanquín fueron allanadas el 13 de junio por fiscales del MP. La vocera Julia Barrera indicó a CRN Noticias que es un caso bajo reserva y por ello no se podían dar detalles de la diligencia realizada.
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