Aún no tienen el monto para resarcir a los propietarios de las 15 caballerías donde se encuentra el casco urbano. Mientras, no podrán planificar y menos realizar proyectos grandes de obra gris.
Por Eduardo Sam
Imagine que donde vive desde hace 40 años alguien toca a su puerta y le dice “usted construyó su casa en mi terreno”. Es justo la situación de 3 mil vecinos y de la municipalidad de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz.
El municipio se creó por acuerdo gubernativos hace 40 años en propiedad de la familia Petersen que reclamó y ganó en tribunales esas tierras y ahora negocia el precio que el Estado le pagará. Porque mientras no exista certeza jurídica sobre esa propiedad, la comuna no podrán realizar proyectos grandes para sus vecinos.
Autoridades ediles solicitaron la intervención de la Comisión Presidencial del Diálogo -CDP- para resolver cuánto pagarán por las 15 caballerías de espacio. El martes 29 de septiembres se realizó la primera de siete reuniones en la que participan los Petersen y el alcalde, Arnoldo Fontana Hércules.
Mientras esto no se resuelva no podrán realizar proyectos como la reconstrucción del parque central, un mercado de dos niveles y pavimentar varias calles, es decir nada de obra gris. Solamente pueden realizar trabajos como ampliar la red de agua entuba (solo tres de cada diez vecinos la reciben en casa según el Censo 2018) y alcantarillado.
Uno de los primeros vecinos del municipio fue el expresidente Fernando Romeo Lucas García. Siendo diputado promovió desde el congreso el ascenso a muncipio de Fray Bartolomé de las Casas, y desligarlo de Santa María Cahabón. Como presidente del país estuvo presente en la fundación del municipio el tres de mayo de 1980.
Este es el primer período de Arnoldo Federico Fontana Hércules al frente de la comuna, ganó con el partido Victoria. Relevó a la única alcaldesa que ha electo el municipio, Lilian Piedad García Contreras, que llegó con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Sin realizar proyectos
La municipalidad no puede ni perfilar y menos ejecutar proyectos, la Secretaria General de Planificación (Segeplan) le pide contar con certeza jurídica de las propiedades para cualquier proyecto. “No podemos ejecutar proyectos debido a la complicación para reunir la documentación requerida por Segeplan. A raíz de ese problema me reuní con la CPD y se logró la primera reunión junto al representante de los propietarios”, expresó Fontana Hércules.
Los anteriores alcaldes lograron realizar algunas obras como la construcción del edificio de la municipalidad, pues antes del 2013 solo exigían una declaración jurada.
Al llegar a un acuerdo entre el Estado y la familia Petersen, se conocerá qué institución tendrá a su cargo el traspaso de la tierra para la comuna y los 3 mil vecinos afectados. “El propósito es garantizar a corto plazo que puedan contar con certeza jurídica y sea el respaldo de las futuras generaciones de que construyeron su vivienda en un terreno legalizado y puedan decir dignamente es mía”, agregó.
En la primera reunión hicieron énfasis en la importancia de otras instituciones del Estado para resolver lo más pronto, como el Registro de Información Catatral (RIC), Fondo de Tierras, Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Procuraduría General de la Nación (PGN).
El Comisionado Presidencial de Diálogo, Andrés Rodolfo Silva, comentó que es importante lograr la certeza jurídica del municipio que no previeron que se instaló en propiedad privada.
El representante de los propietarios, Herman Petersen, al finalizar la primera reunión con la CPD, dijo en conferencia de prensa que en 1999 se resolvió que el Estado debe resarcirlos económicamente. “El municipio está asentado desde hace mucho tiempo, por lo que, recuperar la tierra no es la solución”, manifestó.
Sobre la cantidad del resarcimiento indicó que no puede dar un dato exacto porque realizan una serie de avalúos y tendrían que actualizarlo.
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